La CNDH reitera la importancia de la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la respuesta y prevención de la transmisión del VIH
Este Organismo Nacional, considera imprescindibles las aportaciones y el trabajo desarrollado por las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC´s) que realizan prevención, detección y acompañamiento en esta materia y otros temas relacionados
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) considera que prescindir del trabajo que realizan las personas y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en materia de prevención, acompañamiento y detección del VIH implicaría detrimento en las acciones dirigidas a grupos clave para dicha pandemia y a la población en general, así como en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.
Por ello, este Organismo Nacional llama a las autoridades de salud a emitir la Convocatoria para la Implementación de Estrategias de Prevención del VIH y otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en la que se consideren mecanismos para la asignación, monitoreo, evaluación, inspección y vigilancia de los recursos públicos, sin menoscabo del papel fundamental que en la prevención de esta problemática de salud pública tiene la sociedad civil organizada.
La necesidad de la convocatoria se advierte, entre otros factores, del incremento en el número de personas que viven con dicha condición de salud en nuestro país, pues de acuerdo a la Información de Vigilancia Epidemiológica, el número de casos de sida notificados de 1983 al cierre de diciembre de 2018 asciende a 203,312; el número de casos notificados de VIH y de sida que se encuentran vivos alcanza un total de 164,074 de los que 81,771 corresponden a VIH y 82,303 a sida. Tan solo en 2017, los nuevos casos de VIH y de sida ascendieron a 14,143 (8,324 de VIH y 5,819 de sida), cifra que presentó un aumento importante durante 2018, registrándose 15,543 casos nuevos (9,791 de VIH y 5,752 de sida).
La CNDH estima que al prescindir del trabajo de las OSC y de personas expertas en la materia se afectarían de manera especial el objetivo de desarrollo sostenible denominado “Salud y Bienestar” que busca erradicar la epidemia y la continuidad en la implementación de la estrategia “90-90-90”, emprendida por el Programa Conjunto de las Naciones Unidas para el VIH y sida (ONUSIDA) que prevén metas globales para los años 2020 y 2030, establecidas para incrementar las detecciones, el número de personas que viven con VIH que reciban tratamiento antirretroviral y de aquéllas con supresión viral.
La Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil establece expresamente en el artículo 6° fracciones V, VIII y XI los derechos de las OSC de acceder a los apoyos y estímulos públicos, coadyuvar con las autoridades competentes en la prestación de servicios públicos y a participar en la planeación, ejecución y seguimiento de las políticas, programas, proyectos y procesos que realicen las dependencias y entidades, en relación con las actividades especificadas en el mismo ordenamiento.
El pasado 11 de marzo, la Secretaría de Salud emitió un comunicado mediante el cual informó que la infección del VIH es una prioridad de salud pública, incluyendo el fortalecimiento de la prevención y de la detección oportuna focalizada en las poblaciones clave, señalando que el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y del Sida (CENSIDA) lleva a cabo consultas con las autoridades administrativas correspondientes, con el fin de encontrar las formas más adecuadas para continuar con el trabajo de colaboración con las comunidades y poblaciones más afectadas. En ese tenor, resulta imprescindible materializar acciones que permitan la consecución de estos compromisos.
Por tanto, esta Comisión Nacional coincide con el Manifiesto de las Organizaciones de la Sociedad Civil con trabajo en VIH, en que los recursos federales se aprovechen para construir entornos favorables que, en el mediano plazo, erradiquen el sida y controlen la transmisión del VIH y, para tal efecto, reafirma la necesidad de fortalecer el uso del financiamiento público para que las OSC implementen proyectos de prevención, detección y acompañamiento, en los que los derechos humanos, con enfoque de interculturalidad, salud integral y perspectiva de género sean el centro de la respuesta al VIH.
