Misión Especial de la OEA en Guatemala dialoga con la Comisión de Autoridades de Pueblos Indígenas

20 de febrero de 2026.- La Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática en Guatemala sostuvo un espacio de diálogo y análisis sobre el contexto nacional con la Comisión de Autoridades de Pueblos Indígenas, en el marco de los procesos de elecciones de segundo grado para elegir magistrados de la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral, Fiscal General y Contralor General de Cuentas, por su impacto decisivo en la justicia, la fiscalización, la autonomía institucional y la vigencia del Estado de derecho.

La Misión subraya que estas designaciones tienen un impacto estructural en el Estado de derecho y la convivencia democrática, por ello considera que los procesos de elecciones de segundo grado deben orientarse por estándares elevados de calidad institucional, transparencia y legitimidad social. En particular, considera esencial que estos procesos:

• Garanticen integridad y mérito, mediante reglas claras, objetivas y predecibles que permitan seleccionar a las personas más idóneas, con independencia, probidad y compromiso con el orden democrático y constitucional.

• Aseguren la participación efectiva y enfoque intercultural, incorporando mecanismos que permitan tomar en cuenta a los pueblos indígenas y otros sectores históricamente excluidos, con acceso a información comprensible y condiciones adecuadas para participar desde sus territorios.

• Consideren la elección de autoridades comprometidas con el pluralismo jurídico, el respeto a los derechos humanos de los pueblos indígenas, la igualdad y la no discriminación, así como con la aplicación de un enfoque intercultural en el ejercicio de sus funciones.

• Promuevan la transparencia y la rendición de cuentas, mediante la publicidad de criterios, la motivación suficiente de las decisiones y prevención de conflictos de interés o prácticas de cooptación que debiliten la legitimidad de las instituciones.

• Garanticen un entorno libre de criminalización y represalias, absteniéndose del uso indebido del derecho penal como mecanismo de presión o silenciamiento contra quienes participan, fiscalizan o denuncian irregularidades en estos procesos. Esto incluye prevenir campañas de estigmatización y desinformación —incluidas aquellas atribuidas por diversos actores a organizaciones— y asegurar que cualquier señalamiento se tramite con estricto apego al debido proceso y verificación objetiva de hechos.

La Misión enfatiza que estos principios no solo fortalecen la institucionalidad democrática, sino que contribuyen a que las autoridades designadas reflejen la diversidad social y cultural del país y actúen conforme a los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.

Finalmente, la Misión hace un llamado a las instituciones del Estado a garantizar que las elecciones de segundo grado sean transparentes, inclusivas e interculturales, y a la comunidad internacional a respaldar y amplificar estas demandas de los pueblos indígenas, en favor de procesos con mayor legitimidad que fortalezcan las instituciones democráticas.