Advierte CNDH del riesgo de niñez y adolescencia de ser víctimas del crimen organizado y de vulneración a sus derechos humanos

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advierte del riesgo en que están niñas, niños y adolescentes, quienes conforman la tercera parte de la población del país, de ser víctimas del crimen organizado y sufrir afectaciones a sus derechos fundamentales, que van desde la mortalidad por el uso de la fuerza letal entre grupos delincuenciales, la pérdida de sus familiares, el desplazamiento forzado, la pobreza, la privación de su libertad, la explotación y trata de personas, hasta modificar su modo de vida e impedir su acceso al derecho a la educación, la salud y la seguridad social, por mencionar algunos. Tales situaciones no siempre son visibles para el Estado y sus autoridades, y sus historias suelen ser poco escuchadas o, incluso, ignoradas.

• Las niñas, niños y adolescentes ante el crimen organizado integran una población que, enfrenta las desventajas de vivir en un mundo adultocéntrico que aún ofrece pocos espacios para hablar, participar y exigir el cumplimiento de sus derechos, y que en gran medida depende de la estabilidad y protección que sus familias y comunidades les puedan ofrecer para ejercer plenamente sus derechos.

• Así lo manifestó el Primer Visitador General de la CNDH, Ismael Eslava Pérez, al presentar el estudio “Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas del Crimen Organizado en México”, realizado por este Organismo Nacional y la Coordinación de Humanidades de la UNAM, acto en el cual señaló que, de acuerdo con datos del INEGI, entre 2007 y 2017 se triplicó el número de víctimas de homicidio de personas entre 0 y 19 años, al pasar de 1,002 a 2,858, y entre 2016 y 2017 el número de homicidios tuvo su mayor incremento, que fue del 22.5%, en tanto que a nivel estatal los estados que registraron las mayores tasas fueron Chihuahua, Zacatecas, Michoacán, Guerrero y Baja California, y al mencionar el reciente caso de los homicidios de nueve personas de la familia LeBarón, entre ellos 6 niñas y niños, y lesiones contra otras 6 personas menores de edad, destacó la gravedad y riesgo en muchas regiones del país, lo que demanda la intervención de los tres niveles de gobierno para lograr la pacificación por la vía del derecho.

• Al exponer las conclusiones del estudio, destacó que, de acuerdo con el entonces Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas en México, a abril de 2018 hay 36,265 en esa condición en el fuero común, de las cuales el 18% tiene entre uno y 17 años, y el 92.7% de esas desapariciones ocurrieron entre 2010 y 2018 con una tasa de 15.1 niñas, niños y adolescentes menores de 18 años desaparecidos por cada 100,000 habitantes menores de 18 años, y los cinco estados con las tasas más altas son Colima (54.3%), Sonora (48.2%), Tamaulipas (45.4%), Puebla (34.7) y Baja California (32.6%). Refirió que no existen datos precisos del número de personas menores de edad reclutadas por el crimen organizado, aunque hay casos de reclutamiento forzoso y desaparición de niños y jóvenes por el crimen organizado en Chihuahua y Guerrero.

• También apuntó como conclusiones del estudio que la existencia y el incremento de la victimización de niñas, niños y adolescentes es consecuencia de la ausencia de políticas y acciones del Estado para garantizar su protección y el ejercicio de sus derechos; una de las frecuentes violaciones que impactan la vida de niñas, niños y adolescentes en el país es la desaparición impune de sus madres, padres, hermanos y/o compañeros; niñez y adolescencia en contextos de crimen organizado sufren violaciones a sus derechos a la libertad y seguridad; el contexto institucional relacionado con la protección a ese sector poblacional no goza de eficacia suficiente; la distintas formas de violencia a que están expuestas las personas menores de edad, incluyendo la derivada de la actuación del crimen organizado, requieren tratamiento integral; se necesitan investigaciones y estudios específicos sobre niñez y adolescencia, y la resiliencia frente a la violencia cotidiana de niñas, niños y adolescentes se asume como asunto privado y familiar.

• Eslava Pérez subrayó que detrás de cada evento violento contra ellas y ellos  está la responsabilidad de autoridades y personas adultas que deben tomar todas las medidas de prevención y atención, y enfatizó que, sin importar su modo de vida, las personas menores de edad serán siempre víctimas cuando se incorporan a modos de vida de alto riesgo; cuando viven en su entorno familiar la violencia de las instituciones; cuando son objeto de la violencia o simplemente la negligencia de las autoridades, y explicó que en las historias que contiene el estudio se aprecia el difícil tránsito de las y los protagonistas para hacerse de un lugar en las vidas trastocadas por la violencia, las cuales son objeto de la incomprensión y la estigmatización solo por su aparente relación con la actividad delictiva.

• Enfatizó que la manera más adecuada de hacer frente a la violencia y la inseguridad en México que afecta a las niñas, niños y adolescentes es el diseño e instrumentación de políticas públicas de carácter integral que consideren las causas estructurales que originan esos problemas; el trabajo directo sobre los factores de riesgo, así como el esfuerzo en la protección ciudadana desde un enfoque que considere la centralidad de los derechos humanos.

