Modifica INE presupuesto 2022

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por mayoría de votos ajustes al Presupuesto para el Ejercicio Fiscal del año 2022, que quedará en un monto de 13,914,742,268 millones de pesos, sin considerar el financiamiento público de los partidos políticos y en virtud del recorte aprobado por la Cámara de Diputados por 4,913 millones de pesos.

La distribución avalada por el pleno en sesión extraordinaria quedó de la siguiente manera:

Los ajustes aprobados al Presupuesto 2022 incluyen una disminución al Presupuesto Base por 150.70 millones de pesos para quedar en 11,074.83 millones de pesos y en la Cartera Institucional de Proyectos por 294.70 millones de pesos -que quedaría en 1,564.01 millones de pesos-. Estos ajustes suman 445.4 millones de pesos, además de que se eliminan 1,913.13 millones de pesos solicitados para la Consulta Popular.

El INE no bloquea, obstaculiza o pone en riesgo la Revocación de Mandato

El Consejero Presidente, Lorenzo Córdova Vianello, sostuvo que “no es el INE el que bloquea, obstaculiza o pone en riesgo un eventual proceso de Revocación de Mandato”.

Detalló que, de acuerdo con lo aprobado, a los 1,275 millones de pesos que, a partir de diversos ahorros y lo aprobado por el Legislativo, fueron destinados a la Revocación de Mandato, se sumará un monto por compromiso de ahorros de 227.1 millones de pesos adicionales, con lo que el INE contaría con una bolsa de 1,503 millones de pesos para la eventual realización de este ejercicio.

“Aún con los ajustes y la meta de ahorro que se propone, el INE estaría avanzando hacia la organización de la Revocación de Mandato con un déficit de más de 2,554 millones de pesos, lo que pone en riesgo la organización de este ejercicio inédito de participación ciudadana”, explicó.

El Presidente del INE subrayó que estos recursos resultan “clara y abiertamente insuficientes para llevar a cabo este proceso con las características y amplitud que se estipulan en la propia Ley Federal en la materia, que, entre otras cosas, exige instalar el mismo número de casillas de un proceso electoral federal; es decir, alrededor de 160 mil casillas, que es la base del cálculo que se hizo para solicitar la partida precautoria que la Cámara se negó a aprobar, y que, como se recordará, era de 3 mil 830 millones de pesos”.

Un ejercicio, abundó, que por la gravedad de sus posibles consecuencias -ni más ni menos que la conclusión anticipada del periodo de gobierno del Presidente electo en 2018-, debe llevarse a cabo con absoluto rigor técnico, profesionalismo, legalidad, certeza y transparencia, estándares de calidad que este Instituto Nacional Electoral siempre ha garantizado en todos y cada uno de los procesos electorales que organiza a nivel federal y local en colaboración con los OPL.

Por estos motivos recordó Córdova Vianello, el INE interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que determine “si el INE debe avanzar hacia un proceso de Revocación de Mandato sin los recursos requeridos para ello -aunque eso implique una violación a la Ley Federal en la materia-, o si se ordena a las instancias competentes, proveer los recursos requeridos para un proceso de las dimensiones y garantías estipuladas en la Constitución y la ley”.

Una Revocación de Mandato no permite ligerezas ni simulaciones

El presidente de la Comisión Temporal de Presupuesto, Jaime Rivera Velázquez, dejó en claro que el INE quiere llevar a cabo ese proceso revocatorio si se reúne el respaldo ciudadano establecido en la ley para activarlo, “pero lo hará si y sólo si, se cuenta con los medios necesarios para organizarlo conforme a la ley y a los procedimientos establecidos para garantizar una votación libre y auténtica”

“Esto es un asunto muy serio que no permite ligerezas, ni simulaciones, la Revocación de Mandato de un Presidente debe tener las mismas garantías de certeza e imparcialidad que una elección presidencial”, acentuó.

El recorte de más de 4,900 millones de pesos “ha provocado una situación inédita que pone en entredicho el cumplimiento de un mandato de ley, ya que el monto de recorte es mayor a lo que el INE calculó necesario para organizar un proceso de Revocación de Mandato y una Consulta Popular” dijo el Consejero Rivera, al recordar que de los 3,830 millones de pesos necesarios se aprobaron solamente 813 millones, es decir la quinta parte de lo que se requiere y hay un faltante de 3,017 millones de pesos.

