OPINIÓN | Inseguridad, muerte y violencia en aumento

Tristemente, el panorama para 2020 es más aumento en la violencia, en la inseguridad y, por consecuencia, en la muerte de personas.

De hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha reconocido que, pese a la emergencia sanitaria que ha propiciado el confinamiento social, la violencia no disminuye, por lo que incluso les ha pedido a las bandas del crimen organizado que “ya le bajen”.

Sin embargo, la inseguridad avanza y la violencia la acompaña. Pareciera que no hay forma de controlar esta situación. 

La delincuencia no se encuentra en aislamiento y aprovecha la oportunidad; tal es el caso de Guanajuato, que se ha convertido en territorio de guerra entre grupos de crimen organizado y las autoridades parecen no existir. La única autoridad son las armas.

Pero el panorama sobre que la seguridad no mejoraría y hasta empeoraría, se expresó antes del aislamiento social por la pandemia del COVID-19. En el primer reporte trimestral de 2020, publicado en marzo, de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) el 34.5 por ciento de la población de 18 años y más consideró que la delincuencia seguirá́ igual de mal en los próximos 12 meses, mientras que 32 por ciento consideró que empeorará. 

Ni las calles solitarias por la reducción de las actividades diarias de las personas por miedo a contagiarse de coronavirus han bastado ni bastarán para que la violencia disminuya o por lo menos de una tregua. Varios especialistas estiman que cualquier baja en materia de violencia y/o de la criminalidad sería sólo de forma temporal. 

Los gobiernos están ocupados en atender la emergencia sanitaria por el COVID-19 y la crisis económica, que no encuentran una solución, ni hay una estrategia, ni acciones claras que permitan que México salga del ranking de los principales países con mayor inseguridad y violencia. 

En abril pasado, se presentó el Índice de Paz en México 2020, el cual evalúa el año 2019. En él se reporta que entre “2006 y 2018 hubo 35 conflictos de cárteles, en los que intervinieron 42 organizaciones criminales o algunas de sus facciones.

«La gravedad de la situación se hace patente si se considera que el homicidio es ahora la principal causa de muerte entre las personas de 15 a 44 años, y la cuarta más frecuente entre niños de cinco a 14 años. A pesar de lo anterior, México presenta el menor nivel de gasto en seguridad interna y sistema judicial de los 33 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con 0.7% del PIB. De ahí que se le dificulte desarrollar capacidades suficientes en su sistema judicial para hacer frente a las necesidades del país.”

México sigue sin tener policías con más capacitación y no se ha mejorado el Sistema de Justicia Penal. Esto quiere decir que no bastó la inversión de 4 mil 881 millones de pesos que de 2008 a 2016 realizó la extinta Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC), que dependía de la Secretaría de Gobernación.

De eso dependía el diseño de las reformas legales, cambios organizacionales, construcción y operación de la infraestructura y capacitación para todos los operadores.

Del total de recursos, anualmente se destinó alrededor del 80 por ciento a subsidios a entidades federativas y municipios, con esta distribución: 41 por ciento para capacitación, 17 por ciento a difusión y transparencia, 15 por ciento a gestión y organización institucional, 11 por ciento al desarrollo de tecnologías de la información y el 16 por ciento restante a infraestructura, planeación, normatividad y seguimiento y evaluación.

Solamente para atender efectivamente la violencia, el reporte del Índice de Paz 2020 indica que México debería mejorar e incrementar su gasto en el Sistema de Justicia Penal. Es decir, invertir más y mejor, ya que México tiene en promedio 3.6 jueces y magistrados por cada 100 mil habitantes, esto es cuatro veces menos del promedio global, lo cual representa un déficit que limita la capacidad del Sistema para procesar los casos y el resultado es la impunidad.

Además, en este Reporte se examinan las acciones y situaciones que han dado como resultados el incremento de los niveles de violencia, y considera que la violencia en México se divide en cuatro categorías, cada una de las cuales requiere su propia respuesta de política pública: 

1. Violencia política 
2. Violencia oportunista, como la extorsión y el robo. 
3. Violencia interpersonal, como agresiones, delitos sexuales y violencia familiar. 
4. Conflictos de cárteles, que se caracterizan por implicar altos niveles de homicidio, delitos relacionados con drogas y conflictos armados entre grupos criminales.

Ante este panorama, la pregunta es: ¿Cuánto nos sigue costando la violencia y la inseguridad, a pesar de la gran inversión en las instituciones encargadas de la seguridad?

Este reporte señala que el impacto económico de la violencia se calculó en 4.57 billones de pesos (US$238 mil millones) en 2019, lo que equivale al 21.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Si bien el impacto económico total disminuyó 0.3 por ciento en comparación con el año anterior, ello se debió a que hubo reducciones en el gasto en seguridad interna y el sistema de justicia penal.

El impacto económico del homicidio, los crímenes de la delincuencia organizada, el gasto militar y el robo con violencia siguió aumentando. 

El impacto económico de la violencia en 2019 superó por 8 veces al gasto público en Salud y 6 veces al de Educación. El impacto económico per cápita de la violencia fue de 36 mil 129 pesos, lo que representa aproximadamente cinco veces el salario mensual promedio en México y se asegura que, si nuestro país redujera su tasa de homicidios en un 10 por ciento, el impacto económico del homicidio disminuiría en 219 mil millones de pesos.

Además, hubo una segunda inversión solamente para el Sistema de Justicia Penal: desde junio de 2016, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) fungió como principal responsable de la consolidación del Sistema a nivel federal y se destinaron 36 millones de pesos durante 2017 y 2018 de aportaciones federales y estatales para la consolidación del sistema a través de una estrategia con acciones centradas para el uso de los recursos materiales, financieros y humanos.

Se reportó la realización de cursos y talleres para la formación inicial para los operadores de las instituciones de seguridad pública, procuración de justicia y sistema penitenciario, así como cursos de actualización sobre justicia penal. Pero los resultados obtenidos nos indican que no fue suficiente. Esto no significa retroceder sino realizar los ajustes necesarios para avanzar y mejorar.

A todos los mexicanos nos preocupa la otra pandemia. La cual se centrará en el desempleo, mismo que se incrementará; la presión económica que provocará incremento de la delincuencia y seguiremos teniendo más robos, más muertes, por lo tanto, seremos un país más dividido y más violento.

Mercedes Escudero Carmona es originaria del Distrito Federal y reconocida como una de Los 300 Líderes más Influyentes de México en 2017, 2018 y 2019.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la FCPyS de la UNAM; con Maestría en Comunicación y especialización en comunicación política e institucional, por la Universidad Iberoamericana.

Actualmente, es Presidente de la organización CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design) Capítulo México de la Internacional CPTED Association (ICA), además de desempeñarse como Investigadora y Directora General del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana y Humana SC.