vie. Nov 15th, 2019

El Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, afirmó que la reconciliación no debe ser incompatible con el acceso a la justicia y el derecho a la verdad, en tanto que el respeto y aplicación de la ley tampoco deben verse como obstáculo para la construcción de la paz y los procesos de reconciliación. Y aseguró que, desde su autonomía, los organismos de defensa de derechos humanos son una garantía constitucional en favor de las personas, de la legalidad y de la democracia frente a la arbitrariedad y los abusos de poder.

Ante el Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador –quien ofreció “respeto absoluto a la autonomía de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; respeto absoluto y acatamiento de sus Recomendaciones”— y su equipo de trabajo, que organizó los foros, González Pérez destacó que en México no solo requerimos pacificar, sino desarrollar una cultura de paz, para lo cual debemos generar las condiciones para que su construcción sea posible, lo que demanda una institucionalidad fuerte, vigencia del Estado de Derecho, lograr una estructura burocrática profesional y eficiente, así como una  sociedad con mayores niveles reales de educación, reconocer y garantizar los derechos de las personas, la transparencia y el acceso a la información, promover la solidaridad y cohesión social, y disminuir las desigualdades y la exclusión.

 

Explicó que contar con una fiscalía autónoma en todos sus aspectos, con los recursos y capacidades administrativas y operativas necesarias para desarrollar debida y oportunamente sus labores no es algo optativo o negociable, sino necesidad ineludible para dejar de lado simulación y soluciones parciales, y así acceder a la justicia que durante años se le ha negado a México. Y agregó que en esta tarea los mecanismos externos de supervisión ciudadana juegan un papel determinante para que se investigue a fondo, de manera adecuada y con respeto a la legalidad y a los derechos humanos.

 

Al participar en la Ceremonia de Entrega de Resultados de los “Foros Escucha para la Pacificación y Reconciliación Nacional”, González Pérez subrayó que para lograr la justicia debemos encontrarnos con la verdad, esclarecerla y reconocerla. Solo con verdad será posible

aspirar a la justicia que reclaman las víctimas y la sociedad, para lo cual se requieren las instituciones y leyes que permitan alcanzar esa meta.

 

El Ombudsperson nacional precisó que repetir fórmulas que en el pasado han demostrado sus limitaciones y deficiencias implica apostar a que México sume otros seis años a la más de una década que lleva sumido en un entorno crítico en el que cientos de miles de mexicanas y mexicanos han perdido la vida, miles están desaparecidos y hay un número indeterminado de víctimas que han aprendido a convivir con el miedo y el dolor, frente a la impotencia de un sistema de procuración e impartición de justicia en el que reina la impunidad y sus derechos son más aspiraciones que realidades concretas.

 

Requerimos –dijo— una transición a la genuina legalidad como condición necesaria para la construcción de la paz, y la actual coyuntura abre la oportunidad no solo de escuchar a las víctimas, sino atenderlas, acompañarlas y hacer efectivos sus derechos al igual que los de todas las demás personas.

 

Ante todos los reunidos en el Archivo General de la Nación, se pronunció por adoptar políticas y estrategias bajo un enfoque integral que ataque, prevenga causas y controle efectos de inseguridad, violencia e impunidad, para encarar la falta de coordinación y operación efectiva de las autoridades en los tres órdenes de gobierno, reconociendo que la omisión e indiferencia de las autoridades de seguridad pública cuestan vidas, afectan la tranquilidad de las personas, debilitan el tejido social y la institucionalidad democrática.

 

La inseguridad, violencia e impunidad no podrán revertirse si no recuperamos un esencial y necesario respeto por la legalidad y se combaten frontalmente la impunidad y corrupción para que ésta deje de ser práctica redituable y se abata la colusión entre autoridades y miembros de organizaciones criminales, aseguró.

 

Estableció que los derechos humanos son el piso común sobre el que deben construirse los cambios que el país demanda, y apuntó que cuando se denuncia un abuso de poder se abre una oportunidad para que, mediante su sanción y prevención, se fortalezcan las instituciones y se evidencie el compromiso de las autoridades con la democracia y la dignidad humana.

 

Tras expresar su confianza en que el resultado de los foros marque pautas para definir la ruta que permita lograr la legalidad y la justicia en la paz, manifestó que quien defiende los derechos humanos no es enemigo de la legalidad ni antagónico del poder, ya que lo fortalece al propiciar que su ejercicio se haga dentro de los límites de la ley, como es obligatorio.

 

En este acto también se contó con la presencia de Olga Sánchez Cordero, próxima Secretaria de Gobernación; Alfonso Durazo Montaño, próximo Secretario de Seguridad Pública; Alejandro Encinas Rodríguez, próximo Subsecretario de Derechos Humanos de la SEGOB; Loreta Ortiz Ahlf, Coordinadora General de los Foros Escucha para la Pacificación y Reconciliación Nacional, Monseñor Franco Coppola, Nuncio Apostólico; Jaime Rochín del Rincón, Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas; Embajadora Carmen Moreno Toscano, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres / Organización de los Estados Americanos, y Antonino De Leo, Representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México.

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