Afirma CNDH que reivindicar el nombre de las víctimas y que las autoridades reconozcan sus faltas es paso necesario para la verdad y la reparación
Al participar en el acto de Disculpa Pública del Estado mexicano por el caso de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, el Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez señaló que nada compensa la pérdida de vidas ni el dolor de sus familiares y amigos
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) afirma que nada compensa la pérdida de vidas, ni el dolor que como consecuencia de ello han sufrido los familiares y amigos de las víctimas, pero reivindicar su nombre y que las autoridades reconozcan sus faltas es un paso necesario en el camino a la verdad y a la reparación.
La disculpa pública que ofrece el Estado mexicano por la pérdida de la vida, el 19 de marzo de 2010, de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, jóvenes estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Campus Monterrey, busca restituir su honor y buena fama; sin embargo, es claro que ésta no constituye por sí misma una reparación integral del daño que causó la actuación indebida de los servidores públicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la entonces Procuraduría General de la República y el Gobierno del Estado de Nuevo León, pero reivindica sus nombres y plantea el compromiso de las autoridades de que actos como ése no se repitan.
Así lo expresó el Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, quien al hablar ante Rosa Elvia Mercado y Lorenzo Joel Medina Salazar, madre y padre de José Antonio Mercado Alonso; Haydee Verdugo Villalobos y Aurelio Javier Arredondo Rodríguez, madre y padre de Javier Francisco Arredondo Verdugo; Ricardo Carlos Alberto Báez Olvera, representante de las víctimas; Salvador Alva Gómez, Presidente del ITESM, y de la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien encabezó el acto, enfatizó que los estudiantes victimados sufrieron múltiples vulneraciones a su dignidad como personas y a sus derechos humanos al ser víctimas de un injustificado e indebido abuso de poder, cuya consecuencia más grave implicó que fueran privados de la vida en las instalaciones escolares por elementos de la SEDENA.
Recordó que esos hechos trascendieron públicamente y fueron investigados por la CNDH, que emitió la Recomendación 45/2010, en la que se desvirtuaron las pretendidas explicaciones con las que, en su momento, las autoridades responsables pretendieron justificar su conducta, aunque ello implicara formular falsas imputaciones contra las víctimas, atentando contra su imagen y honor, y causando, al mismo tiempo, afectaciones a la imagen, honor e integridad psicológica de sus familiares. Y destacó que la CNDH acreditó que las víctimas no portaban armas ni pertenecían a la delincuencia organizada, como sostuvo la SEDENA, y que el lugar de los sucesos fue modificado y se les depositaron armas para alterar la escena de los hechos.
Tras reiterar su solidaridad a las madres y padres de los jóvenes estudiantes victimados, a quienes ratificó que cuentan con la CNDH, al igual que todas aquellas personas que han sido víctimas de algún abuso de poder, González Pérez puntualizó que es innegable que México requiere más y mejor seguridad, pero no por cualquier medio y costo, mucho menos cuando esto último representa la pérdida de vidas inocentes. “No podemos combatir la injusticia y la ilegalidad incurriendo en nuevos actos injustos e ilegales”, aseguró.
La señora Rosa Elvia Mercado Alonso, madre de Jorge Antonio Mercado Alonso, señaló que esta disculpa pública forma parte de la reparación del daño integral, no obstante el caso sigue en proceso en el Poder Judicial de la Federación. Reiteró que “aún nos falta justicia por eso la pedimos, sabemos que es un proceso que lleva mucho tiempo, pero confiamos en el Poder Judicial y en su vocación para hacer cumplir las leyes”.
Detalló que existen delitos pendientes por consignar y no ha habido avance en los últimos dos años, lo que impide que se consigne el caso, con lo cual se obstaculiza la procuración e impartición de la justicia por el homicidio de Jorge y Javier. Ante ello, solicitó a las autoridades poner la debida atención, tanto al proceso como al triplicado y realizar las diligencias que sean necesarias, ya que solo piden justicia conforme a derecho.
En su momento, el señor Aurelio Javier Arredondo Rodríguez, padre de Javier Francisco Arredondo Verdugo, agradeció participar en este acto de justicia para las familias afectadas y la memoria de sus hijos, en el cual se reconoce que las víctimas eran estudiantes de excelencia académica en el Tecnológico de Monterrey y no sicarios como en su momento se les acusó. Agradeció que se aclare y honre la memoria de los estudiantes al reconocer públicamente quiénes fueron, y pidió que estos casos no se repitan.
A nombre del Estado mexicano, la Secretaria de Gobernación, Olga María Sánchez Cordero, ofreció a los padres de los jóvenes una disculpa pública por la violación a sus derechos mediante el uso excesivo de la fuerza que los privó de la vida; por la violación a su derecho de acceso a la justicia y de conocer la verdad de los hechos ante los obstáculos de las autoridades encargadas de impartir justicia; por el daño a la imagen, el honor y la buena fama de los jóvenes, derivado de falsas imputaciones de autoridades y por la alteración de la escena de los hechos.
Enfática, la Secretaria de Gobernación dijo: el Estado mexicano se disculpa con las familias de las víctimas y el pueblo de México por el homicidio de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, ocurrido el 19 de marzo del año 2010, y en cumplimiento al derecho a la verdad y a la justicia, reconoce públicamente que eran estudiantes de excelencia del Tecnológico de Monterrey, no sicarios.
Expresó el compromiso del Estado de garantizar la reparación integral del daño e implementar medidas que aseguren la no repetición de los hechos. Y tras mencionar que se capacitará a los elementos de nuestras Fuerzas Armadas en materia de derechos humanos, recordó que la CNDH, en su Recomendación 45/2010, observó diversos obstáculos para investigar y acceder a los expedientes de la entonces Procuraduría General de la República, la Procuraduría de Justicia de Nuevo León y la Procuraduría de Justicia Militar, y que el Organismo Nacional confirmó el uso arbitrario de la fuerza en perjuicio de los jóvenes, así como de la comunidad del Tecnológico de Monterrey y de la sociedad en general.
Salvador Alva Gómez, Presidente del ITESM, señaló que el homicidio de Javier Arredondo Verdugo y Jorge Mercado Alonso es uno de los eventos más dolorosos en los 75 años de existencia del Instituto; destacó que la institución celebra cualquier acción que contribuya a que la verdad se esclarezca, que impere la justicia e hizo un llamado para buscar un objetivo común y contribuir al desarrollo positivo de las personas y para que alcancen su plenitud física, intelectual, espiritual y social. Para ello, dijo, se requieren condiciones mínimas de paz y reconciliación, un Estado de Derecho sólido, confianza en el rumbo y el futuro, empatía y compasión con los demás y la seguridad básica para que como individuos y en lo colectivo, se rompan paradigmas para potenciar el talento de miles de jóvenes como Jorge y Javier.
Sergio Jaime Rochín del Rincón, Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas, dijo que las afirmaciones oficiales de que las víctimas eran daños colaterales o incluso criminales no resistieron el análisis más superficial, ya que la única verdad que se ocultaba fue la extrema crueldad para arrancar dos vidas y fracturar otras más. Y hoy el Estado mexicano reconoce su responsabilidad y emite una disculpa, mediante la cual hace suya la obligación de garantizar la justicia, la verdad y la reparación integral para las víctimas y sus familias.
En este acto de disculpa pública también se contó con la presencia del Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón; Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación; Sara Irene Herrerías Guerra, Subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Fiscalía General de la República; General de División Jens Pedro Lohmann Iturburu, Comandante de la IV Región Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como familiares y amigos de los alumnos victimados.