Semarnat reitera su compromiso con la protección de la Bahía de Ohuira y el diálogo con las comunidades
Semarnat y Profepa mantienen acciones permanentes de inspección, vigilancia y seguimiento ambiental, así como atención comunitaria.
Foto: cortesía de Luis Brito, tomada de https://es.mongabay.com/2025/06/fabrica-amoniaco-pueblo-indigena-sinaloa-resiste-bahia-de-ohuira/
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.
04 de junio de 2026.- La Bahía de Ohuira contiene ecosistemas costeros de gran valor ambiental, social y cultural para el noreste de México. Su riqueza ambiental, biológica y pesquera representa un patrimonio fundamental para las comunidades que habitan la región.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) reconoce la importancia de las preocupaciones expresadas por comunidades, pescadores y habitantes de la zona respecto de los distintos proyectos industriales que actualmente se desarrollan en la región, por ello, la Semarnat y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) mantienen acciones permanentes de supervisión, inspección, vigilancia y seguimiento ambiental, así como mecanismos de atención comunitaria y coordinación institucional para garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental vigente.
Antecedentes
El proyecto denominado Planta de Amoniaco de 2200 TMPD en Topolobampo, Sinaloa, fue autorizado originalmente en materia de impacto ambiental durante administraciones federales anteriores en 2014 y recibió una ampliación de plazo en 2018.
Posteriormente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió en 2021 que debía realizarse una consulta a las comunidades indígenas involucradas. En cumplimiento de dicha resolución, la Semarnat dejó sin efectos las autorizaciones anteriores y llevó a cabo entre mayo y septiembre de 2022 el proceso de consulta indígena previa, libre e informada con comunidades Mayo-Yoreme de la región.
Como resultado de ese proceso, el 19 de septiembre de 2022 la autoridad ambiental emitió entonces una nueva autorización en materia de impacto ambiental, condicionada al cumplimiento de diversas medidas ambientales.
Consulta indígena
El proceso de consulta realizado incluyó 13 Asambleas Generales Comunitarias y la participación de más de 2,400 integrantes del pueblo indígena Mayo-Yoreme. Participaron 15 comunidades identificadas por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) dentro del área de influencia del proyecto. La consulta incluyó etapas de acuerdos previos, asambleas informativas y asambleas deliberativas y consultivas, con materiales en español y en lengua mayo, así como intérpretes traductores.
El proceso concluyó el 18 de septiembre de 2022. Once de las comunidades consultadas manifestaron su consentimiento al proyecto, entre ellas San Miguel Zapotitlán, La Florida, Vallejo, Carrizo Grande, 5 de Mayo, El Colorado, San Isidro, Mochicahui, Charay, Salsipuedes, Cerro Cabezón y una de las representaciones tradicionales de Juan José Ríos.
Las principales expresiones de oposición provinieron de tres comunidades indígenas Mayo-Yoreme asentadas en la Bahía de Ohuira, entre ellas Ohuira, Lázaro Cárdenas y Paredones. En cuanto a la representación comunitaria de Juan José Ríos, se registraron posicionamientos diferenciados entre distintas autoridades tradicionales ya que expresaron posturas no coincidentes respecto del proyecto.
De acuerdo con la información técnica y social integrada durante el procedimiento de evaluación ambiental y consulta, todas las comunidades que se encuentran dentro del área de influencia regional por posibles impactos indirectos, acumulativos o de carácter socioambiental generados por el proyecto, fueron incluidas en la consulta y sus comentarios considerados en la resolución emitida.
Posteriormente, en noviembre de 2022 y febrero de 2023, juzgados federales determinaron que la autoridad ambiental cumplió con la sentencia de la SCJN; además, en agosto de 2024 y abril de 2025, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito declaró infundados recursos promovidos contra el proceso de consulta.
Supervisión ambiental
Desde 2015, la Profepa ha recibido diversas denuncias relacionadas con el proyecto y ha realizado inspecciones y procedimientos administrativos en materias de impacto ambiental, cambio de uso de suelo, vida silvestre y Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat).
En los casos en que se identificaron irregularidades, la autoridad ambiental impuso las medidas y sanciones correspondientes.
Actualmente la Profepa mantiene procedimientos administrativos abiertos y continúa realizando acciones de inspección, vigilancia y seguimiento ambiental relacionadas con el proyecto y con el cumplimiento de las condicionantes ambientales establecidas en la autorización vigente.
Asimismo, entre mayo y junio de 2025, la Profepa realizó visitas de inspección adicionales para verificar el cumplimiento de las autorizaciones ambientales otorgadas y el estado de las obras ejecutadas.
Atención a las comunidades
La Semarnat, la Profepa y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) han sostenido reuniones y mecanismos de atención con comunidades Mayo-Yoreme, pescadores y cooperativas de la región para escuchar planteamientos, recibir denuncias y dar seguimiento a distintas preocupaciones sociales, ambientales y territoriales relacionadas con el proyecto.
Como parte de estas acciones, el 12 de agosto de 2025, por instrucción de la secretaria Alicia Bárcena Ibarra, una delegación integrada por personal de Semarnat, Profepa e INPI realizó un recorrido en la Bahía de Ohuira, junto con integrantes de las comunidades de Paredones, Ohuira, Lázaro Cárdenas y Juan José Ríos para escuchar planteamientos y dar seguimiento a preocupaciones relacionadas con la pesca, la biodiversidad, los manglares y los ecosistemas de la región, así como observaciones respecto a permisos y autorizaciones otorgados previos a esta Administración.
Asimismo, el 28 de mayo de 2026, la titular de la Unidad Coordinadora de Proyectos Prioritarios, Vinculación Social y Derechos Humanos de la Semarnat, Josefina Bravo Rangel, y personal de la Oficina de Representación de la Semarnat en Sinaloa sostuvieron una reunión con representantes de comunidades de la Bahía de Ohuira, entre ellas Ohuira, Paredones, Lázaro Cárdenas y Topolobampo, con el propósito de escuchar planteamientos y atender sus inquietudes sobre el proyecto.
Situación actual
La autorización ambiental vigente para el proyecto corresponde a la emitida en septiembre de 2022 y su cumplimiento continúa sujeto a supervisión por parte de las autoridades ambientales federales.
Entre los temas que continúan en revisión se encuentran procedimientos relacionados con la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), que forma parte de los bienes nacionales bajo responsabilidad del Estado mexicano. Sobre estos asuntos existen recursos promovidos por distintos actores, incluyendo comunidades y la propia empresa promovente.
En todos los casos, las autoridades ambientales continúan actuando conforme a sus atribuciones legales para la protección de los bienes de la nación y los ecosistemas costeros, así como la observancia de la legislación ambiental.
La Semarnat y la Profepa continuarán realizando acciones de supervisión, inspección, seguimiento ambiental y trabajo de la mano de las comunidades, con el propósito de manejar de forma sostenible los ecosistemas de la Bahía de Ohuira y garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.
La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, continuará dando seguimiento personal a este tema y fortaleciendo los mecanismos de diálogo y atención comunitaria en la región.
