8 de octubre de 2024

Advierte el CEMexicano de posibles consecuencias económicas para todos los mexicanos si Gobierno no respeta el T-MEC.

La falta de congruencia del Gobierno de México en cuanto a su política energética y a los compromisos adquiridos en el T-MEC, genera desconfianza e incertidumbre en los sectores público y privados de países aliados, motivo por el cual, debe corregirse el rumbo y buscar acuerdos que satisfagan a todas las partes.

 

Por lo anterior, el Consejo Empresarial Mexicano, hace un respetuoso llamado al Gobierno de la México, para respetar cada uno de los acuerdos internacionales firmados ya que, al faltar a nuestras obligaciones legales, se violenta el Estado de Derecho y además habría  consecuencias jurídicas y económicas que los mexicanos pagaríamos con nuestros impuestos.

 

La reciente solicitud de consultas en el marco del T-MEC de los gobiernos de Estados Unidos y de Canadá es una muestra del pésimo manejo de nuestras relaciones comerciales y política exterior y empeoran la imagen de nuestro país en el extranjero. Sr Presidente este tema NO es político, es un asunto legal y comercial que la mayoría de Senadores y Senadoras de la República de la actual legislatura avaló, es tiempo de madurar y afrontar con seriedad los retos del T-MEC y evitar el proteccionismo que su administración ha generado, pretendiendo beneficiar a la CFE y a PEMEX.

 

El respeto a la legalidad, la transparencia y la honestidad son un reclamo de todos los empresarios de México y es de vital importancia dar certeza jurídica a nuestros socios comerciales, para que fluya el crecimiento de las inversiones del extranjero en nuestro país y afrontemos unidos los retos que plantea la economía global.

 

El T-MEC tiene mecanismos jurídicos, que podrían llevar a la reparación del daño causado por las medidas impuestas por el Gobierno Federal, y si el presidente López Obrador y sus funcionarios tienen tanta confianza en que NO violentan el tratado, los exhortamos a empeñar no sólo su palabra, sino su patrimonio para garantizar el pago a los daños causados por sus decisiones y políticas en contra de acuerdos internacionales firmados por nuestro país.

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