La secretaria Eréndira Sandoval celebró la aprobación de la Ley Federal de Austeridad Republicana

La secretaria Irma Eréndira Sandoval Ballesteros celebró la aprobación de la Ley Federal de Austeridad Republicana por el pleno de la Cámara de Diputados, la cual fue empujada desde la dependencia a su cargo, y manifestó que “busca frenar los derroches burocráticos del gobierno, ampliar la cobertura progresiva de los derechos sociales y prevenir el conflicto de interés y combatir la corrupción”.

Señaló que estas medidas, que ya aplica el Gobierno de México, han generado resultados, como la devolución de 8 mil 338 plazas de mando y enlace, la reducción de 30% en el costo de mil 928 plazas de gabinete de apoyo y la desaparición de 629 direcciones generales adjuntas.

Refirió que “la relevancia de la ley radica en que considera a la austeridad de Estado como un modo de vida democrático sustentado en el interés general y en la entrega al cumplimiento del mandato popular”, y reconoció el compromiso de los legisladores de ambas cámaras del Congreso de la Unión con un ejercicio presupuestal sin derroches y de una absoluta vocación social.

Destacó “la adopción por el Congreso de la Unión de principios impulsados por la Función Pública que garantizan una administración pública sin gastos superfluos, ni privilegios en los altos mandos de la esfera gubernamental, y con una reorientación de los recursos a los programas sociales y de bienestar, al desarrollo y a la atención de los sectores más vulnerables”.

Con su aplicación, la Ley Federal de Austeridad Republicana generará ahorros presupuestarios que se podrán destinar a programas integrales de bienestar y proyectos de desarrollo comprometidos por el Gobierno de México y, de manera transparente y conforme al marco legal, a los programas contemplados por el Plan Nacional de Desarrollo.

La ley, aprobada por mayoría, establece que cada año fiscal las dependencias entregarán un reporte de los ahorros obtenidos para ser evaluados y mejorar futuras políticas de austeridad republicana.

Para privilegiar el interés público sobre el privado, la ley establece, entre otros puntos, un periodo mínimo de 10 años para que las personas servidoras públicas puedan asumir algún puesto en empresas a las que haya supervisado, regulado o de las cuales hayan obtenido información privilegiada durante el ejercicio de su encargo público, lo que cierra el paso a hechos de corrupción.

En ese mismo sentido, un punto trascendental de esta legislación es que para ocupar cualquier cargo público las personas interesadas deberán separarse legalmente de los activos intereses económicos particulares relacionados con la materia del encargo al que aspiran y que impliquen un conflicto de interés, conforme a lo referido por la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

En torno a la promoción del bienestar, la nueva ley prohíbe, de manera expresa, que las medidas de austeridad afecten negativamente los derechos sociales de la población mexicana previstos en la Constitución Política y en los tratados internacionales firmados por México, como la educación, la salud, la vivienda y el medio ambiente, así como los derechos de los pueblos indígenas.

Señala que el Gobierno ajustará sus estructuras orgánicas con base en los principios de racionalidad y austeridad republicana, evitando duplicidades y atendiendo las necesidades de mejora y modernización de la gestión pública, por lo cual se eliminan las plazas con nivel de dirección general adjunta que no ejerzan facultades previstas expresamente en la ley o reglamento.

Además, únicamente podrán contar con secretario particular los titulares de dependencias o entidades y sólo se permitirá contar con chofer a secretarios y subsecretarios de Estado. Y prohíbe la compra o arrendamiento de vehículos de lujo, y en caso de requerirse uno de modelo específico para desarrollar tareas indispensables para el área de la que se trate, su adquisición se realizará previa justificación.

También queda prohibida la adquisición y renta de equipos y sistemas de cómputo sin justificación. Asimismo, elimina privilegios como la contratación de seguros privados de gastos médicos, de vida o de separación individualizada o colectiva y, principalmente, evita los gastos superfluos e innecesarios, reorientando el gasto a las funciones sustantivas del Estado, como la prestación de servicios y la protección de derechos sociales, sin crear más burocracia.

En el caso de la contratación de consultorías, estudios o investigaciones, éstas se realizarán exclusivamente cuando no puedan realizarse por servidoras y servidores públicos y sean indispensables para el cumplimiento de los programas autorizados.

La ley aprobada también establece que el gasto en propaganda o publicidad oficial se ajustará a lo estrictamente indispensable para cumplir con los fines informativos necesarios. Además, a excepción de las áreas de seguridad nacional e impartición de justicia, se prohíbe las delegaciones en el extranjero y deja el resto de las representaciones a la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Como medida de prevención, prohíbe la constitución o celebración de fideicomisos o mandatos en materia de salud, educación, procuración de justicia, seguridad social y seguridad pública, a excepción de los previstos en ley, decreto o tratado internacional. En los otros sectores sólo se podrán constituir con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La secretaria Sandoval Ballesteros reiteró su compromiso con el pueblo de México de ser garante de un Gobierno sin corrupción, derroches ni privilegios, prevenir los actos de corrupción y combatir la impunidad, e impulsar que la Administración Pública Federal adopte y cumpla con los principios de austeridad y probidad que exige el presidente Andrés Manuel López Obrador.