Afirma CNDH que descalificación hacia periodistas promueven división social y agudizan violencia contra la prensa

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) subraya que la polarización social y la descalificación hacia algunos periodistas, alentadas desde sectores del gobierno, fomentan la división social y agudizan la situación crítica de violencia contra la prensa en México, por lo cual, hoy más que nunca, debe impulsarse el respeto absoluto a la crítica y a las opiniones diversas, así como evitar, disuadir y rechazar cualquier tipo de discurso amenazante contra comunicadores y medios. La consolidación democrática que requiere nuestro país depende, en buena medida, de alcanzar ese objetivo.

Para este Organismo Constitucional Autónomo, si bien la deliberación y la discusión públicas son parte importante de la vida en democrática y en ocasiones esos debates y críticas pueden ser vigorosos y hasta incómodos, ello no debe trascender a descalificaciones, estigmatizaciones o insultos hacia comunicadores y medios, sobre todo en circunstancias como las que enfrentamos desde hace años, de alta incidencia de violencia contra quienes ejercen el periodismo en el país.

La CNDH señala que realizar esas conductas en actos o ámbitos que son documentados y difundidos mediante plataformas digitales, así como por televisión y radio, implica que gran cantidad de sectores sociales y auditorios de muy distintos perfiles puedan replicar ese discurso agresivo y crear un contexto poco favorable para la libertad de expresión y, en consecuencia, fomentar las agresiones contra la prensa.

Lo mismo ocurre con los nuevos medios alternativos, como las redes sociales, respecto de las cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló recientemente que los servidores públicos no dejan de serlo al usar cuentas o perfiles personales, y mucho menos cuanto mediante ellos dan a conocer información sobre las actividades propias de su encargo. El servicio público debe verse como vocación y nunca como plataforma u oportunidad para denostar o descalificar a la prensa que no coincide con una postura, ideología o decisión de gobierno.

Los recientes insultos y descalificaciones de servidores públicos contra comunicadores en redes sociales ocurrieron de manera previa a diversos ataques en esas plataformas digitales contra periodistas, e incluso uno de ellos recibió una amenaza anónima en su domicilio, por lo cual no debe pasar inadvertido que tales agresiones se dan en el contexto del discurso amenazante de funcionarios que fomenta ambientes poco propicios para el ejercicio del periodismo e incrementa el riesgo de quienes lo ejercen.

Esta Comisión Nacional enfatiza, una vez más, que la libertad de expresión en México enfrenta un panorama de violencia que ha convertido a nuestro país en el más peligroso para ejercer el periodismo en el Continente Americano. Los 149 homicidios cometidos contra comunicadores desde el año 2000 y los 21 periodistas desaparecidos desde 2005 son la evidencia más terrible de ello.

Lamentablemente, en este contexto de alta violencia contra la prensa, en los últimos meses se han incrementado las descalificaciones hacia medios de comunicación y periodistas, provenientes en muchos casos de funcionarios del Estado, ante lo cual la CNDH afirma que si bien quienes ostentan un cargo público pueden ejercer su derecho a la libertad de expresión, la misma adquiere ciertas connotaciones y características distintas que cuando es ejercida por particulares.

Por ello, en los servidores públicos deben imperar la autocontención, tolerancia a la crítica y responsabilidad permanente ante la posición, poder de influencia y jerarquía que sus palabras y acciones tienen al interior de las instituciones en que laboran y en todos los sectores sociales que siguen o son influenciados por los discursos y determinaciones que lleven a cabo quienes tienen un cargo en cualquiera de los tres niveles de gobierno.

El respeto permanente hacia la prensa es un estándar aprobado internacionalmente y obligatorio para todos los servidores públicos. Al resolver el caso Perozo y otros vs. Venezuela, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CrIDH) analizó una serie de actos violentos de particulares contra un canal de televisión que incluyeron agresiones físicas contra reporteros que cubrían eventos públicos, daños a equipos del canal y ataques contra sus instalaciones mediante granadas de fragmentación.

Ello ocurrió en un contexto en que altos funcionarios del gobierno se refirieron a los trabajadores de ese canal como “enemigos del pueblo”, “fascistas” o “traidores”. Al respecto, la CrIDH señaló que el Estado vulneró los artículos 5 y 13 de la Convención Americana, relacionados con la integridad personal y la libertad de expresión, pues dichas declaraciones situaron a los empleados de ese medio de comunicación en una posición de mayor vulnerabilidad frente al Estado y a ciertos sectores de la sociedad.

La Corte señaló que las declaraciones públicas contribuyeron a exacerbar el clima de hostilidad, intolerancia y animadversión de ciertos sectores de la población hacia las víctimas, por lo que si bien los servidores públicos gozan de la libertad de expresión ésta debe sujetarse a ciertas connotaciones para evitar que sus declaraciones expongan a los periodistas a mayor riesgo de violencia.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos se mantendrá observante de la evolución de los acontecimientos y de la conducta de los servidores públicos hacia periodistas y medios de comunicación.