lun. Jul 22nd, 2019

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó los proyectos de dictamen y resolución que presentó la Comisión de Fiscalización sobre irregularidades detectadas en los informes de ingresos y gastos relativos a las campañas de los cargos de gubernatura, presidencia municipal y diputaciones de los procesos electorales locales que se desarrollaron en Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, así como en el Proceso Electoral Extraordinario de Puebla.

El Consejero Presidente, Lorenzo Córdova Vianello subrayó que el modelo de fiscalización electoral funciona bien: “una vez más, en menos de 40 días, el Instituto Nacional Electoral da a conocer las cifras ciertas sobre el dinero invertido en las campañas electorales locales de 2019”.

Precisó que en las operaciones realizadas por los más de 800 contendientes de seis entidades con elecciones “se cumplió con las disposiciones fiscales, se contribuyó a la bancarización del financiamiento de la política y, de los cruces de información con la Unidad de Inteligencia Financiera, no se desprende que en las campañas locales de 2019 se hayan utilizado recursos de procedencia ilícita”.

Con los dictámenes consolidados, dijo, “el INE comprueba que a pesar del desafío técnico, logístico e informático que se le impuso con la reforma 2014, el sistema de fiscalización no solamente es posible, sino funcional, y en México se constata que la fiscalización a los recursos de los partidos políticos se realiza de la forma más exhaustiva y más puntual del mundo”.

Se registran 508.2 millones de pesos de ingresos y 503.5 millones de gastos y se imponen sanciones por 78.81 millones de pesos

El Presidente de la Comisión de Fiscalización, Benito Nacif detalló que en los informes se registraron 508.2 millones de pesos de ingresos y 503.5 millones de pesos de gastos de partidos políticos y candidaturas, distribuidos en 23 mil 608 operaciones.

La autoridad electoral impuso sanciones por un total de 78.81 millones de pesos que corresponden a 45 conductas infractoras.

Las cuatro conductas más sancionadas en los dictámenes fueron los egresos no reportados, que conllevan multas por 21 millones de pesos; ingresos no comprobados por omitir la presentación de documentación soporte, con sanciones de hasta 11.7 millones de pesos; aportaciones en especie de militantes y simpatizantes mayores a 90 UMA hechas en efectivo, con una sanción de 7.2 millones de pesos, así como gastos no reportados en representantes de casilla, cuyas sanciones ascienden a 4.08 millones de pesos.

Nacif Hernández dijo que en los seis estados en los que se celebraron elecciones hubo un total de 830 candidaturas, las cuales corresponden a siete partidos nacionales con acreditación local, 12 partidos locales y 11 candidaturas independientes.

Cada candidatura tenía la obligación de entregar un informe de gastos de campaña y sólo 16 no la entregaron. Es decir, hubo una tasa de cumplimiento de 98%. En todos los casos, incluso cuando no se presentaron informes, sí se registraron operaciones de ingresos y egresos en el Sistema Integral de Fiscalización.

El Presidente de la Comisión de Fiscalización, mencionó que tomando en cuenta los gastos reportados y no reportados advertidos por quejas y por los procedimientos de auditoría, se advirtió que 21 candidaturas rebasaron el tope de gastos de campaña en tres entidades: Aguascalientes, Puebla y Quintana Roo.

Tras revisar 28 quejas en materia de fiscalización se imponen sanciones a los partidos políticos por 5.7 millones de pesos

En otro punto de la sesión, el Consejo General conoció 28 proyectos de procedimientos oficiosos, administrativos sancionadores y de queja en materia de fiscalización, de los cuales determinó 13 fundados, 14 infundados y uno fue desechado.

El Presidente de la Comisión de Fiscalización, Benito Nacif explicó que desde que iniciaron las campañas y hasta el pasado 23 de junio se recibieron 52 escritos de queja, que se acumularon en 28 proyectos de resolución por economía procesal y conexidad con los hechos y posibles conductas infractoras que denunciaron los quejosos, por lo que se impusieron sanciones a los partidos políticos por 5.7 millones de pesos.

En la mayoría de los procedimientos la conducta denunciada fue el gasto no reportado y se desglosan de la siguiente manera:

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