Destaca CNDH deber del estado proteger a todas las familias mediante programas de asistencia social modernos y no paternalistas

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) subraya el deber del Estado de implementar políticas públicas integrales para proteger la organización y desarrollo de todas las familias mexicanas, cuyas funciones sociales son de la mayor trascendencia para la reconstrucción del tejido social, así como para garantizar el desarrollo de sus integrantes y el bienestar del país.

El fortalecimiento de las familias requiere políticas públicas integrales dirigidas a generar las condiciones propicias para que cuenten con los recursos y servicios adecuados para satisfacer las necesidades de sus integrantes; desarrollar un ejercicio presupuestario con enfoque de derechos humanos que tome en cuenta la opinión y demandas de las familias; crear programas de asistencia social modernos y no paternalistas, y generar políticas laborales para los sectores público y privado para facilitar la conciliación entre la vida laboral y la familiar.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL), de 2006 a la fecha no se observa recuperación alguna general en el ingreso de los hogares, en tanto que el INEGI reporta que 40.2% de viviendas con familias cuyos integrantes hablan alguna lengua indígena cuentan con agua dentro de la vivienda; en contraste, en viviendas sin integrantes de esa condición el porcentaje alcanza 77.5%.

La Encuesta Intercensal 2015 en México indica que hay 6.7 millones de jóvenes que son jefes de hogar, de los cuales solo 35.8% cuenta con vivienda propia, y el Índice de Paz en México 2018 revela que la tasa de violencia intrafamiliar en el país se incrementó 32% en los últimos tres años.

En el Día Internacional de las Familias –15 de mayo—, esta Comisión Nacional considera que los problemas estructurales como inseguridad, precariedad en el ingreso, violencia en todas sus manifestaciones, incumplimiento y violación de los derechos humanos, desigualdad de género, movimientos migratorios, desplazamiento forzado, tráfico ilícito de armas y drogas, entre otros muchos factores, menoscaban los recursos y rebasan las capacidades de las familias  para cubrir las necesidades materiales, afectivas, morales y espirituales de sus integrantes de manera adecuada.

Si las familias no cuentan con las condiciones mínimas para cumplir sus responsabilidades, el riesgo de que sus integrantes sufran violaciones a sus derechos humanos aumenta considerablemente. La desintegración familiar, la violencia contra niñas, niños y adolescentes, el abandono y maltrato a las personas mayores, el deterioro de la salud, la violencia sexual, física, verbal, económica y patrimonial, los feminicidios, entre muchos otros problemas, tienen repercusiones que afectan a quienes viven esas situaciones y a la sociedad en general.

La CNDH considera que las familias han demostrado capacidad adaptativa a los cambios económicos, políticos, educativos y culturales, que les ha permitido conservar cierta estabilidad para contribuir al desarrollo integral de quienes las conforman. Sean nucleares (padre/madre e hijos/as), extendidas (incluyen parientes como tíos/as, primas/os, abuelos/as), monoparentales (solo madre o padre y sus hijas/os), homoparentales (madres/padres del mismo sexo), entre otras, todas las familias constituyen el primer círculo social del ser humano.

El origen del Día Internacional de las Familias data de 1994, año que fue proclamado por la Asamblea General de la ONU como “Año Internacional de las Familias”, para celebrarlas y reflexionar sobre la importancia de su fortalecimiento.

Universalmente, la familia es considerada como la unidad básica de la sociedad y el espacio donde se generan los vínculos afectivos determinantes para toda la vida.

La ONU reconoce y afirma la importancia de ese núcleo en instrumentos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.