Indispensable profesionalizar y capacitar a funcionarios públicos para erradicar la tortura en México: CNDH

Sin la profesionalización y compromiso de funcionarios públicos, peritos y personal que tiene bajo su resguardo a víctimas de violaciones a derechos humanos, nada será suficiente para erradicar prácticas que derivan en violaciones a su dignidad, como la tortura, indicó la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos HUMANOS (CNDH), Rosario Piedra Ibarra. 

Al inaugurar los trabajos del Seminario sobre la práctica ética del ejercicio médico en la aplicación del Protocolo de Estambul (Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes), la presidentade la CNDH señaló que la tortura es una práctica atroz y degradante que debe evitarse en todo momento, pues constituye la expresión máxima del abuso de poder y una violación injustificable a los derechos fundamentales. 

En el evento virtual, organizado por esta Comisión Nacional, dijo que en México la tortura fue una práctica constante y generalizada, que no hemos podido erradicar del todo, por lo que el reto de combatirla es enorme y ningún esfuerzo será suficiente para aportar a favor de la prevención del delito y la protección a las víctimas. 

En este sentido, afirmó es necesario impulsar la capacitación, a fin de lograr que la actuación de las autoridades se conduzca respetando los derechos fundamentales, lo que traerá como resultado un trato digno en la interacción con las personas y el desarrollo de sus funciones conforme a derecho. 

Piedra Ibarra subrayó que la erradicación efectiva del maltrato en todos los órdenes no es tarea sencilla y se requiere de la suma de esfuerzos, de compromiso individual y colectivo para evitar que este tipo de prácticas se sigan repitiendo, además de que el papel de instituciones, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y profesionales en el tema, son una fuente inagotable para la capacitación y para evitar tratos crueles, inhumanos y degradantes. 

Por su parte, la directora ejecutiva del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) de la CNDH, Vilma Ramírez Santiago, , aseveró que el papel de médicas y médicos es fundamental, no sólo en la realización del examen respectivo sino en la verificación detallada de las condiciones físicas de las personas y, de ser necesario, en dar parte al Ministerio Público de posibles actos de tortura. 

Por ello, dijo, siguiendo las instrucciones de la presidenta de este Organismo Nacional, en el sentido de poner en el centro de todas las actividades la protección de las víctimas, el MNPT realiza visitas de supervisión en municipios alejados de las ciudades en diversos estados de la República Mexicana para identificar casos de tortura consumados que suceden, principalmente, en el momento de la detención.  

Por su parte, el Representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Guillermo Fernández-Maldonado, detalló que el seminario permite abordar temas esenciales para la erradicación de la tortura y afirmó que, en términos generales, la prevención de las violaciones a la integridad personal es una obligación de enorme alcance para diversos actores, como el personal de seguridad pública y los médicos que intervienen en la valoración de posibles víctimas de malos tratos.  

Indicó que los dictámenes médicos bien realizados, en los que se registran debidamente las lesiones observadas en la persona detenida, son una efectiva barrera disuasoria para quienes incurren en estas prácticas, durante las primeras etapas de la detención.  

En su oportunidad, el presidente del Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), embajador Claude Heller, dijo que la práctica de la tortura se ha agravado en tiempos de pandemia, a partir de mayores restricciones de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; así como por la lucha contra el terrorismo en una era de conflictos, mayores estados de excepción y el uso excesivo de la fuerza, ante lo cual la brecha entre la prohibición de la tortura y su utilización subrayan la importancia de mejorar la implementación local de los estándares internacionales en la materia.  

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