La construcción de un nuevo marco legal para el sector hídrico debe garantizar el Derecho Humano al Agua

Con el fin de apoyar la labor del Poder Legislativo para consolidar el cumplimiento del decreto que emitió en junio pasado el Presidente Andrés Manuel López Obrador para garantizar el Derecho Humano al Agua, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) impulsa una discusión seria en donde se escucha a todos los sectores involucrados en la gestión y uso de este recurso vital.

Así lo señaló la Directora General de la dependencia, Blanca Jiménez Cisneros, al participar en el 30 Congreso Nacional de Ingeniería Civil, Infraestructura: Retos y Oportunidades, donde indicó que si bien no es previsible contar con un nuevo ordenamiento legal para el año 2020, se avanza en un proceso incluyente, transparente y participativo en el que se tomarán en cuenta una gran diversidad de opiniones que resulten pertinentes.

Actualmente, explicó, se trabaja en la elaboración del Programa Nacional Hídrico, documento rector que definirá la política en la materia de una forma concreta y tomando en cuenta las condiciones de disponibilidad en las diferentes regiones del país.

Con relación a la Ley General de Aguas, explicó que uno de los principales retos será reunir en un nuevo ordenamiento legal todos los temas relacionados con el recurso, incluyendo los temas de disposición, tratamiento y reúso del recurso, esfuerzo en el que deben involucrarse todos los sectores relacionados, que en múltiples ocasiones tienen no sólo intereses distintos, sino encontrados.

Contrario a posturas que no ven la problemática de manera integral, expuso, la construcción de una nueva propuesta es un proceso complejo que implica tomar en consideración las posturas de diversos sectores involucrados en el tema que estén debidamente fundamentadas; todo ello, en un marco de transparencia que permita la participación de todos los interesados en el tema.

Otro reto, puntualizó, es reunir los aspectos que involucran el aprovechamiento, uso y disposición del agua incluidos en otras leyes, pues es necesario unificar lineamientos acordes a la situación real del país.

Hasta ahora, como resultado de los foros de disertación que ha organizado Conagua −donde participan autoridades, legisladores, especialistas, académicos y los diferentes tipos de usuarios−, se han detectado puntos de consenso, entre los que destaca que la ley debe impulsar al agua como un elemento de bienestar, equidad y mejora de la calidad de vida.

Asimismo, se ha coincidido en que una nueva legislación debe estar sustentada en principios precautorios, así como ser flexible y adaptable, además de que el Gobierno debe mantener la rectoría en la administración de las aguas nacionales, con un manejo técnicamente sustentado, transparente y verificable para garantizar que la prioridad sea garantizar el Derecho Humano al Agua y la seguridad alimentaria.

En tanto se concluye la propuesta del Ejecutivo, Blanca Jiménez hizo énfasis en que la Conagua trabaja con los ordenamientos legales vigentes, con el fin de avanzar hacia una gestión integral y sustentable del agua, dando prioridad a los sectores más vulnerables de la población.