OPINIÓN | Los grupos delictivos y la competencia por la base social

Una de las banderas que llevaron al hoy titular del ejecutivo a ganar las elecciones presidenciales de 2018 fue la atención de las causas de la violencia y la delincuencia, que en teoría permitiría en los primeros seis meses abatir la incidencia de homicidio doloso y feminicidios que azotan al país.

Sin embargo, esto no sucedió ni en un año.

Peor aún, cuando aún no se cumplían 17 meses de gobierno, un enemigo invisible y no tan conservador denominado COVID-19 vino a modificar la estrategia de seguridad y lo que fue prioridad en un principio pasó a un segundo plano, ya que los recursos que serían destinados a la prevención social y económica de la violencia fueron utilizados para otros fines.

De hecho, los recursos e indicadores de los programas FASP y FORTASEG nunca pudieron alinearse con los de “Jóvenes construyendo el futuro”, “Sembrando vida”, becas educativas y diversos apoyos económicos bajo el paraguas de Bienestar, destinados a mejorar las condiciones de vida de personas que ni estudian ni trabajan, así como personas que viven en el campo y no tienen ingresos fijos.

En contraparte, una fuerte cantidad de recursos fueron destinados a la prevención policial y combate frontal al delito a través de la ya no tan nueva Guardia Nacional, cuyo impacto en términos cuantitativos en materia de incidencia delictiva podría resumirse en la siguiente frase: “100 mil guardias nacionales más y ni un homicidio doloso menos”.

En medio de esta nueva arquitectura de la estrategia de seguridad y la crisis por el coronavirus, diversos grupos delictivos han decidido salir en busca de base social por medio de la entrega de despensas, aprovechando los vacíos que la autoridad va dejando en su camino.

Algunos sólo darán continuidad a lo que habían venido haciendo en diversas coyunturas como el “Día de la madre”, el “Día del niño” y fiestas de fin de año. Entre ellos “La Familia Michoacana”, “Cártel del Golfo, “Los Zetas” y “Cártel Jalisco Nueva Generación”.

Otros buscan posicionarse en áreas en las que persisten las disputas por los mercados ilícitos con otros grupos, como el denominado “Cártel de Santa Rosa de Lima” y “Cártel de los Durangos”.

Unas más, como la organización de “El Chapo Guzmán”, lo hicieron de manera abierta a través de una de sus hijas, quien es dueña de empresas formales y es propietaria de la marca alusiva a su padre.

Lo cierto es que, ante este tipo de labores “altruistas”, los gobiernos estatales y federal poco han podido hacer; a lo mucho condenar los hechos y hacer un llamado a volver a la legalidad.

En el caso del presidente de la República, aceptó tener conocimiento de la entrega de dichas despensas y se limitó a pedirles que “le bajen”, dejen sus balandronadas y piensen en sus familias, reconociendo tácitamente que en ese terreno no hay mucho por hacer por el momento en términos sociales, ni tampoco en vigencia del estado de derecho. 

Además, puntualizó que “seguimos teniendo problemas con homicidio” y que los grupos delictivos no se han calmado ni siquiera porque existe esta situación del coronavirus.

En este sentido, cabe recordar un momento similar de repunte de la violencia en 2009; el entonces Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, declaró en Michoacán -junto con el gobernador Leonel Godoy- que nadie sería eximido de la aplicación de la ley y retó a los grupos del crimen organizado a dar la cara con la célebre frase “señores, los estamos esperando, métanse con la autoridad y no con los ciudadanos”.

Para matizar el discurso, agregó que para combatir la delincuencia se requería también generar oportunidades de trabajo, educación y salud, algo que a más de 11 años sigue estando vigente y los grupos delictivos lo saben y tratarán de aprovechar a su favor. 

Esta anécdota viene a colación porque tal pronunciamiento traería tiempo después algunas preocupaciones en el equipo de seguridad del titular de Gobernación, lo cual seguramente no quiere repetir ningún gobernante en tiempos de la 4T.

En síntesis, aún con menos recursos y con cierto grado de competencia por parte de los grupos delictivos, el gobierno federal seguirá apostando por resolver el problema de la violencia y la delincuencia por medio de los programas sociales y económicos.

Sin embargo, no se vislumbra en el corto plazo el tan anhelado punto de inflexión en los delitos en general, homicidio doloso y feminicidio.

En este contexto, se enmarcan las acciones del Decreto anunciado el día de hoy en Palacio Nacional, en el que destacan los programas sociales y de infraestructura de los cuales sólo se enuncian acciones, pero no se da cuenta del avance en sus indicadores cuantitativos, ni de proceso. 

Peor aún, el año de gracia que pidió el titular del ejecutivo federal en noviembre de 2019 para dar resultados en materia de seguridad, en particular sobre homicidio doloso, que dicho sea de paso repuntó 8.4 por ciento en marzo de 2020 respecto de febrero del mismo año, se irá diluyendo a la misma velocidad de contagio del coronavirus y ya solo faltan 8 meses.

Facundo Rosas realizó sus estudios de Ingeniería en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), donde fue condecorado con la “Medalla al Mérito Universitario”;  cuenta con Maestrías en Administración y en Seguridad Pública y Derechos Humanos.

Entre marzo de 2010 y febrero de 2012 atendió directamente la problemática de violencia en Ciudad Juárez, Chihuahua en el marco de la Estrategia “Todos Somos Juárez”.