Violencia y acoso laboral: problemas de salud pública

En México al menos 7.9 millones de mujeres han experimentado situaciones de violencia laboral: sexual, psicológica y física; 5.5 millones de trabajadoras han sufrido agresiones, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) emitida por el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI) El estudio también reportó que dicha violencia en el ámbito laboral contra las mujeres son las más recurrentes, y por entidad federativa, se encuentra con mayor prevalencia en Chihuahua con el 37.8%, Ciudad de México 34.6% y Baja California 34.4%. En ese contexto, resulta alarmante que el 72.7% de las mujeres encuestadas manifestaron no tener el conocimiento sobre la existencia de protocolos o medidas para la atención de violencia contra las mujeres en el ámbito laboral.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define la violencia y el acoso laboral como un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten en una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto causar un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso en razón de género.

La OIT y la Organización Mundial de la Salud, ven la violencia y al acoso laboral como un problema de salud pública, pues se ha comprobado que las víctimas de violencia y acoso sufren factores de riesgo psicosocial que afectan el bienestar de las personas trabajadoras, tales como: ansiedad, pérdida de autoestima, depresión, ataques de pánico, trastornos del sueño y hasta suicidio. Por lo que este factor fue el impulso para que la OIT adoptara el Convenio sobre la violencia y acoso en el mundo del trabajo Número 190, el cual México, como Estado Miembro, ratificó.

Se acerca el Día Internacional de la Mujer y, en conmemoración a la lucha de las mujeres por su derecho a vivir libres de violencia, sería de gran relevancia que el Poder Legislativo saque de la “congeladora legislativa” el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones en materia de violencia laboral, ya que han pasado aproximadamente tres años desde que se aprobó en el Senado de la República y se turnó a la Cámara de Diputados, encontrándose dicho proyecto de decreto en análisis por el Poder Legislativo, y no se vislumbra que lo incorporen a la agenda parlamentaria de este periodo para votarlo.

La violencia y acoso laboral en razón de género es un fenómeno que incide negativamente en el ejercicio de las funciones laborales de las víctimas, quienes terminan abandonando sus empleos por el desconocimiento de sus derechos, por ello es importante acentuar la protección de las víctimas, así como reconocer estos actos violentos dentro de la legislación nacional como un riesgo de trabajo, por ubicarse dentro de los riesgos psicosociales y uno de los problemas de salud laboral. De aprobar dichas reformas se estarían promoviendo, garantizando y salvaguardando los derechos laborales de las personas violentadas en un sentido más amplio.

Finalizo con una frase de Sandra Serrano, Directora del Observatorio sobre Desapariciones e Impunidad en México, que en su publicación Los estándares internacionales de los derechos humanos: un sistema de derechos en acción, señala: “El progreso patentiza que el disfrute de los derechos siempre debe mejorar”.

*Las ideas contenidas en este texto son responsabilidad de su autor y no reflejan la postura de News Report MX

Sandra Lara es abogada y Maestra Interinstitucional de Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Tlaxcala,

Diplomada en la Formación en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Héctor Fix-Zamudio, impartido por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y El Gobernado Frente a la Administración Pública en México, impartido por la Facultad de Estudios Superiores Aragón, de la UNAM, y se ha desempeñado laboralmente en la CNDH en la promoción y defensa de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA).

.