De qué se trata la «Ley contra factureras» que aprobó la Cámara de Diputados

Este martes 15 de octubre, la Camara de Diputados aprobó en lo general el dictamen que plantea varias reformas en caminadas a combatir las facturas falsas y empresas fantasma.

Con 318 votos a favor, 121 en contra y tres abstenciones, el pleno de la cámara baja dió luz verde a esta también llamada «Ley contra factureras«, la cual ha sido objeto de críticas, principalmente provenientes del sector empresarial, ya que -consideran- se trata de una persecución fiscal que ahuyentará las inversiones en México.

De qué se trata la ley contra factureras

La iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados consta de una serie de reformas a la a Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional y los códigos Nacional de Procedimientos Penales, Fiscal de la Federación y Penal Federal.

Para entender de forma sencilla, la Ley contra factureras consiste en hacer que el uso de facturas falsas y la operación de empresas fantasma se consideren como una amenaza a la seguridad nacional y sean catalogados como actos de delincuencia organizada.

Esta ley busca que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público tenga más elementos para castigar a quienes evaden impuestos con este tipo de «trampas» fiscales y, al mismo tiempo, pretende que quienes lo hacían hasta antes de esta ley, regularicen su situación y así paguen sus impuestos de forma correcta.

La ley contra factureras señala que serán considerados miembros de la delincuencia organizada aquellos que, con uso de engaños o aprovechamiento de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal.

Las personas que presenten deducciones falsas o ingresos acumulables menores a los realmente han obtenido, así como aquellos que declaren un valor de actos o actividades menores a los realmente realizados también serán considerados como miembros de la delincuencia organizada.

Castigos por violar la ley contra factureras

Se impondrán sanciones de tres a cinco años de prisión a quienes alteren o destruyan los aparatos de control, sellos o marcas oficiales colocados con fines fiscales o impida que se logre el propósito para el que fueron colocados, las máquinas registradoras de operación de caja en las oficinas recaudadoras o a quienes adquieran comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, explica Forbes México.

También se impondrán sanciones de dos a nueve años de prisión al que por sí o por interpósita persona, expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

Se dará prisión preventiva oficiosa a quien enajene, comercie, adquiera o tenga en su poder por cualquier título mercancía extranjera que no sea para su uso personal, sin la documentación que compruebe su legal estancia en el país, o sin el permiso previo de la autoridad federal competente, así como para quien introduzca al país o extraiga mercancías omitiendo el pago total o parcial de las contribuciones o cuotas compensatorias que deban cubrirse.

A quiénes se les aplicarán estos castigos

En el Senado, antes de aprobarse y ser enviada a la Cámara de Diputados, se hicieron una serie de modificaciones para no perjudicar a los contribuyentes honestos y que con esta ley se castigue solo a aquellos que hacen un daño al país con evacuación millonaria de impuestos.

Para esto, se establece que se considerará delincuencia organizada cuando participen al menos tres contribuyentes y el daño a erario sea superior a 7 millones 804 mil 230 pesos.

La prisión preventiva oficiosa aplicará para quienes expidan comprobantes fiscales por operaciones que rebase la misma cantidad.

Estas medidas serán aplicables a partir del 1 de enero de 2020 y únicamente su aplicación será retroactiva para aquellos que ya sean investigados por fraude fiscal, por lo que el Servicio de Administración Tributaria hace un llamado a que empresas y contribuyentes revisen su situación y si tienen alguna anomalía se acerquen a sus oficinas para corregir «de buena fe», declarar sus impuestos y evitar inconvenientes con la ley.