Cuestionan consejeras y consejeros electorales omisión de órganos del Estado para entregar información sobre posibles delitos electorales
Se trata de los casos Odebrecht, Estafa Maestra, Pío López Obrador y eventos del partido Movimiento Ciudadano no reportados en Baja California
Al exponer ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) el informe de la Comisión de Fiscalización respecto del estado jurídico que guardan los Procedimientos Administrativos Sancionadores en la materia que se encuentran en trámite, así como las sanciones impuestas de 2016 a 2022, el Consejero Jaime Rivera, refirió que la Unidad Técnica de Fiscalización tiene a la fecha 359 procedimientos en trámite y tres acatamientos pendientes de presentar al pleno de la autoridad electoral.
“No se trata sólo de cifras, hay algunos casos en los que el INE ha hecho solicitudes de información a autoridades encargadas de investigar posible delitos electorales o federales, pero que a la fecha han sido omisas en el desahogo de los requerimientos”, denunció el también presidente de la Comisión de Fiscalización.
El INE se enfrenta a trabas que le impiden cumplir con su función, dijo Rivera al explicar que no obstante que hay sentencias dictadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que ordenan a las autoridades del Estado mexicano proporcionar la información necesaria para poder cumplir y concluir investigaciones en curso, la Fiscalía General de la República ha interpuesto una controversia constitucional presentada sobre esta materia, para controvertir la sentencia del Tribunal.
La Consejera Carla Humphrey llamó la atención sobre la negativa y demora en la entrega de la información, pues “constituye a todas luces una clara obstaculización a las labores de investigación de esta autoridad que no tienen sustento en el contexto de un Estado democrático de derecho y la adecuada interacción entre autoridades”.
Marcó su preocupación sobre la omisión por parte de la Fiscalía General de la República, cuya información resulta esencial para la sustanciación y adecuada resolución de diversos expedientes que resultan del mayor interés nacional.
“Poner obstáculos o trabas innecesarias y que carecen de sustento normativo a la labor de alguna autoridad, como en este caso el Instituto Nacional Electoral, no sólo impide que éste cumpla con sus obligaciones legales, sino que además violenta el régimen democrático porque se pretende supeditar un órgano a otra autoridad”, estableció.
El Consejero Ciro Murayama informó que “hay cuatro casos que el INE lleva tiempo investigando, unos más recientes, otros antiguos, me refiero a los casos Odebrecht, Estafa Maestra, Pío López Obrador, y más recientemente eventos del partido Movimiento Ciudadano no reportados en Baja California, sobre los cuales la Unidad Técnica de Fiscalización ha requerido información a las autoridades adscritas a la Fiscalía General de la República y, en particular, a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y se ha enfrentado a una negativa”.
Incluso mencionó que en los casos Estafa Maestra y Pio López Obrador, la Sala Superior del TEPJF y la Suprema Corte de Justicia ya le había dado la razón al INE para que la Fiscalía entregara la información; sin embargo, un acuerdo de la Ministra Yasmín Esquivel, del 19 de abril, protegió la información referida “y esto no puede pasar desapercibido”.
En sesión ordinaria del Consejo General, la Consejera Claudia Zavala externó su preocupación, como da cuenta el informe, que estos procesos de investigación lleven mucho tiempo “y la pregunta es, ¿por qué la resistencia de las autoridades?”.
“Es evidente que esa protección se lleva a cabo”, estableció y lamentó que temas tan relevantes donde la sociedad mexicana está esperando respuestas siga la resistencia, “porque es un desacato contumaz a una decisión jurisdiccional”.
