OPINIÓN | Previo al 2021, bienestar desplaza seguridad

A escasos días de haber iniciado el maxi proceso electoral del 2021, los programas que operan bajo la bandera del bienestar comienzan a desplazar a los que eran considerados como prioritarios al inicio de sexenio, particularmente los vinculados a la seguridad.

Una primera señal de que la estrategia de seguridad pasa a un segundo término es que el papel de secretario técnico de las autodenominadas Mesas de seguridad/coordinación para la construcción de la paz que funcionan en las 32 entidades federativas y en las 150 coordinaciones territoriales donde mantiene presencia la Guardia Nacional, fue asumido por el delegado o subdelegado de la Secretaría del bienestar.

Esto desplazó al representante del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que -dicho sea de paso- venía realizando esta función desde 1994 bajo las siglas del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), cuando comenzaron a funcional los Grupos de coordinación estatal en materia de seguridad.

De igual manera desplaza a la representación de la Guardia Nacional que además de los 32 estados, mantiene su despliegue en 150 de las 266 coordinaciones territoriales en que dividió al país desde 2019 y es la responsable operativa en labores de seguridad pública a nivel federal pese a estar integrada por casi un 70 por ciento de personal de las fuerzas armadas en activo, incluyendo la mayoría de sus coordinadores estatales, quienes por esa razón rinden novedades a los comandantes de región de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Lo anterior indica que la prioridad por el momento es asegurar los votos de cara al 2021 por encima de la integridad física y patrimonial de los mexicanos, esa puede esperar para otro momento; total la pandemia ya se encargó de disminuir la incidencia delictiva durante los meses de mayor confinamiento, así es que la seguridad puede esperar unos meses más.

Una segunda señal de que el bienestar desplaza a la seguridad se desprende del recientemente aprobado Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) en el cual los programas de becas y pensiones de bienestar registraron un incremento del 30%, al pasar de 189 mil 196 a 295 mil 736 millones de pesos, equivalentes al 3.1% del total del PEF en 2020 al 4.3% en 2021.

Entre los programas que salen fortalecidos con este incremento destacan las pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad permanente, así como diversas becas educativas y “Jóvenes construyendo el futuro”, iniciativas que en teoría deberían traducirse en el corto plazo en una reducción de la violencia y hasta la fecha no se ha conseguido.

Ejemplo de que dichos programas no han logrado su objetivo lo observamos durante la primera quincena de noviembre en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde tres jóvenes, casi niños, fueron privados de la vida utilizando violencia extrema por parte de adolescentes de edad similar, sin que hasta el momento se haya dado una respuesta más allá de lo realizado en algunos barrios y colonias aledañas al lugar de los hechos, con la puesta en marcha de algunos de los programas sociales ya referidos y otros de prevención del delito que datan de la administración anterior como la recuperación de “espacios públicos” y “desarme voluntario”.

Al respecto, el titular del ejecutivo federal en vez de reconocer que el problema es real y va más allá del ambulantaje y la informalidad, culpó a la anterior administración (solo la inmediata anterior) de haber dejado crecer el fenómeno de la violencia y hasta presumió que durante su administración mejoró la incidencia robo de vehículo y homicidio doloso, sin reparar que en el primero de ellos los mejores resultados se registraron en 2017 (último año completo de Miguel Ángel Mancera) cuando se robaron 30 vehículos diarios (11 mil 121 al año) comparados con los 85 vehículos robados diariamente en 2004 (último año completo de López Obrador con 31 mil 247 unidades según el SNSP).

En el caso del homicidio doloso, el incremento no fue en los términos señalados por el presidente, ya que en 2017 se registraron 3.6 casos diarios (1,319 al año) y no los 6 que señaló López Obrador, en cuyo último año de gobierno se contabilizaron 2.6 homicidios dolosos al día (948 al año según INEGI) y no los 2 que indicó en su conferencia “mañanera” de ayer.

Otros delitos en los que las cosas no mejoraron entre 2004 y 2017 como lo hubiera querido el presidente de la República en su defensa a la jefa de gobierno de la CDMX fueron el secuestro, que pasó de 195 en 2004 a 98 en 2017; la extorsión, que pasó de 527 casos en 2004 a 490 en 2017, mientras que el robo a casa habitación pasó de 6 mil 945 en 2004 a 6 mil 629 en 2017 de acuerdo al SNSP.

Es decir, no todo fue bueno pero tampoco todo fue malo como se pretende descalificar a la administración anterior insistiendo que toleraron la delincuencia, al igual que en Guanajuato, donde gobierna un partido de oposición a Morena.

Menos mal que existen indicadores de desempeño y antes de comparar administraciones debería revisarlos para comprender que no siempre le va a asistir la razón, a menos que en materia de seguridad tenga “otros datos”.

Una tercera señal es que a más de 20 días de haber sido nombrada, la nueva titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no ha asumido su papel de coordinadora del gabinete de seguridad, tampoco ha tomado posesión de sus oficinas y por consiguiente los integrantes de dicha dependencia no tienen claro cuál será el derrotero que seguirán sus acciones y tampoco si conservarán su empleo.

Por lo pronto, todo parece indicar que lo más importante es que los programas de la Secretaría del Bienestar se materialicen antes de que las campañas electorales comiencen.

*Las ideas contenidas en este texto son responsabilidad de su autor y no reflejan la postura de News Report MX

Facundo Rosas realizó sus estudios de Ingeniería en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), donde fue condecorado con la “Medalla al Mérito Universitario”;  cuenta con Maestrías en Administración y en Seguridad Pública y Derechos Humanos.

Su trayectoria incluye el haber sido Director General de Terrorismo de la Policía Federal Preventiva (PFP), Director General de Análisis Táctico de la Agencia Federal de Investigación (AFI), Coordinador de Inteligencia para la Prevención de la PFP, Subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial de la SSP Federal, Subsecretario de Prevención, Vinculación y Derechos Humanos de la SSP Federal, entre otros cargos.

Entre marzo de 2010 y febrero de 2012 atendió directamente la problemática de violencia en Ciudad Juárez, Chihuahua en el marco de la Estrategia “Todos Somos Juárez”.