mar. Oct 15th, 2019

Insta CNDH al estado a adoptar las medidas sin comprometer los programas de servicios integrales para la atención de la salud

Luis Raúl González Pérez, aseguró que “no hay economía, ahorro o medida de austeridad que compense o justifique que la salud, la integridad o la vida de las personas se ponga en riesgo o se comprometa innecesariamente”

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) afirmó que los Estados deben asignar hasta el máximo de sus capacidades los recursos necesarios para que los derechos humanos sean vigentes, ya que es una obligación que subsiste aún frente a recortes o ajustes presupuestales y sin menoscabo de las medidas que adopten para propiciar el mejor y más efectivo manejo de los recursos públicos.

 

Para esta Comisión Nacional, hay campos en que la asignación de recursos públicos no puede depender solo de cálculos presupuestales o decisiones administrativas de carácter programático, como los servicios de salud pública, donde la falta de recursos económicos, materiales o de personal debidamente calificado implica la diferencia entre la salud o la enfermedad, y en casos urgentes entre la vida o la muerte de las personas. “No hay economía, ahorro o medida de austeridad que compense o justifique que la salud, la integridad o la vida de las personas se ponga en riesgo o se comprometa innecesariamente”.

 

La pobreza, hambre, corrupción y vulneración sistemática de los derechos humanos son obstáculos al desarrollo sostenible y no pueden permitirse si se desea alcanzar un nivel de vida digno para todas las personas, ya que a nivel mundial hay más de 780 millones de personas bajo el umbral de la pobreza, y en México hasta 2016 había 53.4 millones de personas en situación de pobreza y 9 millones más en pobreza extrema, además de que 40.6% de la población presenta al menos tres carencias sociales, siendo la seguridad social la más recurrente, con 80.1%.

 

Así lo expresó el Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, en el acto inaugural del Foro Internacional DESCA y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, organizado por la CNDH y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas, en que destacó la importancia de incorporar una perspectiva de derechos humanos en la materialización del Plan Nacional de Desarrollo y en la agenda pública de las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que “nadie se quede atrás”, y las y los mexicanos puedan ser y hacer vigentes por igual sus derechos.

 

Al hablar ante el Gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas; el Rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, Carlos F. Natarén Nandayapa; autoridades estatales y municipales, representantes de los poderes Legislativo y Judicial locales, los titulares de los Organismos Públicos de Derechos Humanos (OPDH) de las entidades federativas, Ombudsperson de Centroamérica y representantes de organismos internacionales, destacó que al fomentar derechos como a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; al acceso, disposición y saneamiento del agua; al trabajo decente y al salario digno, se influirá de manera positiva para resolver problemas graves que aquejan al país, como la pobreza, identificada como causa y consecuencia de violaciones a derechos humanos.

 

Tras mencionar que el incremento al salario mínimo a partir de diciembre pasado resultó significativo, apuntó que ha sido nuevamente rebasado por la línea de Pobreza Por Ingresos referida por el CONEVAL, y expresó que su progresión requiere mayor compromiso hasta lograr que los conceptos mínimo y digno cumplan a cabalidad el mandato constitucional, con apego a los instrumentos internacionales de los que México es parte y a la legislación en la materia.

 

Al inaugurar el Foro, el Gobernador Escandón Cadenas explicó que los DESCA son derechos humanos de nueva generación, pero de igual importancia que los anteriores. En su respeto y vigencia, dijo, todos tenemos la obligación de participar, y gobierno y ciudadanos deben hacer causa común en estos temas. Aseguró que Chiapas está en proceso y trabaja para hacer efectivos esos derechos, y anunció que el 5 de junio se reforestará el Cañón del Sumidero.

 

Sostuvo que todos tenemos la obligación de cuidar el planeta, y que el cambio climático lo tenemos encima, y ejemplo de ello son la proliferación de incendios forestales y los desastres en época de lluvias. Planteó que de 56 emergencias que se han declarado en Chiapas, 46 han sido por inundaciones.

 

El Rector Natarén Nandayapa señaló que en los DESCA muchas veces aceptamos ideas conceptuales erróneas, contrarias a nuestra idiosincrasia, y recomendó que debemos tener aduanas ideológicas para aceptar conceptos de acuerdo con nuestras necesidades e intereses. Dijo que el derecho al desarrollo debe ser prioritario y no una aspiración, y aseguró que no se puede hablar de derechos de segunda y tercera generación.

 

El Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas, Juan José Zepeda Bermúdez, aseguró que para los Organismos Públicos de Derechos Humanos no pasan inadvertidos los DESCA y el compromiso de atenderlos; señaló que son derechos decisivos para gobernantes y gobernados, aunque reconoció que se avizora para su cumplimiento un horizonte de largo plazo. Recomendó impulsar el debate para que el Foro aporte mejores ideas para el desempeño de los Ombudsperson de la región.

 

Posteriormente, la CNDH presentó la Recomendación 12/2019 sobre el incumplimiento de la conciliación respecto de la violación al derecho humano a un medio ambiente sano, por la falta de acciones para garantizar la protección y preservación del Parque Nacional Cañón del

 

Sumidero y sus alrededores, en agravio de los habitantes del municipio de Chiapa de Corzo, estado de Chiapas.

 

Puso en relieve que las autoridades ambientales no han desarrollado las acciones necesarias para la efectiva protección del patrimonio cultural y natural que conforma el Parque Nacional “Cañón del Sumidero”, por los impactos ambientales negativos ocasionados sobre los ecosistemas terrestres y la atmósfera, por la actividad de una empresa dedicada a la extracción y procesamiento de cal, además de que se pone en riesgo la salud de quienes habitan en las inmediaciones, por lo cual la CNDH acreditó la violación al derecho humano a un medio ambiente sano.

 

Reveló que, al analizar los resultados de diferentes investigaciones realizadas por instituciones públicas y académicas, la CNDH encontró que la cal esparcida en el ambiente es factor importante en el desarrollo de diversos padecimientos entre los habitantes, como afecciones en vías respiratorias y ojos, al igual que enfermedades de la piel. Por su parte, los vientos hacen que las partículas originadas por la operación de las canteras se depositen sobre la vegetación, alterando su crecimiento, volviéndola tóxica y ocasionando su muerte, además de que provocan contaminación atmosférica, que no ha sido debidamente atendida por las autoridades estatales.

Como parte de este Foro, también se llevaron a cabo el Conversatorio “El papel del Ombudsperson en la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. La Declaración de Mérida. Retos y Perspectivas”, y las Mesas “La Biodiversidad y las Comunidades Sostenibles ODS: Agua Limpia y Saneamiento; Ecosistemas terrestres y marinos; y, comunidades sostenibles; así como “El fortalecimiento del empleo y la protección del derecho humano al trabajo ODS: Fin de la pobreza, Trabajo decente y crecimiento económico”.

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