Para garantizar el derecho a la información pública, es urgente acabar con la impunidad en los crímenes contra periodistas y construir políticas públicas integrales: CNDH

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hace un llamado a autoridades y sociedad a reflexionar y accionar sobre el grave problema de la violencia que afecta en particular a las y los profesionales de la comunicación. Por tratarse de un problema que involucra múltiples factores, toca a las instituciones que conforman el Estado mexicano, defender y garantizar el derecho a la libertad de expresión, y una de esas formas es mediante el aseguramiento de un ambiente propicio para el ejercicio del periodismo. 

La protección y defensa de las y los periodistas son básicas en toda democracia, por lo que autoridades de todos los niveles de gobierno, pero sobre todo las Fiscalías, deben comprometerse en la investigación y sanción de los delitos contra periodistas, la forma más contundente de poner fin a la impunidad. 

En el “Día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas”, la CNDH recuerda que estos delitos, tanto en México como en el resto del mundo, no deben ser entendidos solo como atentados en contra de individuos sino contra la sociedad en general, pues al atentar contra la integridad física y la vida de un periodista, se atenta contra nuestro derecho colectivo a la información y se crean las llamadas zonas de silencio que, según información de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), se desarrollan a partir de acciones de intimidación como el acoso, secuestros, tortura, encarcelamientos arbitrarios, ataques violentos y asesinatos, que crean un clima de miedo en los profesionales de la comunicación, que los incita a la autocensura, impidiendo la libre circulación de la información, opiniones e ideas.  

Entre los años 2006 y 2020 fueron asesinados 1,200 periodistas en el mundo; sin embargo, a pesar de que según datos de la UNESCO, entre 2016 y 2020 los casos disminuyeron un 20% en comparación al período comprendido entre 2011 y 2015, el dato que preocupa es que de cada 10 periodistas asesinados solo en un caso se hace justicia, lo que significa que el 87% de los casos quedan impunes.  

La propia UNESCO señala tres factores como los principales obstáculos para tener acceso a la justicia en los casos de crímenes contra periodistas: falta de recursos humanos y financieros, corrupción y falta de transparencia, y por último, la falta de conocimiento de las personas servidoras públicas que investigan estos delitos, provocado que los asesinatos de periodistas sean investigados como delitos comunes que nada tienen que ver con su profesión.  

En México, por sus características y magnitud, se trata de un verdadero problema de Estado. De acuerdo con datos disponibles por esta Comisión Nacional, la mayor parte de los asesinatos contra periodistas son cometidos precisamente por el ejercicio de su profesión, e involucran al crimen organizado y a autoridades locales. Pero también tenemos los desplazamientos que la propia violencia o las amenazas generan, que no solo limitan el ejercicio periodístico, sino que afectan la estabilidad de sus familias. 

Por eso, para poder terminar con la violencia y los altos índices de impunidad que alientan los crímenes cometidos contra las y los periodistas, es urgente que las Fiscalías asuman su responsabilidad como autoridad investigadora y se concentren en la identificación y el enjuiciamiento de los responsables, no solo en los casos de asesinatos sino también por las amenazas de violencia de las que muchos de ellos y ellas son víctimas, sobre todo al tener en consideración que, de los 139 periodistas que fueron asesinados entre los años 2011 y 2020 en América Latina y el Caribe, el 41% de ellos había recibido amenazas antes de su asesinato.  

En cuanto a los desplazamientos que afectan a las y los comunicadores y a sus familias, consideramos necesario encontrar una solución integral, que involucre tanto políticas públicas como medidas emergentes, de manera que se cuente no sólo con medidas de protección transitorias sino que se reconstruya el tejido social, indispensable para la recuperación de la paz a que tienen derecho las y los ciudadanos de este país. 

En el “Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas”, la CNDH urge al Estado mexicano, esto es a los tres órdenes de gobierno, a organismos civiles y sociedad en general, a construir mecanismos eficaces para atacar el problema de fondo, prevenir las agresiones, así como avanzar en la investigación y castigo de los delitos cometidos contra periodistas, de manera que se generen mejores condiciones de convivencia y desarrollo, que permitan desterrar la violencia y la impunidad. 

Para finalizar, condenamos los recientes asesinatos cometidos contra Alfredo Cardoso Echevarría y Fredy López Arévalo, periodistas en los estados de Chiapas y Guerrero, respectivamente, y exhortamos a las autoridades correspondientes a investigar integralmente estos hechos, hacer justicia y evitar la impunidad.  

¡Defendemos al pueblo!