OPINIÓN | Uso y derecho a la ciudad en tiempos de COVID-19

La concatenación del Derecho Positivo escrito y de las conquistas en los Derechos Individuales ha entrado en crisis en estos tiempos del coronavirus, ello en virtud de la excepcionalidad de las medidas necesarias a implementar para evitar la propagación del virus.

Dentro de las libertades individuales más preciadas se encuentra la de tránsito, es decir, la libre movilidad dentro del espacio público.

Para la ciencia de la biología, un virus (del latín virus, «veneno») es un agente infeccioso microscópico acelular que solo puede reproducirse dentro de las células de otros organismos.

Los virus pueden infectar a todo tipo de seres vivos. El primer virus conocido fue descubierto por Martinus Beijerinck en el siglo XIX y actualmente se han descrito más de 6 mil, aunque hay biólogos que opinan que podrían existir millones de tipos diferentes de ellos. Los virus están presentes en casi todos los ecosistemas del planeta y son el tipo de entidad biológica más abundante.

Los coronavirus (CoV) son una muy variada familia de virus que pueden causar desde resfriados estacionales comunes hasta enfermedades verdaderamente graves, tal como ocurre con el causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el que ocasiona el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV). En los casos más graves, pueden causar neumonía, síndrome respiratorio agudo severo, fallo hepático o renal e, incluso, la muerte. 

El COVID-19 hoy ya ha alcanzado más de 200 mil casos de contagio en 184 países del mundo; 81 mil de ellos en China, donde se han registrado ya 3 mil 230 decesos.

La cifra de muertes en todo el mundo supera las 16 mil. Fuera de China es especialmente preocupante la situación en Italia, Irán y España, que es el segundo país de Europa y el cuarto del mundo con más casos, por encima de 28mil. Además, Corea del Sur ha registrado más de 8 mil 300 diagnosticados y 81 muertes.

Este panorama despierta infinitos miedos frente a lo desconocido e incontrolable. Aunque la ciencia seguramente descubrirá el retroviral o la vacuna, hoy no se tiene todavía.  Es importante entonces reconocer que la naturaleza nos pone límites al ser humano. 

En el caso del COVID 19, sabemos se trata una amenaza de la naturaleza. Pero sin duda alguna su proliferación global sería inimaginable sin el desarrollo actual de los medios de transporte.

Por ello, más allá de los miedos, paranoias, usos políticos o irresponsabilidades, como ya dijimos, la naturaleza nos pone un límite y para preservar la vida y la salud, debemos respetar algunas reglas, por más excepcionales que éstas sean y aunque conlleven la limitación de los ya asumidos y reconocidos derechos a la libre movilidad y al libre uso del espacio público.

Los países con más casos de contagio y muertos, como Italia y España, han tenido que emitir decretos de emergencia para poder adecuar el marco legal de derechos ya reconocidos a la realidad de la pandemia y sus limitaciones.

Pero deberemos estar vigilantes de que estas necesarias restricciones no se conviertan, una vez pasada la crisis, en pretexto para prolongar un estado de excepción que atente contra nuestras ya conquistadas e irrenunciables canonjías, como la del “Derecho a la Ciudad”, el cual plantea que veamos a ésta como propiedad de las y los ciudadanos.

El Derecho no puede verse subvertido por la excepcionalidad de esta situación, más bien debe verse adecuado con cláusulas que de manera ágil y expedita permitan responder ante la eventual gravedad derivada de potenciales situaciones catastróficas. 

Nuestra sociedad, donde muchos tienen todo tipo de bienes materiales y protecciones, padecen hoy de un sentimiento de inseguridad que atraviesa todos los escalones sociales y económicos.

Esta inseguridad no es la ausencia de protecciones o medios, sino más bien, la ansiedad provocada por la incontrolable velocidad de un mundo interrelacionado e interconectado.

Han aumentado las incertidumbres y el malestar frente a un porvenir amenazado, tanto en la salud de las personas como en lo económico, ya que no se tiene control sobre hechos naturales y sus consecuencias, como lo es la propagación del COVID-19.

La Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad señala que las ciudades deben ser «un ámbito de realización de todos los derechos humanos y libertades fundamentales», garantizados a todas las personas.

Para lograr cumplir con este derecho, se necesita del compromiso social del sector privado, del compromiso y responsabilidad gubernamentales para el impulso a la economía solidaria.

El principal objetivo del Derecho a la Ciudad es lograr que los habitantes de cada ciudad tengan una vida digna. De ahí su importancia en el actual contexto de crisis, ya que por un lado hay que preservar la vida, pero se dejaron un poco olvidadas las consecuencias económicas que provoca el aislamiento social.

Ahora son dos crisis las que enfrentamos de manera nacional y global: la de salud pública y la económica-productiva. 

Por todo lo anterior, ejerzamos nuestro Derecho a la Ciudad con responsabilidad y convicción, para generar las condiciones de tener:

• El derecho a un hábitat que facilite el tejido de las relaciones sociales.
• El derecho a sentirse parte de la ciudad (sentido de cohesión social y pertenencia)
• El derecho a vivir dignamente.
• El derecho a la convivencia.
• El derecho a la igualdad de derechos.

Mi invitación es a que reconstruyamos nuestras relaciones como sociedad para tener: ciudades sanas, seguras, productivas, incluyentes y sostenibles.

Se trata de vivir y convivir, para no solamente, sobrevivir.

• Mercedes Escudero Carmona es originaria del Distrito Federal y reconocida como una de Los 300 Líderes más Influyentes de México en 2017, 2018 y 2019.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la FCPyS de la UNAM; con Maestría en Comunicación y especialización en comunicación política e institucional, por la Universidad Iberoamericana.

Actualmente, es Presidente de la organización CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design) Capítulo México de la Internacional CPTED Association (ICA), además de desempeñarse como Investigadora y Directora General del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana y Humana SC.