El INE ha hecho lo que está en sus manos, ahora corresponde a otros poderes

“Al negarnos los recursos indispensables para cumplir con nuestras facultades institucionales, se interfiere decisivamente con el funcionamiento del Instituto Nacional Electoral y se atenta contra los derechos político-electorales de la ciudadanía”, estableció la Consejera Dania Ravel Cuevas.

Agregó que, si se aplazan los proyectos de infraestructura inmobiliaria a las Juntas Locales Ejecutivas de Colima y Querétaro y se reducen partidas centralizadas para efecto de la pandemia de COVID-19, “aun así tenemos un déficit de 2 mil 554 millones 548 mil pesos”.

Mencionó que aunque el INE está en la mejor disposición de realizar ajustes y generar “ahorros, no estamos en condiciones de reunir el monto requerido para, en su caso, organizar la Revocación de Mandato sin poner en riesgo la operación ordinaria del Instituto, la organización de los procesos electorales locales que se realizan en seis entidades federativas o el cumplimiento de algunas de las atribuciones constitucionales que tenemos conferidas”.

En suma, dijo Ravel, el INE ha hecho todo lo que está en sus manos y ahora corresponde a otros poderes del Estado generar las condiciones para que, en su caso, se pueda cumplir con el mandato ciudadano con este objetivo.

Elecciones baratas permitían que rufianes de siempre se robaran la elección

Enseguida, el Consejero Uuc-kib Espadas Ancona estableció que no se debería “regresar a un México en donde las elecciones baratas permitían que los mismos rufianes de siempre se robaran elección tras elección”.

Afirmó que las y los mexicanos cuentan hoy con instrumentos que garantizan la integridad de las elecciones, y “de ninguna manera este Consejero va a aceptar regresar a elecciones baratas, esas elecciones como las que en 1988, en el más grande fraude electoral que se haya realizado después de la Revolución en este país, se implementara por la vía del hurto de la soberanía popular, un modelo económico que hasta hoy padecemos”.

Refirió que sí es posible hacer elecciones más baratas, como sucedía anteriormente,  con credenciales de plástico o boletas fácilmente falsificables o urnas opacas y que permitían “embarazar urnas” o “cuando los funcionarios de casilla eran los mismos que habían operado el fraude electoral a lo largo de 3, 4, 5 y 7 elecciones y era todavía más barato porque en general no cobraban o formaban parte de las redes políticas del partido de Estado y era parte de sus labores, era sin duda más barato” o porque los partidos políticos no tenían las prerrogativas de las que hoy gozan.

Sólo descalificaciones y dogmatismos, no propuestas para sumar 3,830 mdp

El Consejero José Roberto Ruiz Saldaña lamentó que no se aporten elementos para debatir con contundencia, más allá de “descalificaciones y dogmatismos”.

Explicó que mientras se presupuestaron 3,830 millones de pesos para la Revocación de Mandato, le recortaron al INE 4,913 millones de pesos. “¿De dónde saca el Instituto Nacional Electoral 3,830 millones? Díganme partidas que sumen ese monto”, demandó.

Reiteró que el INE ya liberó 1,503 millones de pesos, pero siguen restando 2,554 millones de pesos. “Dónde se obtienen 2,554 millones, con ejemplos concretos que sumen ese monto”.

El mayor recorte de la historia sin justificación ni explicaciones

Para el Consejero Ciro Murayama Rendón, la Cámara de Diputados aprobó en noviembre el Presupuesto de Egresos de la Federación “sin justificación, ni motivación alguna, aun cuando se trata de una determinación de un poder que por lo mismo no pueda actuar con arbitrariedad, ni ligereza, cortó de tajo 4,913 millones del gasto operativo del INE, esto es el 26% de lo requerido”.

Se trata, dijo, del mayor recorte de la historia, justo cuando puede celebrarse el primer ejercicio de Revocación de Mandato contemplado en la Constitución. “Hay un déficit de 2,327 millones de pesos, es decir, tenemos un faltante de 60%. Apenas contamos con 4 de cada 10 pesos necesarios para hacer la Revocación de Mandato en términos constitucionales”.

Sin embargo hasta el momento, “ningún legislador o legisladora han logrado explicar por qué ese monto de recorte, tampoco hay una línea de explicación en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, dicen que nos alcanzará y nada más, pretenden que les creamos, como si de la infalibilidad papal se tratara, pero en una República democrática así no actúan las autoridades, tiene que haber explicación, sustento y argumentación, porque si no se está ante escasa legalidad”.

