Quién es Martha Camacho y por qué el Gobierno de México le ofreció una disculpa pública

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ofreció hoy en nombre del Estado mexicano una disculpa pública a Martha Alicia Camacho Loaiza, sobreviviente de la llamada «Guerra Sucia» de las décadas de 1960 y 1970.

Con este acto, llevado a cabo este lunes 23 de septiembre en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, el actual gobierno federal reconoce la responsabilidad del Estado en violaciones graves a los derechos humanos durante dicha etapa.

Martha Camacho Loaiza, ex militante de la Liga comunista 23 de Septiembre, fue secuestrada y torturada por militares junto con su esposo en 1977 en Sinaloa.

Según las investigaciones, los responsables fueron por soldados de la IX Zona Militar, policías estatales y miembros de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS).

Para entender mejor el caso de Martha Camacho…

Luego del movimiento estudiantil de 1968 y la masacre de Tlatelolco, en todo México comenzaron a surgir grupos reaccionarios que, al ver que el gobierno de México había cerrado la puerta al cambio por la vía pacífica, decidieron tomar acciones más allá de las marchas.

La Liga Comunista 23 de septiembre fue uno de los grupos más conocidos de la época, debido a que algunos de sus integrantes realizaron crímenes como secuestros, robos bancarios y asesinatos para conseguir recursos que les permitieran financiar su movimiento, el cual le declaró la guerra al Estado y buscaba combatir el capitalismo.

Esto provocó que el Gobierno de México emprendiera una cacería en contra de los miembros de ese grupo catalogado como guerrillero, incurriendo en actos ilegales como tortura, desaparición forzada, secuestro y asesinatos extrajudiciales. A eso es a lo que se le conoce como «la guerra sucia» de los 70.

Martha Camacho y su esposo José Manuel Alapizco Lizárraga fueron militantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre; en el contexto de la Guerra Sucia, fueron detenidos el 19 de agosto de 1977 en Culiacán, Sinaloa, por soldados de la IX Zona Militar, policías estatales y miembros de la Dirección Federal de Seguridad (DFS).

Martha fue torturada durante 49 días en la Novena Zona Militar en Culiacán; obligada a presenciar la tortura y ejecución arbitraria de su esposo –cuyo cuerpo fue desaparecido– y a dar a luz en condiciones infrahumanas.

Recuperó su libertad tras pagar un rescate y se convirtió en una de las pocas sobrevivientes de estos hechos.

Tras la creación en 2001 de la Fiscalía Especializada en Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), Martha Camacho, con el acompañamiento del Centro Prodh, interpuso el 22 de mayo de 2002 una denuncia por el asesinato y desaparición forzada de José Manuel y por tortura y desaparición forzada consumada de ella misma.

Más de diez años después, el 7 de febrero de 2013, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales de la PGR notificó a Martha el no ejercicio de la acción penal alegando que los delitos denunciados –homicidio, allanamiento de morada, abuso de autoridad y privación ilegal de la libertad, encuadrados en el fuero común– habían prescrito.

Martha Camacho y su hijo promovieron un juicio de amparo indirecto bajo el número 227/2013, argumentando que en el contexto de la Guerra Sucia se cometieron ataques sistemáticos contra un sector de la población que, por su gravedad, constituyen delitos de lesa humanidad, los cuales no prescriben y deben ser investigados y sancionados; también se argumentó que durante varios años la investigación efectiva de estos delitos no era posible debido a las condiciones generadas por el régimen político.

El juzgado concedió el amparo el 29 de julio de 2014 y señaló que en la averiguación previa existían suficientes elementos -incluyendo el “Informe Histórico a la Sociedad Mexicana” de la Femospp– para considerar que durante la Guerra Sucia se habrían cometido violaciones a derechos humanos que pueden ser constitutivas de delitos de lesa humanidad, que por su gravedad son imprescriptibles y que determinar el no ejercicio de la acción penal impide conocer la verdad histórica y la reparación real y efectiva a las víctimas.

La PGR recurrió la decisión, pero una sentencia de fecha 13 de julio de 2015, dictada dentro del Amparo en Revisión 209/2014, confirmó el amparo y estableció que la PGR debía investigar con diligencia: en el caso de José Manuel Alapizco, la desaparición forzada y asesinato; en el caso de Martha Camacho, tortura.

A la fecha, la investigación sigue abierta.

Actualmente, Martha Camacho es presidenta de la Unión de Madres con Hijos Desaparecidos de Sinaloa (UMHDS).