AMLO realizó actos «posiblemente ilícitos» al difundir BOA: INE

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió declarar improcedentes las medidas cautelares solicitadas por los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), así como por María Marcela Torres Peimbert, diputada federal, en contra del Presidente de la República y del Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia.

A Andres Manuel López y a Jesús Ramírez se les señalaba por el presunto uso indebido de recursos públicos con impacto en material electoral, violando los principios de imparcialidad, legalidad y certeza, en el marco de los procesos electorales federal y locales.

Esto, luego de que en la conferencia matutina del martes 9 de junio, el titular del ejecutivo y su vocero presentaron un documento que presuntamente fue elaborado por un grupo de opositores, unidos en una organización llamada «Bloque Opositor Amplio» (BOA).

El documento fue presentado aún sin tener certezas de su autenticidad ni de quién había entregado esa presunta evidencia a las oficinas de Palacio Nacional.

Sin embargo, el INE aprobó un proyecto en el que se establece que, desde una óptica preliminar, los hechos denunciados pudieran resultar ilícitos por constituir propaganda gubernamental con contenido prohibido y proveniente de una fuente desconocida y aparentemente carente de autenticidad y validez, lo que pudiera afectar la equidad en la contienda y las preferencias ciudadanas,

Pese a esto, la Comisión de quejas y denuncias consideró que «no se surten los requisito relativos a que dicha conducta continuará o se repetirá en el tiempo porque, en este momento, no se cuenta con constancia o prueba en ese sentido, de ahí que no resulte procedente otorgar una medida cautelar, en la vertiente de tutela preventiva”.

No obstante, la resolución añade el hecho de que actualmente están en curso dos procesos electorales locales (Coahuila e Hidalgo) y que, a partir de septiembre próximo dan inicio los procesos electorales federal y locales en todo el país, hay lugar a reiterar las obligaciones y prohibiciones apuntadas y, particularmente, señalar que, si se realizan conductas posiblemente antijurídicas -como la advertida en este asunto-, continúan o se repiten en lo futuro entonces esta Comisión estará en condiciones de dictar las medidas preventivas que correspondan, incluso oficiosamente, a fin de garantizar la vigencia de los principios constitucionales sobre los que se desarrollan los procesos electorales.

Asimismo, la Comisión de Quejas y Denuncias emitió un pronunciamiento que tiene como destinatarios a los servidores públicos de todos los ámbitos y niveles de gobierno, especialmente y de manera destacada al Presidente de la República y al Vocero de esa dependencia pública, a fin de que, en todo tiempo, ajusten sus actos y conductas a los límites y parámetros constitucionales.

«La prohibición de utilizar o aprovechar los canales o vías oficiales de comunicación para introducir cuestiones electorales” y “de conducirse con imparcialidad y neutralidad a fin de no afectar la equidad en la contienda, así como el deber reforzado de cuidado para no difundir o presentar información que no cuente con un respaldo respecto de su origen o autenticidad”.

El acuerdo fue adoptado por votación unánime de las Consejeras Claudia Zavala y Adriana Favela, así como del Consejero Jaime Rivera, integrantes en pleno de la Comisión de Quejas y Denuncias.