La democracia no puede permitir la restricción de la participación de las mujeres en política: Jaime Rivera

No puede haber democracia auténtica cuando más de la mitad de la población se encuentra en condiciones de desventaja, exclusión o con restricciones de participación en la vida política por razones de género, afirmó el Consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Jaime Rivera Velázquez.

Al participar en el “Foro Nacional Enfrentando la violencia política contra las mujeres para garantizar la #ParidadEnTodo”, planteó que en este debate se deben establecer alternativas efectivas para redefinir las estructuras de poder y para la tipificación de los delitos contra las mujeres que participan en política.

“Si las mujeres no son reconocidas en las estructuras de poder, necesitamos redefinir al poder por uno inclusivo y plural que refleje en su composición la riqueza y diversidad de la sociedad mexicana”, señaló.

El Consejero Rivera dijo que para alcanzar la paridad en todo, se debe denunciar y combatir conductas contra las mujeres que participan en política.

“Esperamos que en este foro salgan normas más específicas, mecanismos de comunicación y de coordinación interinstitucional para hacer efectivas esas normas que protegen a las mujeres de la violencia política, pero que tienen que traducirse en acciones, en políticas, en normas y en mucha vigilancia para hacerlas efectivas”, indicó.

En la Casa de la Cultura “Jaime Sabines”, ante  la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, Wendy Briceño Zuloaga; la secretaria de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República, Blanca Piña Gudiño;  la titular de la Dirección  General de Igualdad de Derechos y Paridad de Género del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Maricela Mendoza Ruiz; la Directora General para una Vida Libre de Violencia y para la Igualdad Política y Social del INMUJERES, Fabiola Alanís Sámano y la Directora General de Política Criminal y Vinculación de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), María de los Ángeles Lozano, el Consejero Rivera planteó que la inclusión de las mujeres en ámbitos de la vida social y pública, constituye uno de los grandes avances de la democracia en el siglo XXI.

La demanda por reconocer los derechos de las mujeres inició en el plano electoral con el derecho al voto y para vencer resistencia se ha requerido de imaginación y persistencia.

El Consejero del INE subrayó que en los últimos 14 años, el número de mujeres parlamentarias se ha incrementado en el Continente al pasar del 13 por ciento en 1995, al 21 por cierto en 2019, mientras que México -después de las elecciones del 2018-, se colocó en el cuarto lugar con el mayor porcentaje de mujeres en el parlamento.

Lamentó que este incremento en su participación pública, también ha traído como consecuencia el aumento de la violencia contra las mujeres que disputan o ejercen un cargo público.

“Líderes partidistas, adversarios políticos, incluso comunicadores y funcionarios públicos han ejercido a veces algún tipo de violencia contra mujeres que disputan o ejercen algún cargo público y estas conductas deben ser sancionadas”, afirmó.

El Consejero Rivera reiteró el compromiso del INE para garantizar los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia; por la ampliación de los derechos políticos, así como para evitar cualquier forma de discriminación basada en estereotipos y agresiones.

Se avanza en un dictamen que regule la violencia política por razón de género

En el foro, la Directora General de Política Criminal y Vinculación de FEPADE, María de los Ángeles Lozano, señaló que cada minuto cerca de 72 mujeres son víctimas de algún tipo de violencia y coincidió con el Consejero Jaime Rivera en la urgencia de que las mujeres ejerzan plenamente sus derechos políticos.

Enseguida, la diputada Wendy Briceño Zuloaga, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, anunció que a mediados de este mes se tendrá la votación de un dictamen elaborado a partir de ocho iniciativas, en las comisiones unidas de Igualdad de Género y Gobernación, para lograr la regulación de la violencia política en razón de género, como una modalidad de la violencia contra las mujeres dentro de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Además, abundó, se modificarán diversas leyes, como consecuencia de la armonización de ordenamientos jurídicos, en los que se establece como agravante de los delitos electorales, la violencia política en razón de género y en caso de que ésta sea perpetrada por funcionarios electorales o candidatos a cualquier puesto de elección popular, se determinará la inhabilitación para ocupar un cargo dentro de la administración pública.