OPINIÓN | Legalización de autos chocolate: antes criticada, ahora necesaria

No cabe duda que no es lo mismo ser borracho que cantinero, y que lo que antes se criticaba, hoy es necesario hacerlo.

Lo anterior a propósito del anuncio del presidente de la República de pretender legalizar un estimado de 600 mil vehículos introducidos ilegalmente al país, mejor conocidos como “autos chocolate”, tan solo en el estado de Baja California, con el argumento de que quien los usa es la gente más pobre para ir a su trabajo y satisfacer las necesidades de sus hogares.

Por su parte autoridades locales destacaron que otra de las bondades de dicho programa es que resolverá el problema de la inseguridad, nada más demagógico que esto ya que los grupos delictivos jamás legalizarán los vehículos que utilizan para cometer sus ilícitos y como no será obligatoria tal medida, para ellos mejor.

Como muchas de las declaraciones del titular del ejecutivo federal se caracterizan por ser verdades a medias o medias mentiras, en este tema la experiencia en campo dice otra cosa; en las ciudades fronterizas no es solo la gente con menores ingresos la que utiliza este tipo de unidades, sino quien no quiere que sus vehículos aparezcan en padrón oficial alguno o tengan que portar placas nacionales y que sus datos sean consultados por la autoridad, ya que eso afecta sus actividades al margen de la ley.

Esta situación no es nueva en el país, ya sucedió en Ciudad Juárez en 2010, donde los argumentos para recurrir a este tipo de vehículos, mejor conocidos localmente como “muebles”, eran los mismos que ahora utilizan en Tijuana: falta de un transporte público eficiente que les permita realizar sus actividades cotidianas, entre ellas llevar a los niños a la escuela, aunque ni a la escuela fueran.

Sin duda que un segmento de la población verá con buenos ojos esta iniciativa y, aunque sea una medida recaudatoria, terminarán regularizando sus vehículos ilegales; sin embargo, habrá otro que no quiera hacerlo y buscará pretextos para no realizarla como sucedió en la fronteriza ciudad chihuahuense.

Este último es el segmento al que habrá que dar seguimiento en razón de que varios de sus vehículos no solo ingresaron ilegalmente al país, sino que cuentan con reporte de robo y antes de legalizarlos preferirán chocarlos o abandonarlos, pero no se acercarán a las autoridades para entregarles sus datos.

Emplacar sus vehículos va en contra de su naturaleza ilegal en razón de que tienen una doble función: como medio de transporte que no deja rastro alguno tras cometer un delito y como mercancía ilícita que puede venderse completa o en partes, de cualquier manera generará ganancias.

Si el problema en Tijuana fuera solo de movilidad de las familias y de seguridad para la población local, con la regularización de los “autos chocolate” se resolvería en buena parte. Sin embargo, en materia económica y laboral el impacto de una medida de este tipo sería contraproducente ya que podría desincentivar la inversión extranjera en el sector automotriz e incluso inversión nacional.

Para el caso de Puebla, si bien los vehículos de procedencia extranjera ilegal no son un problema, su legalización en otras latitudes sí podría tener un impacto directo dada su condición de productor y exportador de automóviles e indirecto en materia de empleo en el mediano plazo, ya que ambas representan inversión extranjera directa para el país y la entidad poblana que año con año beneficia a miles de familias.

Otro problema para las ciudades fronterizas y aquellas hacia donde se desplacen los vehículos una vez regularizados será sin duda la contaminación, ya que se trata en su mayoría de unidades viejas con alto kilometraje aunque estéticamente parezcan seminuevas.

En el caso de Puebla, agregar automotores antiguos al parque vehicular sin contar con verificentros por casi dos años podría empeorar la calidad del aire, que de por sí en los últimos años se ha visto deteriorada.

Por todo lo anterior, antes de materializar dicho programa el gobierno federal tendría que preguntarse qué beneficia más a la población fronteriza y del interior del país, los empleos que genera la industria automotriz o los beneficios temporales de una legalización de “autos chocolate”, más allá de que si está bien o mal por razones político-partidistas, eso podría caer en el terreno de la politiquería.

*Las ideas contenidas en este texto son responsabilidad de su autor y no reflejan la postura de News Report MX

Facundo Rosas realizó sus estudios de Ingeniería en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), donde fue condecorado con la “Medalla al Mérito Universitario”;  cuenta con Maestrías en Administración y en Seguridad Pública y Derechos Humanos.

Su trayectoria incluye el haber sido Director General de Terrorismo de la Policía Federal Preventiva (PFP), Director General de Análisis Táctico de la Agencia Federal de Investigación (AFI), Coordinador de Inteligencia para la Prevención de la PFP, Subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial de la SSP Federal, Subsecretario de Prevención, Vinculación y Derechos Humanos de la SSP Federal, entre otros cargos.

Entre marzo de 2010 y febrero de 2012 atendió directamente la problemática de violencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el marco de la Estrategia “Todos Somos Juárez”.