9 de octubre de 2024

Llaman a Procuradurías del Trabajo y Juntas de Conciliación a orientar y facilitar cambios de estatutos sindicales

Exhorta el Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma Laboral, a acelerar el proceso que concluye el 1 de enero de 2020

Durante la segunda sesión del Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y presidenta del órgano colegiado, propuso exhortar a las Procuradurías estatales de la Defensa del Trabajo y a las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje a que brinden orientación y facilidades a sindicatos locales para que adecúen sus estatutos e incluyan procedimientos de democracia sindical, transparencia, rendición de cuentas y paridad de género.

 

En la reunión celebrada en las instalaciones de la dependencia federal, Alcalde Luján recordó que la Reforma Laboral establece un plazo máximo de hasta 8 meses para que los sindicatos incluyan el voto personal, libre, directo y secreto de los trabajadores en sus procedimientos de elección de dirigentes, así como otras garantías en materia de rendición de cuentas y paridad de género, conforme a lo previsto en el nuevo modelo laboral, promulgado el pasado 1 de mayo.

 

Asimismo, informó que, desde el lanzamiento de la plataforma para la Legitimación de Contratos Colectivos de Trabajo Existentes, (https://legitimacioncontratoscolectivos.stps.gob.mx/), se han registrado 43 sindicatos para llevar a cabo este proceso, de los cuales siete tienen programada ya su fecha de consulta y seis más ya la realizaron.

 

En este caso, la encargada de la política laboral del país señaló que los sindicatos tienen un plazo de hasta cuatro años para este proceso, que consiste en consultar a los trabajadores mediante el voto personal, libre, directo y secreto si aprueban o no el contenido de su contrato colectivo de trabajo.

 

El Consejo de Coordinación aprobó también los criterios generales para la transferencia de archivos registrales de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, con el objetivo de cumplir con las obligaciones del nuevo modelo laboral y contar con criterios homogéneos que permitan la identificación y transferencia eficaz de los expedientes.

 

La presidenta del órgano colegiado dijo que dichos criterios homologan y precisan las directrices para la transferencia de los expedientes al organismo encargado de realizar el registro único de organizaciones sindicales, contratos colectivos y reglamentos interiores de trabajo.

 

Para la transferencia de los expedientes, dijo, se estableció un procedimiento que consta de tres fases fundamentales: preparación documental, en la que el remitente elaborará una relación completa de todos los registros en su poder con su respectivo soporte técnico y certificación; de entrega de expedientes, en la que se realizará la entrega física de los expedientes al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral; y de revisión, en la que la autoridad receptora verificará la documentación física y electrónica.

 

Por último, destacó que 25 entidades federativas ya instalaron sus grupos interinstitucionales e invitó a quienes no los hayan conformado, hacerlo a la brevedad, pues serán ellos quienes deberán realizar las reformas necesarias a la legislación local para adecuarla al nuevo marco federal; ordenar, clasificar y digitalizar los expedientes de registro de sindicatos y contratos colectivos que se encuentran en las Juntas locales para su transferencia al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral; y elaborar presupuestos racionales y suficientes para implementar el nuevo modelo laboral en las diez entidades federativas que comprenden la primera etapa de implementación, entre otros.

 

Sobre este último punto, debe destacarse que el representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Lic. Carlos Romero Aranda, Procurador Fiscal de la Federación, anunció que existirá acompañamiento presupuestal federal para que las diez entidades que conforman la primera etapa de implementación pongan en marcha sus Tribunales laborales y Centros de Conciliación locales en el último trimestre de 2020.

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