Envía Ejecutivo observaciones a reforma que prohíbe solicitar constancias de no antecedentes penales

Al no considerarse en sí mismo como un acto discriminatorio laboral, el Gobernador del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, envió ayer jueves al Congreso del Estado una serie de observaciones a la Reforma que prohibió solicitar constancias de no antecedentes penales como requisito para ingresar a un trabajo, siempre y cuando ésta no sea un elemento definitorio para que una persona pueda o no acceder a un empleo.

En el documento turnado al Poder Legislativo, el Gobierno de Jalisco puntualiza que la postura del Ejecutivo “siempre ha sido promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas, y en lo que aquí atañe, fortalecer el desarrollo económico del Estado, para lo cual, un pilar fundamental de ello es fomentar la máxima ocupación laboral de la fuerza de trabajo”.

Asimismo, se expone que las constancias antes referidas son importantes para los ciudadanos en su quehacer cotidiano, ya que muchos de ellos las solicitan no sólo para asuntos laborales, sino también para diversos trámites.

“En relación a la solicitud de exhibir una constancia de su historial penal como requisito para una contratación laboral, en nuestra óptica, resulta preponderante el derecho del patrón a conocer el perfil de la persona que se pretende contratar, para lo cual, desde luego se encuentra en su derecho de contratar a alguien”, expone el mandatario en el documento.

“En otras palabras, si bien las constancias de historial penal no acreditan por sí mismas la probidad o el modo honesto de vivir de una persona, lo cierto es que sí podrían constituir un elemento de valoración para ello, que puede ser hecho valer por el propio solicitante del empleo o por quien pretende contratarlo”.

De igual forma, en las observaciones se estima que no es proporcional privar a los patrones de conocer el historial penal de los aspirantes al trabajo, a fin de que elijan libremente a quien quieran contratar, sobre todo, cuando conforme a la Ley, los patrones son responsables de los actos de sus trabajadores.

Para tales efectos, “resulta importante precisar las atribuciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la cual no debe enfocarse en vigilar que se pidan o no dichas constancias, sino en cuidar que los patrones no condicionen el otorgamiento del trabajo a la inexistencia de registros en el historial penal de las personas”, propone.

En el aspecto económico, el Gobernador del Estado, con el propósito de apoyar la economía de quienes requieran estas constancias para ejercer algún derecho o para la búsqueda de un empleo, propone reducir el costo de las constancias de historial penal de 70 a 40 pesos.

Resaltar que es un derecho constitucional de toda persona el acceder a los datos personales que se encuentren en poder de las autoridades, como en este caso lo es su historial penal.

Además, la Ley Nacional de Ejecución Penal contempla la obligación de la autoridad de expedir constancias con el historial penal de las personas y el derecho de los ciudadanos para solicitarlas. Incluso, la Suprema Corte de la Nación ha reiterado tanto esa obligación como ese derecho, y estableció lineamientos para que la expedición de constancias no resulte discriminatoria.