Continúa la SECOES dando a conocer criterios actualizados sobre el proceso de Entrega y Recepción
Las y los directores administrativos de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal conocieron los criterios que se aplicarán con la nueva Ley de Entrega Recepción
Chetumal.- La Secretaría de la Contraloría del Estado continúa con las reuniones para alinear los criterios que deben seguirse en los procesos de Entrega y Recepción respecto a la nueva ley.
En esta ocasión, la SECOES llevó a cabo las pláticas con las y los servidores públicos al frente de las Direcciones Administrativas de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal y responsables de los procesos de entrega, quienes actualizaron sus conocimientos en la materia además de aclarar las dudas respecto a la interpretación de la Ley de Entrega Recepción de los Poderes Públicos, Ayuntamientos, Órganos Públicos Autónomos y de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Quintana Roo, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 16 de diciembre de 2021.
El 18 de marzo del año en curso, se publicó el Decreto 224 mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Entrega y Recepción.
Las reuniones de trabajo se realizaron en las instalaciones del auditorio del Colegio de Educación Profesional Técnica, plantel “Lic. Jesús Martínez Ross”.
La entrega-recepción es el proceso administrativo a través del cual las personas servidoras públicas que administren fondos, bienes y valores públicos, entregarán a quienes los sustituyan al separarse de su empleo, cargo o comisión, los asuntos de su competencia, así como los recursos humanos, materiales, financieros y demás que les hayan sido asignados para el desempeño de las funciones de su responsabilidad, y en general toda aquella documentación e información que debidamente ordenada, clasificada, legalizada y protocolizada, haya sido generada por los servidores salientes.
La Ley de Entrega Recepción tiene como finalidad establecer las disposiciones generales conforme a las cuales las personas servidoras públicas deben entregar a quienes legalmente los sustituyan al término de su empleo, cargo o comisión, además de garantizar el orden, la transparencia y la rendición de cuentas de una administración a otra.
