CNDH solicita medidas cautelares a diversas autoridades de Baja California, San Luis Potosí y Sonora en favor de defensores de DDHH

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares a diversas autoridades de los estados de Baja California, San Luis Potosí,  Sonora y a la Guardia Nacional, en favor de ocho personas defensoras civiles de derechos humanos que, en actos independientes, solicitaron la intervención de esta Comisión Nacional, a través de tres escritos de queja en los que mencionaron hechos de violencia y amenazas en contra de varios de ellos, relacionadas con su labor en pro de los derechos humanos.

En el estado de Baja California, la defensora María Teresa Vallejo Pérez, denunció que, en agosto de 2021, el defensor Cuauhtémoc Castilla Gracia fue objeto de un atentado en el que sujetos desconocidos, quienes pudieran ser policías municipales de Mexicali, realizaron detonaciones de arma de fuego contra él cuando se encontraba en su centro de trabajo en esa entidad. El defensor resultó herido en el cuello por un proyectil de arma de fuego. Se identificó que el incidente está relacionado con la labor de defensa de los derechos humanos que realiza Castilla Gracia. Asimismo, el señor Ramón Antonio Castilla Viramontes, hijo del defensor agredido, también ha sido objeto de amenazas.  Dicha información fue corroborada por personal de este Organismo Nacional, quien estableció comunicación directa con el agraviado, confirmando los hechos.

En el caso de San Luis Potosí, el escrito fue interpuesto por los defensores de derechos humanos Luis Edgardo Charnichart Ortega, Luis Enrique Biú González, Juan Carlos Soni Bulos y Evanibaldo Lárraga Galván, integrantes del Grupo Huasteco de Promoción y Defensoría de los Derechos Humanos, A.C. En el documento refieren haber recibido amenazas por parte de grupos delictivos del estado. De acuerdo con el escrito de queja, los defensores informaron que durante uno de sus traslados entre el Centro Penitenciario de Xolol y el municipio de Tanquian de Escobedo, fueron seguidos por dos vehículos y en el trayecto, las personas que manejaban dichos autos hicieron detonaciones al aire con armas de fuego como una forma de intimidación.

En el caso de Sonora, la CNDH recibió un escrito interpuesto por los defensores de derechos humanos César Cota Tórtola y Fernando Jiménez Gutiérrez, indígenas yoremes del Pueblo de la Loma de Guamuchil-Cocorit, perteneciente a la Tribu Yaqui de Sonora, quienes refirieron haber sido amenazados por presuntos integrantes del crimen organizado. En el escrito mencionaron que en fechas recientes les han quemado una casa y han percutido proyectiles de armas de fuego en otra de sus viviendas, las dos dentro del pueblo de la Loma de Guamuchil-Cocorit, en el municipio de Cajeme, lo que atribuyen a miembros de la delincuencia organizada.

Al considerar lo expuesto y con el fin de evitar daños irreparables al derecho a la vida, seguridad e integridad personal de los defensores mencionados, esta Comisión Nacional consideró procedente solicitar la implementación de Medidas Cautelares al comandante de la Guardia Nacional, así  como a la gobernadora constitucional de Baja California, al secretario general de gobierno, al encargado de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación y al fiscal general del estado; en el caso de San Luis Potosí, al gobernador constitucional, al encargado de la Fiscalía General y al secretario de Seguridad Pública; mientras que en el caso de Sonora solicita las medias al gobernador constitucional, al secretario de gobierno, al secretario de Seguridad Pública, a la fiscal general de Justicia del estado, así como al presidente municipal de Cajeme, Sonora, con el objeto de que se realicen todas las acciones necesarias para salvaguardar la vida, seguridad física e integridad personal de las personas mencionadas, aplicando los protocolos que correspondan en cada caso.

Asimismo, la CNDH exhorta a las autoridades mencionadas a cumplir con sus deberes constitucionales y convencionales, con el objetivo de garantizar que las personas puedan ejercer la defensa de los derechos humanos, en el entendido de que esta labor es de vital importancia para la sociedad mexicana.

La Comisión Nacional reitera su posición de máxima protección de los derechos humanos y manifiesta su contundente oposición a la criminalización de la que han sido objeto las personas que ejercen su defensa.  Asimismo, recalca su compromiso de velar y proteger esta actividad en nuestro país conforme a los principios de igualdad y no discriminación, oportunidad y debida diligencia, propiciando el libre ejercicio de los derechos a la libertad, a la seguridad, a la integridad y a la vida.

Las Medidas Cautelares ya han sido notificadas a las citadas autoridades, por lo que la CNDH permanecerá atenta a su respuesta y, de ser aceptadas, dará seguimiento a la implementación y cumplimiento de estas, vigilando que se respeten los Derechos Humanos.

¡Defendemos al pueblo!