OPINIÓN | Hoy secuestran al que no tiene, pero aparenta

De acuerdo a las más recientes declaraciones del titular del ejecutivo federal en torno al delito de secuestro, en el sentido de que no secuestran al pobre, secuestran al que tiene, la realidad es que hoy para que te priven de la libertad y cobren un rescate no importa que tengas recursos económicos o no.

De ser cierta esta aseveración, equivaldría a decir que para que la gente deje de comer carne hay que matar al carnicero y no atender las causas para evitar dicho sacrificio.

La mejor manera de resolver esta nueva dinámica delictiva es atendiendo las causas sociales y económicas, pero sin dejar de combatir el delito flagrante, detener a los generadores de la violencia y desarticular a los grupos delictivos dedicados al secuestro.

Combatir las finanzas de los secuestradores es como cortar el pelo con unas tijeras para pollo, es tan insignificante el número de delincuentes de este tipo que usan el sistema bancario para guardar o invertir sus ganancias que sería un desperdicio de esfuerzos y mayor riesgo de llevarse hasta las orejas, pero cada quien su estilo y su visión de las cosas.

En mi experiencia, solo en dos casos los secuestradores invirtieron sus recursos en comprar algunos departamentos y cuartos de azotea en el oriente del Estado de México para rentarlos; en contraste otros guardaban el efectivo hasta en el tanque del WC para evitar que la autoridad los rastreara por esa vía.   

Volviendo al tema de la liquidez económica, no debe perderse de vista que actualmente secuestran lo mismo al que tiene dinero que el que no lo tiene, pero aparenta tenerlo, por lo que la solución estaría en este último punto.

Durante los últimos 15 años el perfil de las víctimas ha venido cambiando en virtud de que las personas que cuentan con mayor capacidad económica disponen de eficientes servicios de seguridad personal y toman medidas que los colocan fuera del alcance de los secuestradores.

Como consecuencia de lo anterior, hoy secuestran hasta el más modesto empresario independientemente si es “chocolatero” o “cervecero”, es decir, que el perfil de las víctimas ha cambiado y este ilícito se ha masificado; ya no respeta condición social o nivel socioeconómico, llegando a secuestrar a comerciantes e incluso taxistas.

Como muestra basta un botón: en el año 2006, en el estado de México se registró un caso atípico en el que la víctima no era el dueño de la empresa sino uno de los empleados, pero conducía un vehículo mejor que el del dueño. Cuando los secuestradores se dieron cuenta que la persona a la que se habían llevado no era el propietario del negocio y que llevaba 4 meses pagando el automóvil, terminaron dejándolo en libertad. Era evidente que no les aportaría mucho, pero por un momento dio el “gatazo”. 

En la actualidad los secuestradores ya no estudian durante semanas, meses e incluso años a sus potenciales víctimas como lo hacían antes, y únicamente se guían por el vehículo que conduce, la zona donde vive, restaurante donde come o “giro negro” donde se divierte, lo cual aumenta el riesgo de ser confundido o seleccionado al azar, como pasó en el más reciente caso en el sur de la entidad mexiquense, donde la víctima fue un integrante de las fuerzas armadas, a quien posiblemente interceptaron por el tipo de vehículo que manejaba y una vez que se hizo público este ilícito lo dejaron en libertad ante la inminente dificultad que representaría el cobro del rescate.

En este sentido, vale la pena recordar que en las décadas de los 70, 80 y 90 secuestraban al que realmente tenía liquidez económica y la razón no era propiamente por dinero con fines personales, sino para financiar causas político-ideológicas y de paso generar cierto nivel de inestabilidad política y económica por la ausencia de los personajes privados de la libertad.

Todavía en el sexenio anterior se llevaron a cabo varios secuestros de este tipo, entre ellos el registrado en el estado de Oaxaca, en contra de los sobrinos de ex dirigente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Gerardo Gutiérrez Candiani, cuyos responsables fueron detenidos en mayo de 2013 pero liberados el 28 de diciembre de 2018 (día de los inocentes) tras ser beneficiados por la presente administración al considerarlos “presos políticos”, sin importar que hubieran secuestrado a dos niños.

Sobre el particular existen diversas certezas y evidencias obtenidas por parte de la autoridad, pero por su naturaleza abstracta dificultaron su incorporación en las indagatorias; sin embargo, no cabe duda de que los responsables estuvieron vinculados con grupos armados con fines políticos, cosa que no sucede en el grueso de los secuestros cometidos en el país. 

Ante esta situación, lo mejor que podemos hacer para evitar un secuestro es cuidarnos, no ser rutinarios, estar siempre atentos al entorno sin llegar al pánico, pero sobre todo siendo congruentes entre los ingresos reales que percibimos y la vida que llevamos, ni más pero tampoco menos.

Si nos esperanzamos a lo que la autoridad haga en este rubro a lo mejor terminamos desencantados, a pesar de que las anteriores administraciones dejaron una probada estrategia contra el secuestro y unas robustas Unidades Especializadas en el Combate al delito de Secuestro, las famosas UECS que operan desde 2008 y siguen dando resultados, ya que hoy se enlazan con la Coordinación Nacional Antisecuestros (CONASE) que a su vez funciona desde 2014 e incorpora perfiles con experiencia que se formaron desde el año 2000 en las extintas Policía Federal Preventiva (PFP), Agencia Federal de Investigación (AFI) y Policía Federal (PF).

Facundo Rosas realizó sus estudios de Ingeniería en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), donde fue condecorado con la “Medalla al Mérito Universitario”;  cuenta con Maestrías en Administración y en Seguridad Pública y Derechos Humanos.

Entre marzo de 2010 y febrero de 2012 atendió directamente la problemática de violencia en Ciudad Juárez, Chihuahua en el marco de la Estrategia “Todos Somos Juárez”.