12 de julio de 2024

Demanda Ombudsperson Nacional de la CNDH ante Consejo Nacional De Seguridad Pública, Crear Políticas Con Enfoque Integral

Que permitan trazar una ruta para el fortalecimiento de policías e instituciones civiles de todos los niveles de Gobierno

Ante los graves problemas de inseguridad, violencia e impunidad, que afectan la convivencia cotidiana y debilitan las instituciones democráticas, el Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, demandó la revisión de las políticas públicas en materia de seguridad y justicia bajo el enfoque integral, multidisciplinario y multidimensional que permita construir un esquema de seguridad pública que reconozca la necesidad temporal y extraordinaria de participación de las fuerzas armadas, prevea una ruta para corregir las deficiencias y fortalecer a las policías e instituciones civiles, federales, locales y municipales, para que éstas asuman la seguridad pública y haya un plan de retorno gradual y verificable de las Fuerzas Armadas a las tareas que le son propias.

 

Subrayó que, junto a los aspectos institucionales, la agenda pública debe abordar los temas sustantivos que inciden transversalmente en la inseguridad y violencia, como son las políticas de drogas o el tráfico de armas. “No solo hay que precisar quién curará la enfermedad, hay que atender y prevenir sus causas. Tenemos la oportunidad de actuar para cambiar el estado actual de las cosas. Las políticas públicas, las normas que se emitan y las acciones que se adopten deben disminuir los problemas, no multiplicarlos”, aseguró.

 

Al participar en la III Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que instaló el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador,  González Pérez refirió que si bien son muchas las acciones emprendidas y se han destinado cuantiosos fondos públicos para combatir la inseguridad, violencia e impunidad, lo cierto es que no se ha podido o querido implementar una estrategia integral, pertinente, viable y eficaz para enfrentar esos problemas, pues la constante ha sido, bajo distintas modalidades, priorizar la utilización de medios reactivos, basados en el uso de la fuerza, en lugar de prevenir y atender las causas que generan esos problemas.

 

Ante integrantes del Gabinete, Gobernadores de las entidades federativas y representantes de organizaciones civiles, reunidos en el Salón Tesorería del Palacio Nacional, González Pérez afirmó que sostener que la ley no se aplica porque los derechos humanos se oponen a ello es una mentira, una excusa falaz, ante la falta de respuestas pertinentes frente a la realidad que enfrentamos. Dijo que es del mayor interés de la CNDH que el país recupere los niveles mínimos de seguridad y cuente con un entorno de paz como condición necesaria para que los derechos humanos sean vigentes.

 

“A lo que nos oponemos, dijo, es a que la mejor respuesta que podamos dar a la violencia e inseguridad que se padece, radique en el riesgo de reducir o eliminar derechos y libertades a las personas, en el uso indiscriminado de la fuerza o la aplicación arbitraria de la ley”.

 

Señaló la preocupación del Organismo Nacional porque se continúe depositando en las fuerzas armadas el peso del combate a la criminalidad, con lo que persistirá, como ocurre hasta ahora, en el abandono de las policías y que, en la práctica, la seguridad pública, que es responsabilidad de autoridades civiles, este lejos de ser una realidad en diversas regiones del país. Esta fórmula, apuntó, ha sido ineficaz y causa de la situación que enfrentamos, ya que una tarea que es responsabilidad compartida de los tres niveles y órdenes de gobierno recae esencialmente en la Federación y genera lagunas y ambigüedades que permiten eludir responsabilidades y prevenir que se actúe de manera efectiva.

 

González Pérez puntualizó que considerar al Sistema de Justicia Penal Acusatorio como la “puerta giratoria”, para que quienes cometen un delito puedan regresar a las calles a delinquir sin recibir sanción, es una explicación simplista y falsa, ya que todos los delitos pueden recibir la aplicación de prisión preventiva, siempre y cuando el Ministerio Público así lo solicite al juez y sustente debidamente su petición, y cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, entre otros supuestos. En ese sentido, agregó que por ello saluda la propuesta de crear un órgano que evalúe permanentemente cómo es que se está aplicando este sistema de justicia penal.

 

El Ombudsperson Nacional señaló que ampliar el catálogo de delitos en los que oficiosamente debe imponerse la prisión preventiva no garantiza que el Ministerio Público cumpla su obligación de investigar cada caso de manera objetiva, integral y eficiente, por lo cual es impostergable la creación y puesta en operación de 33 Fiscalías autónomas, dotándolas de recursos y capacidades pertinentes y suficientes, además de la capacitación, profesionalización y acreditación de los exámenes de confianza de operadores como el Ministerio Público y la policía.

 

Destacó que debe generarse el andamiaje normativo necesario y dotar los recursos que se requieran para la operación de las instituciones ministerial y policial, que deben estar sujetas a mecanismos de supervisión externa que garanticen y avalen su desempeño e independencia. Contar con instancias de esa naturaleza permitirá que la investigación de casos complejos y de alto impacto en la sociedad tomen un curso institucional y la población tenga la certeza de que se llegará a la verdad sin condicionarla a interés políticos o coyunturales de ningún tipo.

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