Refrendan Procuraduría Agraria, Profepa y RAN defensa de la propiedad social y freno a la ilegalidad en el territorio

PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE.

29 de abril de 2026.- En un hecho sin precedentes para la defensa del territorio nacional, la Procuraduría Agraria (PA), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y el Registro Agrario Nacional (RAN) consolidaron una alianza estratégica para frenar la deforestación ilegal y la privatización de la propiedad social, colocando en el centro la protección de ejidos y comunidades agrarias.

Durante la Conferencia 11 del ciclo “Rescate, defensa y revalorización de los ejidos y comunidades agrarias”, que se transmitió por la plataforma de YouTube, se hizo hincapié en que este esfuerzo representa un parteaguas en la coordinación institucional del Estado mexicano para enfrentar los desafíos ambientales y agrarios del país.

A través de un mensaje videograbado, la procuradora federal de protección al ambiente, Mariana Boy Tamborrell, subrayó que esta alianza responde a una de las amenazas más graves para los ecosistemas: el cambio ilegal de uso de suelo que, en muchos casos, termina siendo validado mediante procesos agrarios.

En este sentido, destacó que el convenio permitirá impedir la legalización de predios donde se han cometido ilícitos ambientales, mediante el intercambio de información entre instituciones y la acción coordinada para proteger los bosques, las selvas y a las comunidades que dependen de ellos.

La subprocuradora de Recursos Naturales de la Profepa, Leticia Quiñones Valadez, enfatizó que esta colaboración representa un precedente histórico al articular, por primera vez de manera formal, al sector agrario y ambiental en la defensa del territorio. Señaló que el objetivo no es impedir el aprovechamiento de los recursos naturales, sino erradicar las prácticas ilegales que los degradan, promoviendo alternativas sustentables como el manejo forestal comunitario, la agroforestería y la producción agroecológica, que permiten a las comunidades vivir dignamente sin destruir su entorno.

El subprocurador general de la Procuraduría Agraria, Wolfgang Rodolfo González Muñoz, destacó que esta alianza responde a una preocupación compartida por el avance de la deforestación y sus efectos en el territorio, la biodiversidad y la vida de las personas.

Explicó que el convenio no sólo busca prevenir y sancionar ilícitos ambientales, sino también impulsar acciones coordinadas para el desarrollo sustentable, fortaleciendo la presencia institucional en territorio y acercando a las comunidades alternativas productivas que respeten el medio ambiente.

Por su parte, el director general de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, Luis Jiménez Guzmán, afirmó que este acuerdo rompe con una fragmentación histórica entre lo agrario y lo ambiental, al establecer mecanismos de intercambio de información, validación jurídica y coordinación operativa. Subrayó que el RAN jugará un papel clave al registrar resoluciones derivadas de ilícitos ambientales, lo que permitirá evitar la formalización de actos agrarios ilegales y garantizar certeza jurídica en la propiedad social.

La visitadora especial de la Procuraduría Agraria, María Natividad Díaz, advirtió sobre la magnitud del problema al señalar que, en los últimos años, millones de hectáreas han sido deforestadas en el país, concentrándose una parte significativa en la Península de Yucatán, donde la propiedad social es predominante.

Asimismo, alertó sobre procesos de acaparamiento y privatización que han transferido grandes extensiones de tierras ejidales a manos privadas, debilitando la organización comunitaria y poniendo en riesgo los ecosistemas y las formas de vida tradicionales.

Desde territorio, la representante de la Procuraduría Agraria en Quintana Roo, Linda Cobos Castro, destacó la importancia estratégica de la Península de Yucatán como una región de riqueza ambiental, cultural y productiva, pero también altamente vulnerable ante la expansión urbana, el turismo y los monocultivos.

Señaló que la defensa del territorio requiere fortalecer la organización agraria, la vigilancia comunitaria y la coordinación interinstitucional, bajo una visión que reconozca el valor de los saberes y la participación de las comunidades.