OPINIÓN | Agosto, menos víctimas de homicidio pero más Carpetas de Investigación
Si el gobierno de la República tuviera tantita congruencia, debería reconocer que el descenso histórico en la incidencia delictiva registrado durante abril del 2020 fue porque el coronavirus provocó que las calles quedaran vacías
Sin duda que el comparativo de incidencia delictiva enero-agosto de 2020 respecto del mismo periodo de 2019 es favorable para el gobierno federal; sin embargo, al analizar las razones de este descenso es evidente que se debe al confinamiento de las personas que temporalmente dejaron de ser víctimas del delito y no como resultado de la estrategia de seguridad.
Basta revisar a detalle lo sucedido en abril, considerado como el primer y único mes en que la gente se resguardó casi por completo en sus casas, para darse cuenta que los delitos bajaron significativamente al tiempo que se desplomaba la economía y se perdían más de 750 mil empleos.
Si las cifras alegres que tanto presumió el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana el pasado 18 de septiembre en Palacio Nacional estuvieran relacionadas directamente con la estrategia, programas y líneas de acción del gobierno federal, los delitos hubieran bajado sin que se registrara una crisis económica como la que atravesamos.
Si el gobierno de la República tuviera tantita congruencia, debería reconocer que el descenso histórico en la incidencia delictiva registrado durante abril del 2020 (33.9% respecto de marzo) fue porque el coronavirus provocó que calles, centros de trabajo, escuelas y negocios quedaran vacíos, así es que no hubo víctimas a quienes robar, secuestrar e incluso privar de la vida como en marzo, cuando aún no iniciaba la pandemia.
Al analizar particularmente el número de víctimas de homicidio doloso entre abril y junio se observa que disminuyeron marginalmente, lo cual hasta cierto punto tiene lógica; sin embargo, el rompimiento del encierro se tradujo en un incremento del 4% en el número de víctimas de homicidio y de Carpetas de Investigación durante julio, suficiente como para neutralizar todo lo ganado en los meses más agudos de la pandemia (abril-junio).
Ahora bien, tras conocerse las cifras de agosto del SNSP, lo primero en celebrarse durante la mañanera del 18 de septiembre fue que el número de víctimas de homicidio doloso disminuyó un 0.5% respecto de las registradas en julio, al pasar de 2 mil 987 en julio a 2 mil 973 en agosto, algo que ya se conoce como “línea de contención”.
Lo que no se festejó con la misma efusividad en su momento fue el incremento de 4.1% registrado en julio respecto de junio, cuando el número de víctimas pasó de 2 mil 867 en junio a 2 mil 987 en julio.
Sin embargo, lo relevante de la incidencia de agosto es que el número de Carpetas de Investigación iniciadas por homicidio doloso aumentó 2.5% comparado con julio, al pasar de 2 mil 469 en julio a 2 mil 539 en agosto, fenómeno que no había sido observado en lo que va de la presente administración.
Este hallazgo evidencia que en agosto hubo menos víctimas de homicidio doloso que en julio, pero más Carpetas de Investigación, lo cual indica que cada vez se registran menos víctimas por evento, pero hay más casos.
Dicho en otras palabras, estamos ante una nueva etapa en la evolución de este delito, la cual podría catalogarse como la masificación del homicidio.
¿Será que a esto se refería el titular del ejecutivo cuando desde Palacio Nacional dijo que en México ya no hay “masacres”, antes de soltar una sarcástica carcajada ante lo publicado por el diario “Reforma” en torno al conteo de este tipo de eventos delictivos?
Por cierto, en breve serán publicados los resultados de Encuesta Nacional sobre Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2020) del INEGI, que retratará de cuerpo entero el primer año de gobierno del presidente López Obrador en materia de victimización y el segundo en el rubro de percepción.
Por lo pronto, este 23 de septiembre el INEGI informó que en 2019 las muertes intencionales, como dicha instancia identifica los homicidios dolosos, se redujeron 0.57%, al pasar de 36 mil 685 a 36 mil 476 víctimas; sin embargo, tanto 2018, último de la administración de Enrique Peña Nieto, como 2019, primero del sexenio de López Obrador son los más altos desde 1990. Ambos con una tasa de 29 homicidios por cada 100 mil habitantes.
En términos comparativos cabe referir que, durante 2011, el año más violento de la administración de Felipe Calderón, el número de homicidios dolosos fue de 27 mil 213 víctimas, es decir 9 mil 263 menos que el primer año de la actual administración. Aún así, de acuerdo al titular del ejecutivo federal, hoy estamos mejor que en aquel ya lejano sexenio.
Tomando en cuenta que el Programa Sectorial de Seguridad Pública ya contiene los indicadores con que se medirán los avances de este sexenio, estas cifras serán la primera estación por la que transitará el gobierno de la autodenominada 4T.
Al respecto, habrá que recordar que las metas contenidas en el Programa Sectorial son las menos ambiciosas de los últimos tres sexenios, independientemente de que la mayoría están asociadas a indicadores de percepción y las menos a la operación, es decir, que el gobierno federal optó por medir su desempeño a partir de la percepción ciudadana, lo cual -por cierto- está contraindicado para elaborar políticas públicas en materia de seguridad pública y ciudadana, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Facundo Rosas realizó sus estudios de Ingeniería en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), donde fue condecorado con la “Medalla al Mérito Universitario”; cuenta con Maestrías en Administración y en Seguridad Pública y Derechos Humanos.
Su trayectoria incluye el haber sido Director General de Terrorismo de la Policía Federal Preventiva (PFP), Director General de Análisis Táctico de la Agencia Federal de Investigación (AFI), Coordinador de Inteligencia para la Prevención de la PFP, Subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial de la SSP Federal, Subsecretario de Prevención, Vinculación y Derechos Humanos de la SSP Federal, entre otros cargos.
Entre marzo de 2010 y febrero de 2012 atendió directamente la problemática de violencia en Ciudad Juárez, Chihuahua en el marco de la Estrategia “Todos Somos Juárez”.