22 de diciembre de 2024

Participa Javier Corral en reunión de Conago con titular de la Fiscalía General de la República

Plantea el Gobernador de Chihuahua la necesidad de precisar los campos de acción de la Guardia Nacional, clasificar de manera homologada los delitos y unificar el instrumento para compartir información estadística de seguridad entre los órdenes de Gobierno

El establecimiento preciso de los campos de acción de la Guardia Nacional y de las policías estatales, la clasificación homologada de delitos y la necesidad de unificar el instrumento para compartir información estadística de seguridad entre los órdenes de Gobierno, fueron los principales aspectos que abordó el gobernador Javier Corral en la Reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) con el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero.

 

A la reunión de trabajo realizada en las instalaciones de la FGR en Ciudad de México, asistieron gobernadores, fiscales y procuradores del país para definir estrategias para una mayor y mejor cooperación en la lucha contra la delincuencia, así como la coordinación con la Guardia Nacional en las entidades federativas.

 

En su participación, el gobernador Javier Corral se pronunció porque se establezcan con precisión los campos de acción de la Guardia Nacional y de las corporaciones policiacas de los estados, ya que su eficacia radica en la coordinación de acciones y responsabilidades con las autoridades estatales.

 

Destacó la relevancia de modernizar el convenio de la Fiscalía General de la República con las entidades federativas para determinar hasta dónde se deben reformar las bases del Sistema Nacional de Seguridad Pública, porque antes se incluía en él la antigua Procuraduría General de la República y ahora, en función de su autonomía, la Fiscalía General de la República está separada, ya que se busca distinguir las tareas de seguridad pública con la investigación de delito.

 

Dijo que no obstante está de acuerdo con esta decisión, en el Sistema Nacional se deben establecer con claridad en qué medida la FGR debe participar, por ejemplo en materia de intercambio de información.

 

El mandatario chihuahuense enfatizó que es preciso hacer un consenso entre la instancia federal y los estados, para la correcta clasificación de los delitos del orden local, y los del orden federal, toda vez que en el Sistema Nacional se ha venido trabajando en un nuevo modelo de incidencia estadística y prevalencia delictiva, y en este aspecto se requiere el apoyo de todas las partes involucradas.

 

También expuso que se debe determinar cuál es el formato mediante el cual se debe clasificar y compartir esa información entre las instancias, aspecto en el cual cobra una gran importancia el Informe Policial Homologado (IPH), que ya fue autorizado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, y es clave para el protocolo de actuación de la nueva Guardia Nacional a fin de que exista un sistema homogéneo en todo el territorio nacional.

 

Javier Corral señaló que para poner en práctica el IPH se requiere de la capacitación de todos los policías, tanto del ámbito federal como de los estados.

 

Por su parte, el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, respondió afirmativamente a las propuestas del gobernador de Chihuahua para trabajar de manera conjunta en la clasificación de delitos, estadísticas, e intercambio de información, siempre basados en el respeto de la soberanía de cada orden de gobierno.

 

Añadió que es conveniente que tanto el gobierno federal, como el de los estados se sometan a un órgano externo para validar las estadísticas.

 

En su participación, el gobernador de Querétaro y actual presidente de la Conago, Francisco Domínguez Servién, agradeció al titular de la FGR la voluntad de reunirse con los gobernadores, para definir el marco legal en el cual la Guardia Nacional va a trabajar tanto con las autoridades de cada uno de los estados, como con la FGR.

 

Dijo que más allá de la soberanía de cada estado, es preciso que cada gobierno estatal trabaje de manera conjunta con la autoridad federal, con responsabilidades claramente definidas, para obtener mejores resultados en la batalla contra el crimen.

 

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