OPINIÓN | Extorsión, más allá de los casos denunciados y difundidos

Han pasado casi 20 años de la primera extorsión telefónica de la que se tiene registro en México y por más avances de la autoridad en sus protocolos de atención, la personas que reciben las llamadas de este tipo siguen cayendo en el juego y pagando, incluso poniendo en riesgo su integridad física al ser obligados a salir de sus casas a partir de información falsa, como ha sucedido en casos recientes.

Una de las razones por las que se sigue cometiendo este tipo de delitos es que la gente continúa pagando, por lo que los extorsionadores seguirán llamando desde distintos puntos de la geografía nacional, incluyendo los centros penitenciarios, esperando que alguien sea sorprendido y les entregue una cantidad de dinero sin mayor riesgo, ya que menos del 0.2% a nivel nacional se denuncia.

Si a esto le agregamos la dificultad para detener, consignar y sentenciar a los presuntos responsables de estos ilícitos por parte de la autoridad, este porcentaje resulta mucho menor y el nivel de impunidad aumenta a prácticamente el 100%, lo cual se vuelve el mejor incentivo para delinquir bajo esta modalidad.

Un tercer elemento a favor de quien comete este delito es que la mayoría de la gente no está preparada para hacer frente a este tipo de situaciones, ya que por la rapidez con que suceden y la presión que ejercen los delincuentes, desestructuran a cualquiera y termina entregando hasta lo que no tiene e incluso reconociendo a hijos que no ha procreado.

Ante esta realidad avasallante, cualquier protocolo de atención resulta insuficiente, por lo que este ilícito lejos de disminuir, ha aumentado y empezado a afectar a amplios sectores de la población, incluyendo a quienes laboran en medios de comunicación.

Cabe precisar que los citados protocolos fueron incorporados formalmente en todas las Unidades Especializadas para el Combate al Secuestro (UECS) de los estados y el Distrito Federal, integradas como resultado del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad signado por los tres niveles de gobierno, los tres poderes de la Unión y representantes de la sociedad civil organizada el 21 de agosto de 2008 en Palacio Nacional.

De hecho, algunos de los participantes en ese histórico evento hoy fungen como servidores públicos a nivel federal, tal es el caso del Secretario de Relaciones Exteriores y en aquel entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, mientras que otros siguen participando desde la sociedad civil como el empresario Alejandro Martí, pero la escala de prioridades de dichos personajes a todas luces es muy distinta a la de aquel entonces, por lo que la atención a esta problemática ha caído a un segundo o hasta tercer plano.

Al igual que el delito de extorsión ha evolucionado, el protocolo para atenderlo ha sido actualizado y perfeccionado, sin embargo, es evidente que ya fue rebasado por la realidad que enfrenta la ciudadanía todos los días, por lo que hoy la discusión ya no es saber si existe sino sobre si todavía es útil.

En el mejor de los escenarios, si este tipo de herramientas sigue vigente, no es del conocimiento del personal encargado de la prevención y de la atención de las víctimas a través del teléfono 911 o del Centro de denuncia del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia de la Ciudad de México, por lo menos esa es la sensación luego de que a través de los medios de comunicación salen a la luz pública casos como el de la madre de Denise Dresser, registrado en la capital del país en días recientes.

Mientras la discusión gira en torno a que si por ser familiar de una columnista de prestigio recibe una mejor atención por parte de las autoridades, las cifras indican que menos del 0.2% de los casos que se cometen se denuncian ante el Ministerio Público y dan origen a una Carpeta de Investigación, y que a partir de esta pequeña parte de la realidad las autoridades locales y federales elaboran sus análisis para determinar las acciones a seguir, insistiendo en que una cifra inferior al 1% de las llamadas de extorsión se realizan desde los centros de reclusión.

Al respecto, un cálculo elaborado a partir de los casos de extorsión denunciados ante el MP y los recopilados por la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2019) del INEGI, precisa que la cifra negra de este delito para 2018 a nivel nacional fue de 99.82%, es decir, solo se denunciaron 2 casos por cada 1000 que sucedieron.

Las entidades con la peor cifra negra de extorsión telefónica fueron Nayarit, Michoacán, Guanajuato, Tlaxcala y Yucatán con 99.99%, Sinaloa con 99.97%, Guerrero y Coahuila con 99.96% y Puebla con 99.94%. Las mejores fueron Tabasco con 99.66%, Querétaro con 99.77 y Estado de México con 99.78.

Un dato más alarmante que aporta la ENVIPE es que en el 7.1% de los 5.7 millones de extorsiones que se estima fueron cometidas en 2018, la víctima aceptó haber pagado.

Dicho en otras palabras, en más de 400 mil casos los extorsionadores obtuvieron recursos económicos por esta vía.

No debemos olvidar que la extorsión telefónica no es un delito nuevo ya que los primeros casos se registraron en Yucatán en 2001 y las víctimas fueron Presidentes Municipales, la mayoría de los cuales pagaron y tampoco denunciaron, particularmente por pena, al haber sido sorprendidos y haber caído en el juego de los extorsionadores pese a ser autoridad.

Facundo Rosas realizó sus estudios de Ingeniería en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), donde fue condecorado con la “Medalla al Mérito Universitario”;  cuenta con Maestrías en Administración y en Seguridad Pública y Derechos Humanos.

Entre marzo de 2010 y febrero de 2012 atendió directamente la problemática de violencia en Ciudad Juárez, Chihuahua en el marco de la Estrategia “Todos Somos Juárez”.