Presenta secretaria Sandoval Ballesteros inédito Informe de Fiscalización de la Función Pública

La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, presentó hoy, por primera vez en la historia de esta institución, un informe de las auditorías realizadas en su primer año de gestión, las cuales, desde una visión estructural de la fiscalización, previenen y castigan la corrupción, y contribuyen a que las políticas y programas de gobierno federal logren sus objetivos en favor de la población.

Ante miembros del gabinete legal y ampliado, la secretaria Sandoval Ballesteros inscribió la presentación del Primer Informe de Fiscalización de la Función Pública 2019 en su compromiso de fortalecer la transparencia democrático-expansiva y la rendición de cuentas en México para promover una nueva ética pública con austeridad republicana, probidad, eficacia y legalidad en la Administración Pública Federal (APF).

Advirtió que, hasta el inicio de este gobierno, había un control prácticamente nulo en la APF, “porque no se hacía el esfuerzo de identificar y administrar riesgos sobre actividades sustantivas, y nuestro primer paso fue restablecerlo con un enfoque preventivo para disuadir actos de corrupción, propiciar la eficacia gubernamental y mejorar el desempeño institucional”.

Acompañada de los secretarios de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, y de Turismo, Miguel Torruco Marqués, afirmó que ya se revierte lo que administraciones pasadas hicieron para debilitar al Estado, institucionalizar el dominio de intereses privados y fomentar el imperio de la impunidad.

Expresó que hoy, el Estado reconstruye el bienestar y protege los derechos individuales y sociales, antes que a los mercados, a lo cual “contribuye la Función Pública con una fiscalización integral, pues a diferencia de otras entidades fiscalizadoras, puede incidir en todo el ciclo de política pública: desde la identificación del problema o el diseño de un programa, hasta su ejecución y evaluación”.

Bajo este esquema, que alinea la fiscalización con una visión de la corrupción como un fenómeno estructural, la Función Pública realizó durante 2019 casi 3 mil 400 actos de fiscalización, de los cuales, más de 2 mil 500 fueron auditorías que generaron más de 10 mil observaciones asociadas a más de 544 mil millones de pesos.

La secretaria Sandoval Ballesteros subrayó que el monto ejercido con presuntas irregularidades es superior al presupuesto federal total de los sectores de Educación Salud, los dos con más recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación. En el informe “develamos cómo se dilapidaron recursos que debieron emplearse en el bienestar de la población, y logramos corregirlos o iniciar los procesos sancionatorios correspondientes”, afirmó.

Mencionó casos ejemplares de corrupción como el desvío del trazado de una carretera, en  Puerto Vallarta-Manzanillo, para liberar terrenos junto a la playa y beneficiar a un desarrollador turístico; el sobrecosto de mil 442 millones de pesos en la carretera de Amozoc-Perote y el libramiento de Perote en Veracruz; y el desfalco en el Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales (Indabin) con la cesión indebida de 2.42 hectáreas del Centro Nacional de Investigaciones Disciplinarias en Microbiología Animal, a dos empresas y dos personas físicas, con un probable daño patrimonial de 940 millones de pesos.

Refirió que, en otros casos, como el del aeropuerto que se construía en Texcoco, la Función Pública identificó irregularidades por cerca de 19 mil millones de pesos que incluyen más de 6 mil millones de pesos en anticipos que están pendientes de amortizarse o recuperarse y otros 6 mil millones de pesos usados para pagar obras sobre las que no hay evidencia de ejecución o en gastos indirectos no justificados.

Con auditorías a la operación regional, la Función Pública fiscalizó, además, ocho programas de salud, educación, carreteras, agua potable, turismo, indígenas, personas con capacidades diferentes y cultura física y deporte financiados con recursos federales transferidos a los estados mediante convenios de reasignación, y que en 2018 alcanzaron 236 mil 430 millones de pesos destinados a 53 programas en total.

En materia de obra pública llevó a cabo 127 actos de fiscalización: 36 auditorías, 50 visitas de supervisión y 41 verificaciones de calidad, que derivaron en 674 observaciones con un monto por aclarar, justificar o recuperar de 20 mil 598 millones de pesos.

