SFP y Cofece firman convenio para combatir la corrupción en contrataciones públicas

Tras subrayar que las relaciones de complicidad y la corrupción crean condiciones para monopolios, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, llamó a fortalecer la política de competencia económica y separar los intereses públicos de los privados para incentivar que las empresas crezcan con base en su productividad y no en privilegios que les permiten dominar el mercado.

La secretaria Sandoval Ballesteros participó en la apertura del Foro “Combatir la corrupción con más competencia: responsabilidad entre autoridades y empresa”, en la sede de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), donde también firmó un Convenio de Colaboración con la consejera presidenta de este organismo autónomo, Alejandra Palacios Prieto.

Destacó que tanto monopolios como oligopolios esperan protección para impedir la entrada de nuevos competidores al mercado, y dijo que el costo de esos privilegios, como el de la corrupción, “lo pagamos todos los ciudadanos”.

Ejemplificó que en México los precios en alimentos básicos, medicinas, construcción y transporte son casi el doble de lo que serían si hubiera más competencia, y refirió que las familias pierden, en promedio, 17% de sus ingresos por la concentración de los mercados.

Ante ello, urgió a ligar la política anticorrupción con la de competencia en acciones como el Convenio de Colaboración que hoy se firmó, mediante el cual, explicó, “vamos a trabajar de cerca, para que la Cofece pueda reportarnos a tiempo sus investigaciones en materia de competencia y la Función Pública pueda investigar y sancionar a quienes se coluden en contrataciones públicas”.

Abundó que compartirán experiencias para identificar actos de colusión en las compras públicas que no sólo afectan la estabilidad y equidad del mercado, sino la eficiencia del gasto público que debe priorizar el bienestar de la sociedad.

Puntualizó que la Función Pública y la Cofece impartirán capacitaciones conjuntas para mejorar la investigación de particulares que se coludan para afectar el interés público, y cerrar las puertas a la impunidad.

Recordó que, en esta tarea, en la actual administración la Función Pública sancionó ya a 136 empresas, inhabilitó a más de cien y aplicó multas por más de mil 400 millones de pesos por irregularidades en procesos de contratación. Además, en sus primeros siete meses inició más del doble de investigaciones que en los últimos 11 meses del año pasado.

Por su parte, la comisionada presidenta de la Cofece, Alejandra Palacios Prieto, afirmó que en México es reiterada la cobertura mediática sobre contrataciones públicas dirigidas y corrompidas en todos los órdenes de gobierno, por ello es relevante inyectar competencia en la compra gubernamental.

Refirió que, hasta el momento, las sanciones impuestas por ese organismo autónomo en este mercado sólo han involucrado al sector privado, por lo que también deben ser revisados por la Función Pública para determinar si en estos casos, además de empresas, participaron funcionarios públicos como parte de una red de corrupción. De ahí la relevancia del convenio entre ambas instituciones, pues la coordinación entre ellas es fundamental. Esta es una responsabilidad compartida que debe incluir a las empresas.

La secretaria Sandoval Ballesteros ratificó el compromiso de la Función Pública por lograr la integridad en la vida política, económica y social como parte de una tarea que convoca a todos y que se expresa en la suma de esfuerzos y unión de voluntades con el resto de los poderes públicos, con los organismos autónomos como la Cofece y, sobre todo, con la sociedad.

Por la Función Pública participaron en el foro Ares Nahím Mejía Alcántara, titular de la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Intereses, y María Guadalupe Vargas, directora general de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas

Al acto asistió también la presidenta de la Cámara Internacional de Comercio en México, María Fernanda Garza.