9 de agosto de 2022

En la reinstalación del SIPINNA, CNDH llama a reflexionar sobre decisiones gubernamentales que inciden en los derechos de niñez y adolescencia

Al participar en el acto encabezado por la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, refrendó que en el caso de estancias infantiles debió priorizarse el interés superior de la niñez y la importancia de la estimulación temprana

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) saludó la reinstalación del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, y llamó la atención para reflexionar de manera objetiva, plural e informada sobre algunas decisiones gubernamentales de trascendencia que inciden en la posibilidad de hacer vigentes los derechos de las personas menores de edad, como el programa de estancias infantiles y los apoyos para madres trabajadoras y padres solos.

 

Para este Organismo Nacional, las decisiones que afectaron dicho programa debieron formularse tomando como prioridad la defensa del interés superior de la niñez y considerando la importancia de la estimulación temprana y la educación inicial en la primera infancia, así como sus beneficios en el desarrollo físico, cognitivo y social de niñas y niños, beneficios que solo se pueden obtener mediante la atención especializada y que no son susceptibles de compensarse o monetizarse mediante la entrega de ministraciones económicas.

 

Así lo expresó el Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, durante la Sesión de Reinstalación del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPPINA), que presidió la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en el Salón Revolución de esa dependencia, en la cual destacó que “es claro que cualquier falta administrativa, delito o acto de corrupción que se hubiese presentado necesariamente se tendría que investigar y sancionar. Nadie puede oponerse a ello o pedir que exista impunidad cuando se hayan incumplido las normas, sin embargo, las ponderaciones económicas, políticas o de otra índole no coadyuvan necesariamente a que los derechos de niñas y niños sean más vigentes, ni tampoco a que los derechos al trabajo y desarrollo de sus madres y padres también lo sean”.

Afirmó que los derechos fundamentales, en especial los que corresponden a niñez y adolescencia, no pueden depender de tiempo o coyunturas políticas, y demandó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno atender las problemáticas relacionadas con el contexto generalizado y transversal de violencia, los altos índices de pobreza y vulnerabilidad, la carencia de una política pública nacional integral para la primera infancia, garantizar el derecho a la identidad, elaborar políticas de atención para las personas adolescentes, satisfacer los derechos económicos sociales y culturales, recuperar el liderazgo mundial de México en materia de vacunación y realizar la inversión de recursos suficientes, económicos, materiales y de personal para establecer garantías legales, administrativas e institucionales para la exigibilidad y justiciabilidad de los derechos.

 

Solicitó a las autoridades que dichas propuestas de atención se traduzcan en objetivos y estrategias concretas en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa Nacional de Derechos Humanos, en cuya integración deberá escucharse y tomarse en cuenta la opinión de niñas, niños y adolescentes, sus familias y la sociedad, para una planeación más sensible y transversal, apegada a las preocupaciones reales de los titulares de los derechos humanos y a los estándares constitucionales, convencionales y legales de protección de las personas menores de edad.

 

González Pérez recordó que, a más de cuatro años de la emisión de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, su cumplimiento no ha sido suficiente ni homogéneo en todas las entidades federativas del país, por lo que debe convocarse a los gobiernos de los distintos órdenes y niveles a fortalecer sus Sistemas de Protección y asignar los recursos suficientes para su funcionamiento.

 

Recordó que en próximo año el Estado mexicano deberá rendir su sexto informe al Comité de los Derechos del Niño de la ONU, en que deberá dar cuenta de las acciones realizadas para el cumplimiento y protección de niñas, niños y adolescentes, y expresó su deseo porque las cuentas que se entreguen evidencien mayor y mejor compromiso con niñez y adolescencia de nuestro país, y al parafrasear a María Valentina Delgado Altamirano, la niña que participó en la presentación de los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2018, realizada a más de cinco millones de niñas, niños y adolescentes, el Ombudsperson nacional subrayó que ya es hora de escuchar a este sector de la sociedad.

 

Al destacar que un tercio de la población de nuestro país está constituido por personas menores de 18 años de edad, quienes en muchos casos viven en situación de vulnerabilidad, desigualdad, pobreza y pobreza extrema que cancelan oportunidades de desarrollo para niñas, niños y adolescentes y frenan el desarrollo del país, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, señaló que la reinstalación del SIPINNA es la mejor manera de festejar a la niñez fortaleciendo los esfuerzos del Estado mexicano para garantizar que todas y todos gocen a plenitud de sus derechos, superando los rezagos, y agregó que la acción comprometida de todos los niveles de gobierno, organismos autónomos y representantes de la sociedad civil es factor primordial para crear condiciones reales para que la niñez y adolescencia se desarrollen libremente.

 

En este acto también se contó con la presencia del Secretarios de Salud, Jorge Alcocer Varela; Secretaria de Bienestar, María Luisa Albores González; Gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres; Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez; Subsecretario de Educación Básica de la SEP, Gilberto Guevara Niebla; Subsecretario de Planeación, Protección Civil y Coordinación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Leonel Cota Montaño; Titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, Rocío García Pérez, y Secretario Ejecutivo del SIPPINA, Ricardo Bucio Mújica, así como Ejecutivos de las entidades federativas y representantes de organizaciones sociales.

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