CNDH pide generar mecanismos que garanticen los derechos humanos de personas con VIH y Sida
Llamó a las instituciones de salud a redoblar esfuerzos y redimensionar los planes, programas, políticas públicas, presupuestos y acciones actualmente emprendidas
La Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), María del Rosario Piedra Ibarra, exhortó a las autoridades del Estado mexicano a generar mecanismos que garanticen en la realidad y no sólo en el discurso, los derechos humanos de las personas con VIH y sida, y eliminen la discriminación y el estigma del que aún son víctimas.
Reconoció el esfuerzo y compromiso de las instituciones públicas y profesionales en materia de salud, pero las llamó a redoblar esfuerzos y redimensionar los planes, programas, políticas públicas, presupuestos y acciones actualmente emprendidas para el disfrute pleno de las garantías de esa población, a fin de cumplir con sus obligaciones irrenunciables de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
Al presentar la Recomendación 42/2020, la Ombudsperson nacional destacó que para su elaboración se hizo un análisis cuantitativo y cualitativo de la información proporcionada en las quejas recibidas y tramitadas en este Organismo Nacional del 1º de enero de 2010 al 31 de julio de 2019. Se da cuenta de un total de 733 quejas formuladas por personas que por su estado serológico fueron agraviadas, en particular, durante 2019, año en el que se incrementaron notablemente el número de expedientes de quejas por estos motivos.
Informó que en los últimos 9 años los principales hechos presuntamente violatorios identificados en las quejas de esas personas han sido “omitir suministrar medicamento” con el 41.03% del total, seguido de “omitir proporcionar atención médica” con el 31.62%, y en tercer lugar “prestación indebida del servicio público” con el 8.44%; la institución señalada con mayor frecuencia como presunta responsable de violaciones a los derechos humanos de las personas con VIH es el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con el 64.67%, seguido por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) con 22.65% y, en tercer lugar, Petróleos Mexicanos (PEMEX) con 2.59%.
Ante representantes de medio centenar de Organizaciones de la Sociedad Civil interesadas en el tema, detalló que la investigación se abordó con la transversalidad obligatoria considerando a todas las personas y su orientación sexual, identidad, expresión de género, origen étnico y nacional, color de piel, cultura, sexo, género, edad, discapacidades, condición social económica, de salud o jurídica, su religión, apariencia física, características genéticas, situación migratoria, legua, idioma, si se encuentran en centros de reclusión e incluso presentan un embarazo.
La Recomendación está dirigida a la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Salud, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Relaciones Exteriores, Instituto de Salud para el Bienestar, Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el sida, Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas, Petróleos Mexicanos, Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, y a los Institutos de Seguridad Social Estatales.
Por medio de un estudio contextual elaborado mediante la consulta de diversas fuentes documentales oficiales, académicas y de organizaciones de la sociedad civil que trabajan el tema se identificó la prevalencia de cinco derechos humanos presuntamente trasgredidos atribuidas a servidores públicos de distintas instancias de la Administración Pública Federal o Estatal.
Se trata de los derechos a la protección de la salud, derecho a recibir un trato digno, derecho a la seguridad jurídica, derecho al trabajo y derecho a la igualdad, abordando en cada uno consideraciones para su mejor protección, sin dejar de observar su universalidad, progresividad, indivisibilidad e interdependencia.
Este Organismo Nacional revisó el panorama de la epidemia según los últimos registros por cada entidad federativa, las poblaciones clave con las mayores prevalencias (tales como hombres que tienen sexo con hombres, hombres trabajadores sexuales, mujeres transgénero y las personas que se inyectan drogas), así como aquellas en situación de vulnerabilidad en nuestro país (mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas en contexto de migración, personas privadas de la libertad, personas indígenas y personas mayores).
Por su parte, el Director del Programa Especial, Sexualidad, Salud y VIH, Luis Raúl Albores Morales, dio pormenores de la Recomendación, e indicó que de acuerdo con datos del Centro Nacional para la Prevención y Control del sida (CENSIDA), a través de su Informe de Vigilancia Epidemiológica correspondiente al segundo trimestre del 2019 actualmente, de un total de 172,390 personas, 85,129 viven con sida y 87,261 con VIH.
Para el segundo trimestre del 2019 se han registrado de manera preliminar un total de 7,668 nuevos casos, de los cuales 2,838 corresponden a personas con sida y 4,830 personas que se detectaron con VIH. Las entidades federativas que, por cada 100,000 habitantes, tienen una mayor tasa de casos nuevos diagnosticados de VIH y sida en 2019 son: para casos nuevos diagnosticados de sida, el Estado de Campeche se encuentra en primer lugar nacional con 9.7%; en segundo lugar el Estado de Quintana Roo con 8.6%; y el Estado de Morelos se ubica en el tercer sitio con 5.2%. Para casos nuevos diagnosticados de VIH, el primer lugar lo ocupa el Estado de Quintana Roo con 19.4%; en segundo lugar está el Estado de Campeche con 9.0%; y en tercer sitio se localiza el Estado de Yucatán con 7.5%.
La CNDH recomienda a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Salud crear e instaurar un mecanismo coordinador para instrumentar el plan estratégico nacional y especializado en la atención integral a personas con VIH, a fin de que se establezcan líneas de acción con indicadores concretos para el monitoreo efectivo de la inclusión en todos los ámbitos de la vida y el respeto a los derechos humanos de las personas con VIH, que cumpla los objetivos trazados en la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas y la Acción 90-90-90 que el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida diseñó para dar respuesta a la epidemia.
A las Secretarías de Salud, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Instituto de Salud para el Bienestar, al Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el sida, al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas, a Petróleos Mexicanos, a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, y a los Institutos de Seguridad Social Estatales, se pide instaurar un mecanismo interinstitucional de coordinación permanente cuyo objetivo sea prevenir el desabasto de medicamentos antirretrovirales, ejecutar un efectivo control en la adquisición y asignación oportuna de éstos, así como vigilar su suficiencia, disponibilidad y adecuada distribución a todas las instituciones que brinden servicios de salud a las personas con VIH, de manera uniforme, continua y transparente.
A la Secretaría de Relaciones Exteriores se le recomienda realizar las gestiones necesarias ante la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos, respectivamente, para la elaboración e implementación de un instrumento marco vinculante que promueva y proteja los derechos de las personas con VIH.
La Ombudsperson Nacional estuvo acompañada en el presídium, por el Director General de la Primera Visitaduría General, José Martínez Cruz y el Director General de la Quinta Visitaduría General, Javier López Sánchez.
La Recomendación General 42/2020 puede ser consultada en la página www.cndh.org.mx.
