Misión Especial de la OEA en Guatemala llama a asegurar legalidad y transparencia en los procesos de elección

16 de enero del 2026.- La Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática en Guatemala toma nota de los hechos recientes vinculados a procesos de elección de segundo grado relacionados con la integración de Comisiones de Postulación y con las designaciones institucionales que inciden de manera directa en la independencia de los órganos del Estado, la integridad electoral, el Estado de derecho y la democracia.

En particular, la Misión toma nota de la realización de la segunda vuelta en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) para elegir a sus representantes ante la Comisión de Postulación para la elección de magistradas y magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), así como de la elección de los representantes del foro de rectores de universidades privadas y del grupo de decanos de dichas casas de estudio.

La Misión Especial de la OEA saluda la participación histórica del gremio de abogados y notarios en la reciente elección del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, destacando que el porcentaje de participación fue significativamente superior al registrado en el proceso anterior. Este incremento constituye una señal positiva de interés cívico y compromiso del gremio con los procesos de elección de segundo grado y con el fortalecimiento de la institucionalidad democrática.

Adicionalmente, la Misión toma nota de los cuestionamientos públicos y las acciones anunciadas o interpuestas en relación con la designación del representante del foro de rectores de universidades privadas, derivados de señalamientos sobre el ejercicio simultáneo de funciones rectorales y religiosas. En ese contexto, la Misión recuerda que el marco normativo aplicable establece los requisitos e impedimentos claros para integrar la Comisión de Postulación del Tribunal Supremo Electoral, entre ellos la prohibición expresa para que ministros de cualquier religión o culto formen parte de dicha Comisión. De igual forma, la Misión enfatiza la necesidad de que las instancias competentes verifiquen de manera pronta, objetiva, exhaustiva y con debida publicidad la concurrencia o no de dicho impedimento legal, a fin de otorgar certeza jurídica, prevenir controversias posteriores y salvaguardar la legitimidad, credibilidad y estabilidad del proceso de postulación y de sus resultados.

La Misión hace un llamado al Congreso de la República a juramentar e instalar sin dilación a los integrantes de la Comisión de Postulación del TSE y a garantizar que su funcionamiento responda a estándares de transparencia, acceso a la información y apertura a la observación. La instalación oportuna y el desarrollo ordenado del trabajo de la Comisión constituyen condiciones habilitantes para que esta cumpla su mandato de aprobar el perfil de aspirantes, verificar los antecedentes, evaluar los expedientes y conformar la nómina de candidatas y candidatos que será presentada al Congreso.

Asimismo, la Misión toma nota de la convocatoria efectuada por el Congreso para integrar la Comisión de Postulación para la elección de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), e insta a que su juramentación e instalación se realicen en el menor plazo posible. La Misión reafirma que los procesos de selección de altas autoridades deben regirse por criterios de mérito, idoneidad y honorabilidad, y desarrollarse con reglas claras, participación ciudadana y rendición de cuentas.

La Misión Especial de la OEA reitera su preocupación sobre la situación de gobernanza en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y en su máximo órgano de dirección, el Consejo Superior Universitario (CSU), cuyos procesos de renovación interna han enfrentado demoras significativas y la falta de convocatoria a elecciones de consejeros, pese a resoluciones judiciales que ordenan su realización. Esta situación ha generado que un número importante de integrantes del CSU ejerzan sus funciones más allá del plazo estatutario, afectando la plena operatividad del órgano que, por mandato legal, debe participar en la designación de las magistraturas titular y suplente ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para el período 2026–2031. La Misión toma nota de las advertencias emitidas por la Corte de Constitucionalidad respecto de posibles consecuencias legales por el incumplimiento de dichas obligaciones, y subraya que la regularización y renovación oportuna del CSU es esencial para garantizar la legitimidad, transparencia y legalidad del proceso de designación de magistrados ante la CC, en consonancia con los principios democráticos y constitucionales.

Finalmente, la Misión observa el inicio de etapas relevantes del proceso de renovación de la Corte de Constitucionalidad (CC), incluida la convocatoria realizada por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, para la designación de las magistraturas titular y suplente. En este contexto, la Misión toma nota de declaraciones públicas del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de que dicho órgano podría optar por una designación directa de su magistratura ante la CC, sin desarrollar un procedimiento previo de convocatoria y evaluación, señalando que la modalidad aún se encuentra en análisis. Sin prejuzgar sobre las competencias constitucionales de las instancias designantes, la Misión subraya que, dada la naturaleza y centralidad de la CC en el orden constitucional, cualquier modalidad de designación debe asegurar decisiones debidamente motivadas, transparentes y basadas en criterios objetivos de méritos e idoneidad, plenamente coherentes con los principios de legalidad, independencia judicial y control constitucional.

La Misión Especial de la OEA reitera su disposición a seguir observando los procesos de elección de segundo grado y así acompañar y brindar cooperación técnica en el marco de su mandato; y exhorta a todos los actores institucionales y sociales a evitar acciones que obstaculicen el normal desarrollo de los procesos y a conducir sus actuaciones con estricto respeto a la Constitución y al orden democrático.