OPINIÓN | La nueva normalidad

Hablar de una nueva normalidad parece irónico, ya que primero deberíamos de considerar los impactos de una nueva realidad.  

En esta realidad, los tres niveles de gobierno tendrán que aprender a atender de otra forma las demandas ciudadanas, y entre ellas, los servicios para evitar la violencia en contra de cualquier persona, principalmente mujeres y niños; así como la inseguridad en las calles y hasta la administración de la muerte.

Cada organización, institución, familia y persona debe considerar que el retorno a las actividades cotidianas y la reapertura de espacios, propuesta por el gobierno federal, se hace con la finalidad de reactivar la economía y, con ello, aminorar los costos sociales, aunque implique un costo mucho más alto que se pagará con vidas.

La reapertura implica que se piense en la logística y procesos, desde los administrativos hasta los los sociales. Aquí las preguntas a contestar son: 

• ¿Cómo y cuántas personas se instalarán en los espacios laborales y/o escolares?
• ¿Qué equipo de protección es óptimo y debe tener el personal y/o los estudiantes?
• ¿Cómo se reorganizan las tareas de limpieza para que se controlen y disminuyan las posibilidades de un contagio? 
• ¿Cómo se detectarán y atenderán los casos de COVID-19, ante la saturación de hospitales?
• ¿Cómo se atenderán y se dará la procuración de justicia para las personas maltratadas?

Por ejemplo, se deberá capacitar al personal en temas como bioseguridad laboral. La “nueva normalidad” de los centros de trabajo también debe instalar filtros de ingreso, así como la sanitización de los espacios de trabajo.

Además, se debe pensar en la nueva forma utilizar el transporte público, que la mayoría de las personas usan para ir a sus centros de trabajo. Todo esto representa hacer un diagnóstico óptimo, no solo a la palabra; capacitación y, lo más importante: el compromiso y conciencia de las personas para tener espacios sanos. 

En términos generales, la estrategia nacional establece los lineamientos; sin embargo, la realidad es que no hay controles ni orden para llevarla a cabo. Se deja gran parte de la responsabilidad a la buena intención de las personas, pero tristemente una buena parte de la sociedad no acata las indicaciones más elementales: las medidas básicas de seguridad personal para prevenir el contagio.

Lo cierto es que nadie conoce la realidad que se plantea como “nueva normalidad”. Al no realizarse pruebas del COVID-19 como la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda, no se sabe cuándo se alcanzará el punto máximo de contagio, no se sabe ni su duración y, mucho menos, cuándo empezará la curva a descender. Esto desde la perspectiva de salud pública.

Y desde la perspectiva de seguridad ciudadana y salud social, se han minimizado las cifras del incremento de la violencia hacia la mujer y la violencia familiar. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se iniciaron 20 mil 232 carpetas de investigación durante el mes de abril en todo el país, por el delito penal de violencia familiar. 

Es aislamiento no ha impedido que la violencia y los delitos se sigan cometiendo en nuestro país. Por el contrario, durante los meses de marzo y abril fueron asesinadas 6 mil 098 personas, fueron víctimas de homicidios doloso; esto es, 338 personas más que en el mismo periodo del año 2019. En 18 de las 32 entidades federativas los asesinatos aumentaron.

El COVID-19 ha expuesto las desigualdades sociales, informativas y económicas. Entre ellas están las consideraciones del Presidente; si bien, por un lado, hay acercamientos entre los integrantes de las familias, no se puede negar el incremento de la violencia que han llevado a la denuncia vía el 911, aunque diga que el 90 por ciento son falsas.

Ajustarnos a esta nueva realidad significa que habrá costos que todos debemos asumir, desde los económicos hasta los emocionales. Pero esta nueva realidad no debe incluir la normalización de ningún tipo de violencia, incluyendo la violencia institucional, que tiene como característica el uso del poder del Estado para causar daño.

• Mercedes Escudero Carmona es originaria del Distrito Federal y reconocida como una de Los 300 Líderes más Influyentes de México en 2017, 2018 y 2019.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la FCPyS de la UNAM; con Maestría en Comunicación y especialización en comunicación política e institucional, por la Universidad Iberoamericana.

Actualmente, es Presidente de la organización CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design) Capítulo México de la Internacional CPTED Association (ICA), además de desempeñarse como Investigadora y Directora General del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana y Humana SC.