lun. Jul 22nd, 2019

La Secretaría de la Función Pública, encabezada por la Dra. Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, reconoce y celebra la aprobación por el Senado de la República del dictamen de la Ley Federal de Austeridad Republicana, que se orienta a acabar con los derroches y el abuso en el manejo de los recursos públicos, en favor de un mayor gasto para el desarrollo.

 

Una vez que concluya el proceso legislativo, la Función Pública, en el ámbito de su competencia, se compromete a vigilar como guardiana su correcta aplicación para hacer efectivos los principios de economía, eficacia, transparencia y honradez en la administración de los recursos públicos en beneficio de quienes más lo necesitan.

 

El dictamen aprobado en lo general por más de dos terceras partes de los senadores (74 votos a favor y 29 abstenciones), incorpora la austeridad como principio conductor de la administración y eje estratégico del gasto público, visión que ha impulsado el Gobierno de México a través de la Secretaría de la Función Pública.

 

Con su aprobación, la austeridad republicana se vuelve de observancia obligatoria para los servidores públicos y de aplicación transversal en todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

 

La Función Pública celebra también que los legisladores hayan retomado principios impulsados por esta dependencia para garantizar el derecho a una buena administración pública, al eliminar privilegios y derroches de la alta burocracia y reorientar los recursos a la atención de la población, independientemente de su estatus socioeconómico, lugar de residencia, condición migratoria, género, preferencias sexuales, ideología o religión.

 

Entre otros rubros, la Ley Federal de Austeridad Republicana elimina privilegios como la contratación de seguros privados de gastos médicos, de vida o de separación individualizada o colectiva y, principalmente, evita los gastos superfluos e innecesarios, reorientando el gasto a las funciones sustantivas del Estado, como la prestación de servicios y la protección de derechos sociales, sin crear más burocracia.

 

La aplicación de la Ley generará ahorros presupuestarios en las finanzas públicas nacionales, los cuales podrán destinarse a programas integrales de bienestar y proyectos de desarrollo comprometidos por el Gobierno de México que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Los ahorros se destinarán, de manera transparente y conforme al marco legal, a los programas contemplados por el Plan Nacional de Desarrollo.

 

Para combatir la corrupción, el Senado clarificó la prohibición de constituir fideicomisos en las áreas de: Salud, Educación, Seguridad Social, Seguridad Pública y Procuración de Justicia. Además, los senadores dieron un paso contundente para cerrar espacios a los conflictos de interés, al establecer que los funcionarios no podrán trabajar en empresas que hayan regulado, supervisado o de las que hayan tenido información privilegiada, salvo que hubiesen transcurrido al menos 10 años de separación de su cargo público.

 

En materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, prioriza su adjudicación a través de licitaciones públicas; si hubiera una excepción, ésta deberá justificarse plenamente ante los órganos internos de control, que dependen de la Función Pública.

 

La ausencia de votos en contra en lo general en ambas cámaras refleja la importancia y los beneficios que los legisladores reconocen en el proyecto, por lo que la Secretaría de la Función Pública aplaude la labor legislativa de todos los grupos parlamentarios en favor de una mayor rendición de cuentas en la Administración Pública.

 

Cabe recordar que el pasado 30 de abril de 2019, en sesión ordinaria, la Cámara de Diputados aprobó la Minuta de Ley con 387 votos a favor y 33 abstenciones. Ahora, esta Cámara deberá conocer sobre los cambios realizados en el Senado para discutirlos y, en su caso, aprobarlos para que pueda promulgarse esta Ley.

 

La Secretaría de la Función Pública, encabezada por la Dra. Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, reitera su compromiso de velar porque la Administración Pública Federal descanse sobre los cimientos de una sociedad más igualitarias y justa, al canalizar los ahorros al desarrollo productivo en beneficio de los que más lo necesitan y que las instituciones públicas adopten principios estrictos de austeridad y probidad.

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