OPINIÓN | Los retos para frenar la violencia contra las mujeres en México

Desafortunadamente no hay avances en tener una estrategia que presente resultados óptimos. En primera instancia, no se cuenta con la información suficiente y precisa para combatir los delitos

Las mujeres no solamente vivimos con miedo de que nos sigan matando, sino que vivimos una violencia institucional, ya que a la violencia de género se le suman las acciones u omisiones realizadas por el Estado y sus autoridades.

En la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de la Asamblea General de Naciones Unidas realizada en 1993, se especifica que una de las formas de violencia física, sexual o psicológica es aquella perpetrada o tolerada por el Estado.

Asimismo, en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como “Convención de Belém do Pará” de 1996, se incluyó a dicha Declaración: “por el Estado o sus agentes dondequiera que ocurra”.

En esta Convención se mostró la importancia de la responsabilidad de los Estados y se establecieron los “Deberes de los Estados”, donde entre se incluyó:

“Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: a) Abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación”.

Si bien, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que desde el año 2007 entró en vigor en nuestro país, en el artículo 18 se establece que:

“La violencia institucional como los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres; así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia.”

En el Artículo 19:

“Los tres órdenes de gobierno, a través de los cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, tienen la obligación de organizar el aparato gubernamental de manera tal que sean capaces de asegurar, en el ejercicio de sus funciones, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.”

Con ello, la violencia institucional no sólo incluye manifestaciones de violencia contra las mujeres en las que el Estado es directamente responsable por su acción u omisión, sino también se consideran a aquellos actos que muestran un patrón de discriminación o representa ser un obstáculo en el ejercicio de los derechos.

Aquí la pregunta es: ¿se considera a la impunidad como un problema de violencia institucional?

La respuesta tristemente es NO, ya que desafortunadamente a esta violencia se le minimiza y se hace de ella algo “normal y/o natural”. Además, el gobierno federal determinó reducir presupuestos:

• Recorte del 20% a temas de salud materna, sexual y reproductiva.
• Recortes para refugios de mujeres que han sufrido violencia.
• Reducción a dos organismos cuya función se centra en combatir la violencia hacia las mujeres:

• • La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres.
  • El Instituto Nacional de las Mujeres.

La violencia hacia las mujeres no es solo el asesinato. La violencia se vive en el sistema de procuración de justicia, donde no hay respuesta a denuncias de desaparición; de forma operativa en las corporaciones policiales no se procede óptimamente a los llamados de ayuda; la indiferencia que se muestra en la comunidad que no se involucra en ayudar muchas veces a una mujer maltratada porque consideran que son problemas de pareja.

Y, por si fuera poco, de acciones y/o inacciones institucionales; desde marzo pasado que se dio inicio a la contingencia por el COVID-19, se dejaron en estado de mayor vulnerabilidad a las mujeres, ya que el gobierno federal retuvo 405 millones de pesos del presupuesto anual de la Red Nacional de Refugios (RNR) y el Poder Judicial paró parcialmente la atención de denuncias en la mayor parte del país por varios meses.

Lo anterior ocasionó que se incrementaran las violencias contra las mujeres, adolescentes y niñas, con más asesinatos, llamadas telefónicas de auxilio, denuncias por violencia familiar y saturación de refugios para víctimas.

En el Estudio Mundial sobre el Homicidio 2019 de la UNODC, se señala que:

“Gran parte de la violencia homicida hacia ellas ocurre en la esfera privada y el principal agresor suele ser la pareja u otro miembro de la familia. Para muchas mujeres y niñas, la amenaza de violencia es mayor en sus propios hogares. En este contexto, la medición y monitoreo de la violencia familiar y por causa de género adquiere una relevancia aún mayor.”

Por su parte, el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, hizo el llamado:

“a todos los gobiernos a que la prevención y la reparación en los casos de violencia contra las mujeres sean una parte vital de sus planes nacionales de respuesta contra el COVID-19. Los derechos y las libertades de las mujeres son esenciales para lograr sociedades fuertes y resilientes”.

Asimismo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) difundió el 23 de noviembre comunicado denominado “Estadísticas a Propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, en el que muestra las cifras más recientes de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), la cual su última actualización fue en el 2016, especificando que:

“se realizó la cuarta edición de la ENDIREH, dando continuidad a las encuestas realizadas en 2003, 2006 y 2011, con el objetivo de ofrecer información sobre las experiencias de violencia que han enfrentado las mujeres de 15 años de edad y más por tipo de violencia”.

Esta Encuesta es esencial para conocer la magnitud de la violencia contra las mujeres en México; sin embargo, no se ha actualizado.

Con todo lo anterior, han quedo expuestas las omisiones del Estado mexicano para atender la violencia de género y cumplir también con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

No se puede diseñar ni desarrollar estrategia ni política pública eficaz, si no se cuenta, en principio, con información actualizada y con seguimiento puntual. Además de no combatir la impunidad, ya que no se les ha puesto el castigo a los servidores públicos por sus faltas.

La violencia de género y la violencia institucional no se podrán frenar si no analizamos de forma crítica el actuar del Estado y las políticas públicas, estos son los principales retos a vencer.

#NiUnaMás

*Las ideas contenidas en este texto son responsabilidad de su autor y no reflejan la postura de News Report MX

Mercedes Escudero Carmona es originaria del Distrito Federal y reconocida como una de Los 300 Líderes más Influyentes de México en 2017, 2018 y 2019.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la FCPyS de la UNAM; con Maestría en Comunicación y especialización en comunicación política e institucional, por la Universidad Iberoamericana.

Actualmente, es Presidente de la organización CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design) Capítulo México de la Internacional CPTED Association (ICA), además de desempeñarse como Investigadora y Directora General del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana y Humana SC.