INE ejerce recursos públicos para realizar una función de Estado

En su intervención, la Consejera Claudia Zavala Pérez aclaró que el INE siempre como autoridad ha dado razones de lo que conlleva hacer todas sus acciones “y nunca en la historia presupuestal reciente, hemos tenido unas razones ni fundamentos de parte del órgano Legislativo” en materia de ajuste presupuestal.

“El INE no es una institución que gaste dinero para sí misma. El INE es una institución que ejerce recursos públicos para realizar una función de Estado, una función de la mayor trascendencia como aquellas funciones orientadas al establecimiento del Estado de bienestar, porque de la calidad, de la seguridad, de la cobertura, de la oportunidad, eficiencia y precisión de su quehacer depende en gran medida la preservación del pacto político de la democracia constitucional que sostiene a la República”, enfatizó.

“Creer que con los recortes presupuestales se está castigando al INE es confundir seriamente las cosas y no darse cuenta de que la afectación no es a la autoridad electoral, sino a la ciudadanía y a sus derechos”, añadió.

INE cumplirá con su mandato legal y constitucional

“El INE cumplirá con su obligación constitucional y legal, analizaremos escenarios diversos ante la evidente falta de recursos”, aseguró la Consejera Carla Humphrey Jordan, al aclarar que estos ajustes “son producto del esfuerzo del reajuste responsable en el que participaron todas las áreas directivas, ejecutivas, técnicas y de vigilancia, así como nuestra estructura desconcentrada, local y distrital”.

La idea central, agregó, es acercarse lo posible a la meta y alcances establecidos en la Ley de Revocación de Mandato, pero llamó a sus contrapartes a abatir costos “que no es lo mismo que bajar los estándares de calidad”.

Señaló que los procesos de participación ciudadana no son elecciones y no deben de verse, ni reproducirse, tal cual las normas con las que se llevan a cabo y organizan los procesos electorales, “debemos defender, promover y garantizar derechos políticos y electorales de la ciudadanía, que hacen de nuestra democracia un logro colectivo”.

La Consejera Adriana Favela Herrera coincidió en que “no se puede regresar a un modelo donde se ponga en riesgo la realización de las elecciones con todos los estándares de calidad que tiene el INE y que inclusive se han reconocido a nivel internacional. No se puede dar marcha atrás porque entonces se pondría en duda el propio sistema electoral mexicano que nos ha costado tanto trabajo construir a lo largo de tantos años”.

Respecto al tema de los fideicomisos, recordó que “tienen un objetivo muy particular y no se pueden utilizar los recursos para otros fines, además de que uno de ellos está dirigido precisamente a garantizar derechos laborales de las personas que integran la institución”.

Llama a explorar escenarios para buscar economías

Para el Consejero Martín Faz Mora el Instituto tiene un compromiso con la realización de la Revocación de Mandato, pero, efectivamente, se enfrenta ante una disyuntiva severa por la no dotación presupuestal.

Estos ajustes constituyen “el primer paso de muchos que se tendrán que dar en pro de la obtención de recursos para la realización de la Revocación de Mandato”, por lo que puso sobre la mesa el planteamiento de seguir buscando los rubros y la reingeniería de estrategias en lo relativo a la Revocación de Mandato, a fin de optimizar al máximo los recursos con que cuenta el Instituto.

Este debe ser el primer paso, “debemos continuar analizando con el mismo nivel de detalle y de manera integral seguir explorando diversos escenarios que nos permitan encontrar, de aquí o de allá, economías, recursos o incluso también replanteamientos sobre los costos mismos de la Revocación de Mandato”, detalló.

Se verifican firmas de ciudadanos que promueven la Revocación de Mandato

El Secretario Ejecutivo Edmundo Jacobo Molina aclaró que el monto total para la Revocación de Mandato, supone poco más de 13 millones de pesos, que incluye la impresión del Listado Nominal y la verificación de las firmas de los ciudadanos que promueven este ejercicio de participación ciudadana.

“Eso tiene que hacerse necesariamente, el resto de los recursos para llegar a los 1,503 millones de pesos van a una bolsa descentralizada que ahorita está asignada a nuestros órganos desconcentrados y, que en su momento, se hará el desglose correspondiente, cuando haya certeza de que se hará el ejercicio de Revocación de Mandato y cómo se va a hacer”.