Como resultado de la fiscalización e investigación, la Función Pública abrió más de 400 procedimientos de responsabilidad administrativa o informes de irregularidades. En materia de sanciones a licitantes, proveedores y contratistas, específicamente, en 2019 solventó 81 expedientes, 63 de ellos con resoluciones sancionatorias que le permitieron imponer multas por casi 23 mil millones de pesos.
“Hay otro caso muy conocido, relacionado con el Ex Director General de Pemex Fertilizantes, Édgar Torres Garrido, donde se identificaron irregularidades en la compraventa de Grupo Fertinal”, señaló, operación con la que se defraudó al Estado y por la que se inhabilitó al ex funcionario por un periodo de 15 años y se le multó con más de 3 mil 800 millones de pesos.

Explicó que, de manera inédita en México, la Función Pública concibe la fiscalización como un como un medio no sólo para vigilar el buen uso de los recursos públicos, sino para que los proyectos alcancen los objetivos planteados bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, legalidad y honradez. Por ello, “en 2019 nos propusimos que 40% de nuestras auditorías fueran de desempeño donde la cuestión central no es que se cumplió, sino cómo se cumplió”, advirtió.

En este sentido, en su Programa Anual de Auditorías, la Función Pública no sólo fiscalizó el uso correcto del erario público, sino que, al privilegiar las auditorías al desempeño gubernamental, buscó también mejorar la gestión pública.

Algunas de sus principales herramientas en esta tarea es la Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP), el sistema de la Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública (BESOP) y el Formato del Seguimiento del Avance Físico Financiero (SAFF) que permiten una vigilancia más rápida y expedita de cualquier compra de gobierno,

Con base en los registros que realizan las dependencias y entidades en estos mecanismos de control, la Secretaría integra un inventario de las obras públicas y adquisiciones por ejercicio fiscal de aquellos contratos de obras y servicios que se ejecutan con recursos federales.

Hasta el 30 de noviembre del ejercicio fiscal de 2019, se contó con los registros de 60 dependencias y entidades de la APF, que involucran a 7 mil 562 contratos de obra pública y servicios relacionados con las mismas, con un importe contractual de 444 mil 339 millones de pesos y 2.9 millones de dólares.
La secretaria Sandoval Ballesteros reiteró la convicción de la Función Pública de que una verdadera rendición de cuentas exige transparencia proactiva, es decir, identificar, generar, publicar y difundir información sobre el ejercicio de gobierno, sin la necesidad de que un ciudadano la exija.

Finalmente, ratificó su compromiso de investigar y sancionar los casos de corrupción para establecer ese régimen de rendición de cuentas mediante el cual los ciudadanos vigilan y evalúan nuestro trabajo como servidores públicos.

En su turno, el subsecretario de Control y Auditoría de la Gestión Pública, Roberto Salcedo Aquino, afirmó que surgida de una crisis de credibilidad, la institución que hoy es la Función Pública ha potenciado sus alcances y resultados y es hoy una secretaría robusta y comprometida. “Es una institución diferente, en un gobierno diferente”, subrayó.

Por su parte, el coordinador general de Órganos de Vigilancia y Control, Daniel García Cortés, señaló que la Secretaría de la Función Pública no sólo inhibe los actos de corrupción, sino que contribuye al mejoramiento del gobierno con una nueva ética en el servicio público y a que los programas gubernamentales cumplan sus objetivos en beneficio de la población.

Al acto asistieron también el magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Rafael Anzures Uribe; el auditor especializado en gasto federalizado de la Auditoría Superior de la Federación, Emilio Barriga Delgado; el director general del IMSS, Zoé Robledo; la jefa del Servicio de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro Sánchez; la directora general del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla; la directora general del Inmujeres, Nadine Gasman; el titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Ricardo Salgado Perilliat; Rosa María Cruz Lesbros, integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del SNA, y el coordinador del Laboratorio de la Documentación y Análisis de la Corrupción y Transparencia del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Stephen Morris, entre otros.