La CNDH exhorta al Gobernador del Estado de Guanajuato investigar los hechos de violencia registrados en la entidad

El día de ayer, 01 de julio de 2020, diversos medios de comunicación han informado sobre el asesinato de 24 personas y lesiones a 7 más, en un centro de atención de adicciones en el municipio de Irapuato, Guanajuato. Este hecho se suma al reportado el pasado 6 de junio, cuando se comunicó sobre el ataque al centro de atención de adicciones “Empezando nueva vida”, ubicado en el mismo municipio de Irapuato, en donde 10 personas fueron asesinadas por un grupo de personas armadas. Asimismo, se ha informado sobre el incendio de otro centro de adicciones, el 8 de febrero, y del secuestro de 23 personas, el 5 de diciembre del 2019, en otro centro de la misma entidad federativa.

Al respecto, cabe recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el casoGonzález y otras vs México (“Campo algodonero”), subrayó la necesidad del cumplimiento de la obligación de prevención por parte del Estado, con el fin de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos, así como también señaló el deber de debida diligencia, que alude al grado de esfuerzo que debe realizar un Estado para aplicar los derechos en la práctica y para proteger a las personas de los abusos cometidos por terceros. Precisó que la obligación del Estado de investigar debe cumplirse diligentemente para evitar la impunidad y que este tipo de hechos vuelvan a repetirse, pues la impunidad fomenta la repetición de las violaciones de derechos humanos.

De igual forma, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indicó, que no basta que los Estados se abstengan de violar los derechos, sino que es imperativa la adopción de medidas positivas y determinables, en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre^[1].

En este sentido, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, señala su preocupación por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas que residen en los centros de atención de adicciones y exhorta al Gobernador del Estado de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, para investigar de manera diligente los hechos registrados en la entidad y que estos no queden impunes,  así como para realizar acciones encaminadas a garantizar los derechos de las personas en situación de adicción, con el fin de fortalecer su protección y el pleno respeto a sus derechos humanos.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos expresa su compromiso por vigilar el respeto de los derechos de todas las personas y rechaza tolerar que los particulares o grupos de ellos, actúen libre o impunemente, en menoscabo de los derechos y libertades fundamentales de quienes habitamos el territorio nacional.