jue. Dic 5th, 2019

Tiempos de campaña y redes sociales, aspectos a considerar en ajustes a la ley electoral: Enrique Andrade

La autoridad electoral se ha enfrentado a la incursión de las redes sociales en los procesos electorales, pero están ausentes en la ley

Periodos y duración de precampañas y campañas diferenciados entre el ámbito federal y el local, la fiscalización de precandidaturas y candidaturas y la incursión de las redes sociales en los procesos electorales son aspectos que deberán analizarse en el contexto de un eventual ajuste a las normas electorales, consideró el Consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Enrique Andrade.

 

Al participar en la mesa “Campañas, Propaganda Electoral” del Seminario “Reforma Electoral, de cara al futuro inmediato”, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), recordó que en los comicios de 2018 existían calendarios diferenciados en el ámbito local en cuanto al inicio de precampañas y campañas, situación que complicó la organización de las elecciones y su fiscalización.

 

Por esta razón, el Consejo General del INE decidió ejercer la facultad de atracción para homologar las fechas de precampañas, intercampañas y campañas, y generar concordancia entre calendarios electorales.

 

“Nosotros no habríamos podido fiscalizar con este calendario tan diverso, y que nos estuvieran entregado informes de precampañas en momentos muy diferenciados. Esto fue una buena salida; no se reformó la ley, pero lo importante fue que tuvimos que ejercer esta facultad de atracción como autoridad nacional para poder homologar los tiempos de ley. Esta sería una de las cuestiones que valdría la pena dilucidar si sería bueno reformar o no los tiempos en que deben iniciar todas las elecciones”, dijo.

 

Otro de los temas a considerar, señaló, es la conveniencia de reducir el periodo de intercampañas, que comprende del día siguiente que concluyeron las precampañas, hasta el día anterior al inicio de las campañas.

 

“Vienen todas las impugnaciones en contra de los registros y aquí, el tema interesante es que después de estas impugnaciones, van al Tribunal Electoral Local, luego a la Sala Regional Local y termina hasta la Sala Superior, entonces este tiempo, la verdad, es que apenas da para impugnaciones y que la Sala finalmente decida”, explicó.

 

La reelección de cargos, principalmente a nivel municipal, también plantea desafíos respecto a la fiscalización de la propaganda electoral y su diferenciación de la propaganda gubernamental. “Lo que se va a tener que fiscalizar son los actos que supuestamente son de gobierno y que se van a convertir en actos de campañas para el presidente municipal que se va a reelegir”, afirmó.

 

La autoridad además se ha enfrentado a la incursión de las redes sociales en el ámbito electoral, y la ausencia de cualquier referencia a éstas en la normatividad actual, reconoció el Consejero Andrade. Asimismo, precisó que si bien la fiscalización que realiza el INE sobre la participación de actores políticos y candidatos en redes sociales al tenor de la contienda electoral ha mejorado, existen fenómenos como el uso de “robots” que deben analizarse y buscar alternativas para evitar que afecten el desarrollo y resultado de una elección.

 

“Son conductos, como hemos visto últimamente, de discursos de odio, de campañas de división social, etcétera, que eso también se van a dar en las campañas y luego el problema es que después de la jornada electoral, la sociedad sigue igual de dividida y pocas veces alguien se preocupa por unir a esa sociedad”, agregó.

 

Durante la mesa, el especialista Miguel Ángel Lara resaltó que, en el combate a la desinformación, se deben evitar regulaciones de las redes sociales que limiten la libertad de expresión, como tampoco se deben penalizar ni responsabilizar a los intermediarios que comparten la información falsa, pues podrían no saber que es incierta. En su lugar, urgió por la alfabetización digital para generar consumidores más capacitados.

 

Por su parte, la especialista Fabiola Navarro, del Observatorio de la Corrupción y la Impunidad, dijo que el tema de la propaganda gubernamental debe ser analizado más allá del ámbito electoral pues tiene implicaciones incluso en el ámbito penal.

 

En su intervención, el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y moderador de la mesa, Hugo Concha, dio lectura a la ponencia de la especialista Jacqueline Peschard, en la cual propuso analizar la sobrerregulación existente de la propaganda electoral.

 

“Resulta pertinente reducir la sobrerregulación de propaganda electoral para despresurizar las autoridades, quitándoles la tarea de revisar los contenidos de la propaganda electoral para dictaminar si cumplen las reglas, para que sean los ciudadanos quienes analicen los mensajes de candidatos y partidos, para que midan la calidad de la propaganda y, en función de ello, decidan su voto”, sugirió Peschard.

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