CNDH solicitó medidas cautelares a la SSPC del Estado de Chiapas para mujeres privadas de la libertad, sus hijas e hijos y personal que labora en el Centro de Reinserción Social Número 4, Tapachula

Derivado de una visita al Centro de Reinserción Social de Sentenciadas número 4, Tapachula Femenil, en el Estado de Chiapas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó emitir medidas cautelares para las mujeres privadas de su libertad, sus hijas e hijos y personal que labora en el Centro penitenciario a la Comisaria General de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno del Estado de Chiapas (SSPC) y al Comisario Jefe Subsecretario de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad del Estado de Chiapas, debido al peligro que corre la integridad física de estas personas por las malas condiciones de infraestructura e insalubridad del inmueble.

Lo anterior, como parte de las acciones de supervisión que se llevan a cabo en diversos centros penitenciarios del país, por parte de personal de la Tercera Visitaduría General de la CNDH, para la elaboración del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2020.

En la visita al Estado de Chiapas, se observó que el Centro de Reinserción Social de Sentenciadas número 4, Tapachula Femenil, se encuentra catalogado en su infraestructura como un inmueble de alto riesgo de acuerdo a dictámenes de protección civil, lo que coloca en peligro eminente la integridad personal, la salud y la vida de las mujeres privadas de la libertad, de las hijas e hijos que viven con ellas y del personal que labora al interior del mismo.

Personal de esta Comisión Nacional detectó que el centro penitenciario cuenta con diversas goteras en diferentes áreas como los baños, filtraciones de agua, cortes eléctricos, moho en diversas paredes, tanques de gas en los pasillos, así como deficientes condiciones de higiene y deterioro en las estancias, cocina, coladeras, áreas comunes, y un gran número de fauna nociva.

También se verificó que sólo se cuenta con una mujer médica de profesión, que ocupa una plaza de enfermera y cuando se requiere de apoyo médico se solicita al personal del CERESO 3 ubicado en esa entidad federativa.

Los riesgos en los que se encuentran las mujeres privadas de su libertad ya habían sido previstos en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019, en el que se advirtió que, ante una catástrofe natural o sismo, se podrían generar daños irreparables en la integridad y en la vida de todas las personas que viven y laboran en el centro penitenciario, instando a las autoridades a actuar de manera prioritaria, diligente, con oportunidad, con perspectiva de género y conforme el principio de trato humano en su calidad de garantes a favor de dichas personas.

Con el propósito de preservar el derecho a la integridad, a la salud, a una estancia digna, a una calidad de vida en reclusión y al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en su modalidad de violencia institucional, la CNDH pidió a las autoridades realizar todas las gestiones y acciones administrativas de manera urgente, para reparar las instalaciones del centro penitenciario, y contar con personal médico suficiente y permanente para atender los requerimientos específicos de la población interna.

Finalmente, se advirtió a las autoridades que, de conformidad con lo establecido en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la ONU, no podrán alegar cuestiones de falta o insuficiencia de recursos económicos o análogas, para atender las peticiones realizadas por la CNDH, ya que ello derivaría en la inobservancia en su calidad de garantes de la protección de los derechos humanos de las internas y sus hijas e hijos.

La CNDH dará puntual seguimiento a todas las acciones que se realicen en el Centro de Reinserción Social de Sentenciadas número 4, Tapachula Femenil en el estado de Chiapas.