Hablar de la participación de la sociedad en los temas de la agenda pública, como lo es en los temas de seguridad y prevención del delito, comprende las diferentes formas de expresión que se sustentan en un gran abanico de contenidos y enfoques, a través, de los cuales, se generan alternativas que deben incidir en la gestión de la toma de decisiones sobre los asuntos públicos.

Este proceso de participación social durante la transición hacia procesos más democráticos en México, ha hecho más evidente la necesidad de contar con mejores maneras y canales de participación de la sociedad, más allá de solamente acudir a emitir el voto en procesos electorales.

La capacidad para participar en las decisiones de interés nacional que dan forma a la vida y entorno social, es considerada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como “un derecho humano fundamental”.

Sin embrago, “la experiencia de las últimas décadas pone en evidencia las limitadas posibilidades de un gobierno democrático en contextos donde el régimen coexiste con altos niveles de exclusión y desigualdad y que no ha sido capaz de superar las limitaciones impuestas por el modelo de democracia representativa”.

En este contexto, durante los últimos años las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) han ganado espacios representativos de expresión, colaboración y participación con organismos públicos, con otras OSC de la misma naturaleza y con la sociedad en general, convirtiéndose en operadores estratégicos para gestionar la solución de los problemas que demanda la sociedad, como la falta de seguridad y acciones efectivas en materia de prevención del delito.

Lo anterior, nos lleva a considerar que para que prevalezca la prevención del delito, debemos estar en el entendido de que todos somos responsables de la seguridad en nuestras ciudades. Entonces la pregunta a contestar es: ¿Dónde ponemos a México? En la Prevención o en la Reacción con Represión.

Debemos de ponerlo en la prevención y cambiar nuestra forma de participación en la sociedad para que nos apoyemos en la solución de los grandes problemas como la violencia y la inseguridad. Estos son los primeros puntos clave:

• Incluir a todos los habitantes en las acciones que emprenda el gobierno para la prevención de la violencia y del delito:

Todos queremos ser escuchados y que nuestras demandas sean cumplidas al 100 por ciento por las autoridades gubernamentales. Sin embargo, como ciudadanos así como tenemos derechos, tenemos obligaciones que no siempre estamos dispuestos a cumplir.

La participación es sustancial para moderar y controlar el poder de los representantes políticos y gubernamentales, hoy la sociedad se debe hacer escuchar para participar de forma activa en la toma de decisiones para establecer las acciones más óptimas que realmente resuelvan la problemática y permitan ser observadas y auditadas por la sociedad.

• Que las personas entiendan a la prevención como un derecho al conocimiento y a la práctica de acciones tendientes a disminuir la condición de víctima:

El combate al delito actualmente no sólo se debe enfrentar desde la reacción operativa de la seguridad pública, sino desde el mismo entorno social, a través del análisis de los factores sociales, comunitarios y situacionales que inciden para que se cometan actos fuera de la ley, pero lo más importante es que las personas conozcan dichos factores para poder actuar, dejar de sentirse y/o ser víctimas.

A la mayoría de los mexicanos los mecanismos como lo son la asamblea ciudadana y la organización entre vecinos se consideran poco efectivas, ya que la mayoría de las personas no están dispuestas a dar su tiempo y trabajo en beneficio de los demás y consideran que la responsabilidad total sigue siendo de los gobiernos en proporcionar la “seguridad total”. Pero el problema más grave es que no hay confianza.

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, realizó una encuesta en vivienda a nivel nacional del 27 de noviembre al 8 de diciembre del 2017 y que fue presentado en 2018, sobre el tema de seguridad y participación ciudadana, los resultados son algo desalentadores:

El 78 por ciento está de acuerdo con que los problemas sociales deben ser resueltos con la participación de la sociedad y el gobierno, pero sólo 1 de cada 4 personas (25 por ciento) está de acuerdo con que la sociedad debe resolver los problemas sin la necesidad de recurrir al gobierno. 

En este sentido, más de la mitad de los entrevistados (56 por ciento) considera que los problemas de la sociedad deben ser resueltos por el gobierno, cuando existen problemáticas que pueden ser resueltas a través del diálogo y la solución pacifica de conflictos entre los propios vecinos.

Dos de cada tres (65 por ciento) ciudadanos entrevistados consideraron que es difícil organizarse con otras personas para trabajar en una causa en común y una de cada cuatro personas (25 por ciento) ha asistido a marchas o protestas no relacionadas con partidos políticos o elecciones. 

Y sólo el 32 por ciento se ha organizado con otras personas para resolver un problema que les afecte. Es decir, que solamente una tercera parte de la población está dispuesta a unirse a otros por causas sociales en beneficio de los demás.

Si bien los mecanismos de participación ciudadana que nos brindan los gobiernos no son los más óptimos, de nosotros depende que se perfeccionen. Debemos empezar por respetarnos, organizarnos, dialogar, hacer consensos y solamente unidos podremos juntarnos en una sola voz que sea escuchada y así seremos parte de la real toma de decisiones. 

El objetivo de la participación social es mejorar nuestra vida pública.

• Mercedes Escudero Carmona es originaria del Distrito Federal y reconocida como una de Los 300 Líderes más Influyentes de México en 2017, 2018 y 2019.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la FCPyS de la UNAM; con Maestría en Comunicación y especialización en comunicación política e institucional, por la Universidad Iberoamericana.

Actualmente, es Presidente de la organización CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design) Capítulo México de la Internacional CPTED Association (ICA), además de desempeñarse como Investigadora y Directora General del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana y Humana SC.