• Derivado de lo anterior, el Primer Visitador General de la CNDH, presentó las 20 propuestas más relevantes para la atención y prevención de este grave problema, entre las cuales sobresalen impulsar el debate sobre modelos de crianza y el impacto de elementos estructurales como tiempo de trabajo de familiares y abandono a personas menores de edad; impulsar acciones preventivas focalizadas, más que reactivas para contener el fenómeno; elaborar diagnósticos para la detección y atención de necesidades específicas de víctimas directas e indirectas por violencias generadas por el crimen organizado y por el abandono institucional y familiar; y colocar como prioridad en la agenda pública el tema de desplazamiento forzado.

• También, analizar la articulación del crimen organizado; implementar políticas para reducir pobreza y desigualdad; generar oportunidades de estudio y de inserción al mercado laboral con salarios competitivos para jóvenes e impulsar campañas para reducir discriminación, criminalización y estigmatización; canalizar mayor presupuesto para atención de niñas, niños y adolescentes y desarrollar estrategia de mediano y largo plazos para enfrentar la violencia del crimen organizado y su impacto en niñez y adolescencia; reforzar ejemplos positivos relacionados con artes, ciencia y deporte para niñas, niños y jóvenes; impulsar una reforma y depuración profunda de instituciones de procuración y administración de justicia; y consolidar sistemas articulados de monitoreo, indicadores de evaluación de políticas enfocadas en niñas, niños y adolescentes, y reforzar bases de datos actualizadas, desagregadas y transparentes.

• De igual manera, se propone realizar diagnósticos diferenciados y cuantitativos en trayectorias de vida y grupos de edad para focalizar la atención en niñez y adolescencia, y diagnósticos a niveles estatal, municipal y comunitario; que las instancias de gobierno compartan información sobre el crimen organizado y atención de la población; fortalecer el sistema educativo en su conjunto, y combatir la deserción escolar; impulsar que universidades e instituciones de formación actualicen y renueven planes de estudio para contar con recursos humanos especializados para afrontar la temática y fomentar la educación por la paz y justicia restaurativa; actualizar modelos de atención que rebasen la perspectiva asistencialista; analizar la atención a personas menores de 18 años en Centros de Asistencia Social; impulsar que los SIPINNAS municipales terminen de instalarse y cuenten con recursos y seguimiento suficiente; plantear estrategias locales para la participación de familias y la comunidad para restituir el tejido social y atender a víctimas del crimen organizado y la violencia; y articular estrategias que atiendan a familias en situación de vulnerabilidad y a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia.

• En su oportunidad, Elisa Ortega explicó que para la elaboración del estudio se realizaron análisis cuantitativos y cualitativos de la información recopilada de autoridades, sociedad civil, estadísticas socioeconómicas, encuestas de percepción de seguridad, victimización,  además de efectuar un análisis jurídico con enfoque en derechos humanos bajo el interés superior de la niñez que sirvió de guía para abordar los derechos a la vida, integridad personal, salud, educación, libertad, seguridad, los cuales inciden en su desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes víctimas de la violencia del crimen organizado.

• Explicó que en el documento se observó el número de delitos relacionados con este sector de la sociedad, carencias en sus hogares, cobertura educativa y condiciones de adicción como factores de riesgo que pudieran llevar a esa población a participar en actividades delictivas, entre otros aspectos. Además, se analizaron cinco historias de vida en los estados de Tamaulipas, Baja California, Michoacán, Estado de México y de una persona que siendo adolescente vivió en contexto de migración, para caracterizar el fenómeno de la violencia en el que se encuentran inmersos y observar que el primer desafío de las personas menores de edad, es mantenerse con vida en un entorno de violencia letal por parte de particulares.

• La Magistrada Sara Patricia Orea Ochoa subrayó el poco interés del Estado mexicano para atender la problemática que enfrentan niñez y adolescencia víctimas del crimen organizado, por lo que consideró un acierto que el estudio detalle la violencia estructural en la que están inmersas, debido a que no existen acciones concretas para su protección. Agregó que es necesario que el documento sea entregado a las autoridades para que se generen las políticas correspondientes y fomentar que sean escuchadas las opiniones de niñas, niños y adolescentes.

• Rosa María Poiré Castañeda, Directora de Calidad y Asuntos Internacionales de Save the Children México, señaló que el estudio ofrece elementos importantes para atender la situación de niñas, niños y adolescentes víctimas del crimen organizado, tarea en la cual la participación de organizaciones sociales y autoridades es fundamental; dijo que se deben generar espacios seguros para que esta población pueda desarrollarse de manera segura y considerarles sujetos plenos de derechos.

• Durante la presentación del Estudio se contó con la presencia de María Ampudia, Consejera Consultiva de la CNDH; Laura Gurza Jaidar, Directora General de Planeación y Análisis de este Organismo Autónomo; Lourdes Zariñán Martínez, Directora General de la Primera Visitaduría General, así como de Jaime Rubén Morales Beltrán, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México.

• El texto íntegro del estudio “Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas del Crimen Organizado en México” puede consultarse en la página www.cndh.org.mx