Afirma OMBDUSPERSON nacional que la guardia civil no es pertinente ni viable, desde la perspectiva de los derechos humanos

El Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, afirmo que, como se plantea, la Guardia Nacional no garantiza justicia y marca una ruta para militarizar áreas hasta ahora reservadas a las instituciones civiles, y omite establecer claramente una ruta en sentido contrario. La naturaleza y características híbridas del cuerpo que se pretende crear, aseguró, más que dar certezas generará confusión y abrirá espacios de vulnerabilidad para su integración y operación, e implica un riesgo elevado de que se verifiquen potenciales violaciones a los derechos humanos.

Enfatizó que, desde la perspectiva de los derechos humanos, la propuesta para la Guardia Nacional no es pertinente ni viable, ya que tampoco garantiza ni contribuye sustantivamente a terminar con la impunidad, debilita la institucionalidad civil y democrática, y contraviene sentencias, principios, recomendaciones y criterios formulados por instancias internacionales en materia de derechos humanos que nuestro país está obligado a cumplir.

Al participar en las Audiencias Públicas en Materia de Guardia Nacional, convocadas por la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, que presidió la Senadora Kenia López Rabadán, propuso establecer de inmediato un grupo o panel de análisis especializado y plural que revise la evidencia objetiva y concreta, cuyas consideraciones aporten elementos para construir un sistema de seguridad pública que, ante la necesidad de participación temporal de las Fuerzas Armadas en el ámbito de la seguridad pública, prevea una ruta para corregir las deficiencias, y para el desarrollo y fortalecimiento de las policías e instituciones civiles de todos los órdenes para que asuman dicha tarea y haya un plan para el retorno gradual y verificable de las Fuerzas Armadas a las tareas que les son propias, y las policías civiles recuperen las funciones que les corresponden.

Enfatizó que en una época en que el discurso parece regir la percepción pública, la responsabilidad y debido desempeño de la función legislativa tiene que atender a hechos y realidades para orientar su rumbo, si en verdad aspira a ser efectiva y servir a la sociedad. Añadió que la crisis que vive México en materia de violencia y seguridad debe atenderse con un enfoque integral y estrategia real que aborden los distintos aspectos de la problemática y no se limite al replanteamiento de un cuerpo reactivo de carácter y naturaleza preponderantemente militar, así como al aumento de los delitos a los que sería aplicable la prisión preventiva forzosa.

Tras mencionar que por tercera ocasión en los últimos tres meses acude ante una instancia del Poder Legislativo para exponer sus argumentos sobre el proyecto de reforma constitucional para replantear la organización, funciones y características de la Guardia Nacional, expresó su preocupación ante ajustes insuficientes para fortalecer la institucionalidad civil, acotar la participación de las Fuerzas Armadas y dar certeza sobre tiempos y términos para ello, pues se preservan prácticas o tendencias que en el pasado afectaron la institucionalidad y demoraron la atención efectiva de los problemas al escuchar, pero no considerar las opiniones de expertos e instancias nacionales e internacionales.

De igual manera, señaló que preocupa que, adicional a esta reforma, se proponga expandir la esfera de influencia de las Fuerzas Armadas al ámbito económico, para que asuman tareas de desarrolladores inmobiliarios, constructores de obra pública, exploten y se beneficien de las actividades aeroportuarias, puedan adquirir bienes y contratar servicios en tales esferas, bajo el manto de reserva y transparencia limitada inherente a las cuestiones de seguridad nacional.

«Lo anterior -dijo-, es una apuesta riesgosa para la democracia y la institucionalidad civil. Si se les concede poder económico, se afianza su poder político y se les deposita como potestad esencial el monopolio estatal del uso de la fuerza, existe el riesgo de que, en la práctica, nuestras Fuerzas Armadas dejen de tener incentivos reales para que, una vez superados los estados de emergencia, renuncien a tales potestades a favor de la autoridad civil».

Reiteró que la iniciativa de reforma constitucional para crear tal cuerpo no incorpora elementos objetivos ni aporta evidencia que sustente el sentido de la misma, ni hay metodología que avale la información en que se fundamenta, ni registro de la que se consideró relevante para tal efecto. Un somero análisis de los hechos que posibilitan o propician las cadenas de impunidad, dijo, basta para advertir que por mejor capacitado y equipado que esté un cuerpo que asuma funciones policiales, su repercusión práctica en el fortalecimiento del Estado de Derecho y la materialización del acceso a la justicia, éste será mínimo si los delitos no se investigan de manera debida, oportuna y profesional.

Finalmente, dijo que la Guardia Nacional, en el combate a la criminalidad, implica disuasión o contención, con efectos limitados y de corto plazo si no se abordan la operación y la autonomía de las Fiscalías Generales, y planteó que si la intención es generar un marco jurídico que sustente y encuadre la actuación temporal y extraordinaria de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública se deben atender la situación excepcional de violencia e inseguridad y la falta de reglamentación del artículo 29 constitucional conforme a estándares internacionales.